Organizaciones presentan gestión legal por la vida ante la CIDH

 

Noticias | Organizaciones de Costa Rica

Comunicado de Prensa 

 

Diputados y Organizaciones Civiles de Costa Rica

Presentan gestión legal por la vida

ante Corte Interamericana de los Derechos Humanos

y recusan a jueza Elizabeth Odio por declaraciones pro-aborto

 

Organizaciones de la sociedad civil costarricense y 10 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentaron la mañana del 8 de marzo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) un documento de carácter legal para intervenir en el proceso que se desarrolla en este tribunal internacional, respecto al derecho de cada Estado a definir el aborto y el infanticidio como delitos contra la vida.

 

Este proceso, conocido como "caso Manuela", consiste en una demanda interpuesta contra el Estado de El Salvador por grupos abortistas, cuya pretensión es que la Corte obligue al país demandado—y por consiguiente a todos los otros países miembros—a reformar sus constituciones y leyes para introducir esta práctica como "derecho humano".

 

Ante esta posibilidad, numerosas organizaciones civiles de toda Latinoamérica han tocado la puerta de sus respectivos Congresos, a fin de instarlos a incorporarse al proceso. En Costa Rica, cuya capital San José es también el asiento de la Corte, diversas asociaciones de profesionales en derecho y medicina, así como ciudadanos preocupados por las potenciales implicaciones del proceso, se han movilizado para redactar y presentar ante la Corte sus argumentos, principalmente en la línea de apoyar los alegatos del Estado demandado y considerar la vida humana como un derecho humano de primera generación que no puede ser relativizado mediante "interpretaciones" u "Manipulaciones". Adicionalmente, se recalca que, bajo el principio democrático y la idea de soberanía nacional, ningún Parlamento puede admitir que se les obligue a legislar en contra de su Constitución ni del mandato de sus ciudadanos. No se debe omitir, además, el historial de mentiras y manipulaciones jurídicas de los que se ha valido a través del tiempo el movimiento abortista para lograr sus macabros objetivos en diversos países.

 

El documento presentado en San José contiene también la recusación contra la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito, en razón de las declaraciones que dicha jueza ha brindado públicamente en el pasado, promoviendo el aborto, incluso cuando ya estaba nombrada en la CIDH. Para los promotores de la gestión, estas declaraciones demuestran que la jueza tiene un notorio interés ideológico que vicia su neutralidad para resolver el caso y, por consiguiente, la credibilidad de la Corte como "contralor" ele los derechos humanos en la región.