La Escuela Económica | Esteban Delgado (@estebandelgadoq)
Zonas francas y las
exenciones fiscales poco supervisadas
El sector de zonas francas es, sin dudas, uno de
los más dinámicos de la economía, con aportes de empleos directos que rondan
los 200,000 puestos de trabajo, así como generación de divisas que el año
pasado marcaron los US$8,060 millones por exportaciones, para un crecimiento de
3.7%, con respecto al anterior 2022.
De
hecho, la caída de las exportaciones totales no fue mayor, gracias a la
ponderación de 67% que tienen las ventas externas de las zonas francas, sino
todo lo exportado, ya que las nacionales cayeron en -16% durante el pasado año
2023.
Sin
embargo, una de las razones del dinamismo de las zonas francas es que tienen
atractivas facilidades de parte del Estado dominicano, principalmente en lo
relativo a la exención de impuestos a la importación de bienes, ya sea materia
prima o instrumentos o artículos relacionados con sus operaciones y, sobre
todo, la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que, si deben pagar las
empresas nacionales, ya sean exportadoras o no.
El
punto está en que esas exenciones, que se justifican en los aportes económicos
directos e indirectos de las zonas francas, no parecen estar bien supervisadas
por parte de las autoridades dominicanas, además de que no son auditadas con la
rigurosidad que se debe.
De
hecho, no se tiene certeza, cuando se trata de un inversionista con empresas
tanto en el régimen de zonas francas como de carácter nacional, si cuando
importan algún artículo es para la empresa local o para la zona franca, lo cual
es preciso diferenciar para verificar cuándo debe pagar impuestos y cuando debe
ser exonerado.
Pero,
además, las zonas francas tienen el derecho a comercializar en territorio
nacional hasta el 20% de su producción, bienes que sí deben pagar los impuestos
correspondientes. Pero uno se pregunta: ¿tiene el Estado dominicano los
mecanismos efectivos para determinar con exactitud qué proporción de las ventas
fue al mercado local y la que se dedicó a la exportación?
A
eso se agrega otro asunto que se está perdiendo de vista o que, las autoridades
están conscientes de que está ocurriendo y se hacen de la “vista gorda”. Me
refiero a la cantidad de nuevas empresas de zonas francas, que no están
surgiendo de inversionistas que vienen al país con empresas adicionales a las
existentes. No. Se trata de empresas nacionales, cuyos dueños están
solicitando, y reciben la aprobación, pasar al régimen de zonas francas.
Por
eso, no es casual que cada vez sea mayor la proporción de empresas de zonas
francas, en detrimento de empresa nacionales. Es porque muchas empresas nacionales
están pasando a ser zonas francas, lo cual implica el compromiso de convertirse
en exportadoras de por lo menos el 80% de su producción. Pero vuelve la
pregunta: ¿Sabe el Estado si esas empresas están exportando al menos el 80% de
su producción? ¿Quién verifica y se asegura de eso? ¿Hay auditorías permanentes
para determinarlo? ¿Existe complicidad y ocultamiento de información? No lo
sabemos.
Lo
que sí sabemos es que hay muchas empresas comercializando productos en
territorio dominicano que, cuando usted revisa la etiqueta, verá que dicen
pertenecer al régimen de zonas francas, cuando en el pasado operaron durante
muchas décadas como empresas nacionales.
El
problema con eso es que, si bien las empresas como zonas francas, aportan
empleos y dinamizan la economía, también tienen exenciones fiscales (débilmente
supervisadas y fiscalizadas) que van en detrimento de las recaudaciones del
Estado.
También
está otro aspecto: el relacionado con los tiempos o plazos de las exenciones,
así como los compromisos a cumplir. Se supone que cuando una empresa de zona
franca se instala, se compromete a generar X cantidad de empleos y a vender o
exportar bienes por X montos en un plazo determinado. ¿Cuántas de esas empresas
de nueva inversión o de inversión existente cumple o ha cumplido con los
compromisos asumidos con el Estado a cambio de reciben las facilidades que
reciben? Es posible que, con una efectiva supervisión, el Estado recupere gran
parte de lo que gasta en exenciones, sin la necesidad de eliminarlas. Solo basta
con que las supervise de manera más efectiva, algo que no parece se esté
haciendo.
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