Desarrollo humano necesita más voluntad política

Internacional | David Álvarez Rivas / Alandar

El desarrollo humano necesita más voluntad política  

El pasado mes ha sido destacable en cuanto a informes que arrojaban datos sobre la foto fija del mundo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaba su clásico informe sobre indicadores del desarrollo de las personas en 2016. La investigación constata dos cuestiones fundamentales: los pobres, los marginados y los grupos vulnerables (minorías étnicas, pueblos indígenas, los refugiados y los migrantes), se ha quedado atrás. Las privaciones, las desigualdades y la discriminación se centran con claridad, acentuando las barreras de género, que niegan a muchas mujeres las oportunidades y el empoderamiento necesarios para sacar el máximo potencial de sus vidas. Las mujeres siguen siendo el colectivo más afectado por la desigualdad económica, política y social y, además, una de cada tres mujeres sufre violencia.

La desigualdad ha aumentado en todo el mundo durante los últimos años y España no es una excepción. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante (80% en nuestro país), según datos de Oxfam Intermón. Al mismo tiempo, los organismos internacionales y ONGD dan la voz de alerta sobre un periodo sin precedentes de crisis humanitarias, con más de 20 millones de personas en riesgo de hambruna y una crisis de desplazamiento global que, en lugar de paliarse, se está exacerbando con las políticas anti refugiados de muchos países. Según Stephen O’Brien, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia (ONU), casi 129 millones de personas en el mundo están en una situación de emergencia.

Todo ello, en un contexto de auge en muchos países de gobiernos autoritarios y xenófobos, que están cuestionando muchos de valores solidarios en los que se sustenta la cooperación internacional. El ejemplo de Donald Trump de recortar en un 30% la partidas de la USAid, la agencia de cooperación estatal, es buena prueba de ello. Los derechos de las personas están amenazados en más lugares hoy que nunca. El informe del PNUD apunta que es necesario complementar las políticas nacionales con acciones a escala mundial. Examina asuntos relacionados con el mandato, las estructuras de gobernanza y la labor de las instituciones mundiales. Como señala la organización internacional Civicus, bajo el pretexto de combatir el terrorismo o de proteger los secretos de Estado o de combatir la injerencia extranjera, los gobiernos están empleando una serie de medidas dudosas para limitar la libertad de expresión, asociación y reunión. A lo largo de 2016 se registraron violaciones graves de los derechos civiles en más de 100 países de todo el mundo.

Como sociedad civil es fundamental presionar, incidir en nuestros representantes políticos y no caer en la trampa de que “nuestros pobres” deben ser atendidos primero

También el pasado mes vio la luz la Realidad de la Ayuda de 2017, datos dónde Oxfam Intermón desgrana los datos de la Ayuda Oficial al Desarrollo, (AOD), en nuestro país, así como la evolución de las principales partidas en la ejecución de esta política pública. Lamentablemente la política de cooperación, tras dos años de crecimiento de la economía, sigue en caída libre. Hemos pasado de ser un país con una ejecución del 0’46 por ciento de la renta nacional básica en 2009 al pírrico 0’14% en 2015. La laminación de sus presupuestos y el nuevo contexto internacional apuntan a la necesidad de una refundación. Es una política pública de lucha contra la pobreza y la desigualdad fuera de nuestras fronteras.

La ayuda oficial proporcionada por el conjunto de países donantes de la OCDE (CAD) registró en 2015 sus máximos históricos, mejorando en casi un 7% el techo de 2014 y alcanzando cantidad total de 131.434 millones de dólares. Los países de la UE en su conjunto aportaron el 56% de este montante, con una tasa de esfuerzo récord (0’47% de la renta nacional bruta, frente al 0’42% del año anterior). O sea, que el gobierno español sale peor parado con respecto a sus socios europeos. En términos de esfuerzo, el ranking está encabezado por dos países con una gran tradición en políticas de cooperación: Suecia (1’40%) y Noruega (1’05%); cuatro estados más cumplieron en 2015 con la meta del 0’7% (Luxemburgo, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido). Sin embargo, la mayor parte del incremento se debió al incremento de fondos destinados a la acogida de personas refugiadas, por lo que en muchos casos estos datos deben considerarse inflados, ya que se computa como dinero que no ha salido de las fronteras del país donante.

España ha mostrado una evidente falta de sensibilidad también ante la crisis de desplazamiento global. De los 17.387 refugiados que la administración se comprometió a acoger tanto por el mecanismo de reubicación aprobado por la Comisión Europea (CE) como por el de reasentamiento, solo lo ha hecho con 1.167, tan sólo un 6’7%. El plazo para la acogida finaliza en septiembre de 2017. Además, desde octubre del año pasado no han llegado más cupos de personas refugiadas a través del mecanismo de reasentamiento. Estas acciones están teniendo consecuencias nefastas para cientos de miles de solicitantes de asilo que viven atrapados en las islas griegas, en condiciones infrahumanas y sin tener acceso a su derecho de protección internacional.

El desarrollo humano tiene por objeto las libertades humanas: la libertad de desarrollar cada vida —no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta— ahora y en el futuro. Esta dimensión universal queda más clara si cabe con la asunción del nuevo marco de la agenda global del desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La transformación del desarrollo humano es posible. Lo que parece un desafío debería ser una prioridad de los gobiernos, incluido el nuestro. Y para ello, como sociedad civil es fundamental presionar, incidir en nuestros representantes políticos y no caer en la trampa de que “nuestros pobres” deben ser atendidos primero. El mundo dispone de menos de trece años para no dejar a nadie atrás y el reto es global. Es fundamental reducir la brecha del desarrollo humano y también garantizar las mismas —o, incluso, mejores— oportunidades para las generaciones futuras. El histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático da testimonio de ello, cuando hay voluntad política: algo que en su momento se consideraba impensable es posible.

Sobre AOD global | OXFAM Intermón

“En cuanto los datos referidos a la AOD global, la OCDE apunta a un aumento del 8.9% en 2016, hasta alcanzar los 142.600 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras están “maquilladas” ya que no se destinan íntegramente a combatir la pobreza y desigualdad en los países pobres. De este monto total, los países ricos utilizaron 15.400 millones de dólares, un  27,5% más que en 2015, para recibir y atender refugiados en sus propios países. Además, algunos países donantes también están comenzando a destinar la ayuda para compensar a terceros países para que endurezcan sus controles fronterizos.

Denunciamos que los países ricos están  confundiendo con estos datos a la opinión pública. Disfrazan de 'ayuda' dinero que invierten en gestionar solicitudes de asilo o compensar a otros países con el objetivo de limitar la migración. Todos los países están obligados a atender según la legislación internacional a los refugiados que llegan a sus fronteras, pero deben dejar de contabilizarlo como 'ayuda', usando  ésta solo para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo en otros países.” ADH 812.