Elecciones 2010 y el equilibrio democrático

Elecciones 2010 y el equilibrio democrático constitucional.  Las elecciones que se celebraron este mes en nuestro país deben analizarse a la luz del impacto que produce la nueva Constitución sobre el sistema democrático. Los cambios constitucionales introducen escenarios que afectarán la práctica democrática y que plantearán retos peculiares para los movimientos sociales.
El Consejo Nacional de la Magistratura, bajo el control político del actual Poder Ejecutivo, deberá realizar diversos cambios esenciales para el equilibrio democrático. En primer, contamos con una nueva institución ligada a la comprensión de las leyes, el Tribunal constitucional. Deberán ser nombrados 13 jueces para esta nueva institución. En segundo lugar, el Consejo deberá evaluar el desempeño de los 16 jueces de la Suprema Corte de Justicia y sustituir a 4 de estos por edad. En tercer lugar, deberá instaurar la nueva versión del Tribunal Superior Electoral, eligiendo sus miembros (entre 3 y 5) y su presidente. Este Tribunal se ocupará de juzgar y decidir sobre los conflictos electorales y partidarios. Teniendo control sobre 4 de sus 8 miembros, el actual Poder ejecutivo tendrá una excesiva influencia en las instituciones básicas que garantizan la vida democrática. Podríamos concluir que la actual Constitución no garantiza la división de poderes, y que se hace comprensible la reacción de una parte del movimiento social dominicano que ha hecho una campaña bajo el lema “Esta no es mi Constitución”.
Otras instituciones importantes se ven condicionadas con estas astucias políticas constitucionalizadas. Destaca ante todo una nueva instancia, la Defensoría del Pueblo. Esta nueva institución constitucional es un gran logro en nuestro país, pues el Defensor del Pueblo se encargará de defender los derechos fundamentales de las personas frente a los funcionarios u órganos del Estado (Constitución, Art. 191). Dado que ha de ser elegido por el Senado a partir de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, nos podemos preguntar si contaremos con la figura adecuada, pues ya tenemos 8 años con una Ley de la defensoría del pueblo y nuestros legisladores que la crearon aún no han conseguido consensuar su nombramiento. Una suerte similar correrá la Cámara de Cuentas, cuyos 5 miembros serán nombrados con el mismo procedimiento del Defensor del pueblo. Los miembros de la Cámara de cuentas serán electos a partir del 16 de agosto, por los nuevos legisladores. Dado el modo en que se ha celebrado la campaña de este año, con tanto dispendio, ¿querrán los nuevos legisladores,” defensores del barrilito”, tener una Cámara de cuentas efectiva, que fiscalice sus movimientos administrativos y patrimoniales?

Cuando analizamos el proceso electoral actual ante el desequilibrio democrático que genera la puesta en práctica de la nueva Constitución, podemos concluir que en este largo período político que abrimos, pues se elegirán funcionarios por 6 años para unificar las elecciones nuevamente, existen serias precondiciones institucionales para que se afiance el clientelismo, el presidencialismo, la falta de transparencia y la corrupción.
La tarea del movimiento social dominicano puede centrarse en luchar por que estas instituciones funcionen de manera independiente. Hay que asegurar que lo que está planteado en la Constitución como derechos sea implementado. Por el momento, no podemos esperar que esto sea garantizado por la clase política. Un signo claro de esto es la manera en que se ha manipulado la creación y selección de nuevos diputados, los llamados diputados nacionales, que serán cinco en total. Este nuevo cargo se pensó para garantizar la presencia en las cámaras de partidos minoritarios; los grandes partidos, especialmente el PLD, se las han ingeniado para quedarse también con estos puestos legislativos.

Los desafíos ciudadanos que quedan ante este panorama son los siguientes: conocer mejor los entuertos de la Nueva Constitución; velar por que las leyes pendientes de promulgación, sean aprobadas y que respondan a los derechos ciudadanos (como la Ley de partidos políticos y la Ley de participación ciudadana); presionar para que las nuevas instituciones que tienen que ser reformadas o cambiadas, se implementen de manera transparente; monitorear bien de cerca tanto las campañas electorales como los movimientos financieros de nuestros funcionarios; crear las condiciones culturales para la formación de nuevos partidos políticos alternativos, menos aficionados a la acumulación de riqueza.
No es lo mismo ni es igual / Pablo Mella - Bonó, Espacio de Acción y Reflexión