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Mundial | Miguel Estupiñán/RD
El Gobierno colombiano
niega la entrada al país
a Juan Grabois, consultor del Vaticano
“Luego de una
serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de
seguridad, el Gobierno colombiano me expulsa de su territorio por
considerarme un riesgo para la seguridad de Estado’”, denunció a
través de su cuenta de Twitter Juan Grabois, miembro del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. El abogado argentino
había llegado al país este 25 de mayo, como parte de la Misión de Solidaridad
Internacional y Derechos Humanos, organismo creado en atención a la crisis en
Colombia, con la misión de levantar un informe sobre violencia oficial en el
marco de las protestas y contribuir a la articulación internacional en defensa
de los derechos humanos en toda la región.
“Me han
retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a
Lima, sin explicación de mi ulterior destino”, añadió Grabois en declaraciones
difundidas a través de redes sociales. “Son tiempos de cambio para América
Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adiós Colombia. ¡Fuerza!”.
A través de su
cuenta de Facebook, la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos
declaró que a Grabois “no le permitieron el ingreso a Colombia, bajo argumentos
falaces y arbitrarios”. Aportando nuevos elementos sobre lo ocurrido al
abogado, la entidad señaló que otros 18 de sus integrantes “pasaron sin
problemas, con la misma documentación y cartas de invitación”.
En el país y
en el exterior, el episodio generó amplio rechazo, casi en vivo y en directo,
al difundirse un video en el que una funcionaria de Migración Colombia le
informa al consejero papal que, afirmando la soberanía, iba a “proceder a la
inadmisión” en su contra. “El Papa pide al gobierno de Iván Duque que cese
la violencia y Duque expulsa de Colombia a una de las personas más cercanas del
Papa”, manifestó el español Juan Carlos Monedero. Y la representante a la
Cámara María José Pizarro, a punto de participar en un debate de control
político contra el ministro de Defensa Diego Molano afirmó: “Juan Grabois, la
voz y oídos más cercanos al papa Francisco en América Latina, acaba de ser
deportado de Colombia”.
Por su parte,
la filósofa argentina Luciana Cadahia escribió también en su cuenta de Twitter:
“Al impedir el ingreso de Juan Grabois, el Estado colombiano está enviando un
mensaje muy negativo al Vaticano y al Papa. Me pregunto si ahora,
además del pueblo y la comunidad internacional, el uribismo declara enemigo a
la religión cristiana”.
Crece la
presión sobre Duque
A pocos días
de cumplirse un mes del inicio de la ola de protestas contra el presidente
colombiano Iván Duque, crece la presión internacional sobre el Gobierno, en
atención a las graves denuncias sobre violaciones a los derechos
humanos en el marco de la respuesta represiva contra las movilizaciones.
“Aunque las
cifras difieren, se cuentan al menos medio centenar de muertos, y la
organización Human Rights Watch señala a la fuerza pública de al menos
14 homicidios”, publicó recientemente El País, de España. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación por los
resultados del uso desproporcionado de la fuerza, “en particular en términos
del elevado número de pérdidas de vidas humanas, personas heridas, incluyendo
lesiones oculares y denuncias de desaparición forzadas en el contexto de las
protestas; así como su preocupación sobre denuncias de violencia sexual y de
género en el marco de las protestas”.
En atención a
la crisis, Misereor, Adveniat y otras organizaciones de cooperación
internacional han conformado una Coordinación Alemana para los Derechos Humanos
en Colombia. Mediante un mensaje dado a conocer el pasado 20 de mayo, dirigido
al Gobierno alemán y a la Unión Europea, dicha entidad pide incidir para que se
ponga fin al uso desproporcionado de la fuerza policial contra los
manifestantes y a la estigmatización de las protestas pacíficas. Estas
han recibido por parte del Gobierno colombiano un tratamiento militar que,
según las organizaciones, se constituye en “un gran paso para alejarse de la
paz”.
La
Coordinación llama la atención sobre la necesidad de “la
investigación, el esclarecimiento y la sanción de las presuntas violaciones
de los derechos humanos”. “En particular, se debe asegurar la aplicación
de las medidas acordadas en el acuerdo de paz para la protección de los /las
defensores y defensoras de derechos humanos, el desmantelamiento de las
estructuras paramilitares y sus aliados económico-militares, así como
garantizar y promover la aplicación de programas de desarrollo socioeconómico
participativos y eficaces”, añadieron las organizaciones firmantes del
comunicado, refiriéndose al pacto firmado en 2016 que llevó al fin de la
guerrilla de las FARC y a su transformación en partido político legal, después
de medio siglo de conflicto armado.
Tanto el
Gobierno alemán como la Unión Europea han apoyado dicho proceso de paz, por eso
la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Colombia considera
necesario su acción en favor de una solución pacífica a la crisis
en el país.
“La comunidad
internacional también debería participar en el seguimiento internacional para
el esclarecimiento jurídico de los hechos en el contexto de las protestas y
acompañar activamente los procesos de diálogo, que incluyan a diferentes
sectores, en asociación con actores reconocidos de la sociedad civil
colombiana, por ejemplo, las iglesias”, añaden los firmantes, antes de agregar
que “el Gobierno alemán sólo debería considerar la cooperación prevista
por Alemania en la capacitación de la policía colombiana si, sobre todo a la
vista de los últimos acontecimientos, reconoce una voluntad seria de reforma
estructural por parte del Gobierno colombiano, la cual pueda medirse
con criterios comprensibles”.
Publicado
por Religión Digital:
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