La Escuela Económica | Esteban Delgado
Las trabajadoras domésticas y el Régimen Contributivo Subsidiado
La Ley de Seguridad Social 87-01 establece tres
mecanismos para la conformación del seguro de salud, de pensiones y de
protección de los trabajadores formales e informales de República Dominicana:
Régimen Contributivo, para los empleados formales; Régimen Subsidiado, para las
personas desempleadas (corre por cuenta del Estado), y Régimen Contributivo Subsidiado,
para los trabajadores informales o de cuenta propia, que harían un aporte y
recibirían la otra parte del Gobierno.
Los regímenes Contributivo y Subsidiado son los que
están operando desde hace más de 15 años, uno para la clase trabajadora formal
y otro para los pobres y desempleados.
Sin embargo, el Régimen Contributivo Subsidiado
(RCS) no se ha aplicado nunca de forma institucional, a pesar de que la Ley
87-01 ya tiene 21 años desde su aprobación.
Pero ahora se aprecia una pequeña luz en el túnel, pues
el Ministerio de Trabajo ha decidido dar cumplimiento al Convenio 189 de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) en lo relativo a los derechos de
los trabajadores domésticos. Para eso, se está proponiendo un plan piloto de
aplicación del Régimen Contributivo Subsidiado como forma de ofrecer un seguro
médico, de accidentes laborales y derecho de pensión para ese sector informal
de la economía que trabaja en los hogares de forma particular.
Independientemente de los aspectos relacionados con
los derechos específicos de las trabajadoras domésticas (en femenino, porque
son mayoría en este sector), en el proceso se destaca ese intento por poner en
vigencia, luego de más de dos décadas, el necesario RCS.
La idea, en el caso de las trabajadoras domésticas,
es que su empleador o empleadora aporte RD$571 mensuales, que ellas aportes
RD$29 y que el Estado participe con RD$259, para lo que se haría un per cápita
de RD$859 al mes que serviría para la protección social de esas damas que
sirven sus servicios laborales en los hogares familiares.
En caso de que el Gobierno le ponga “voluntad
política” a esa iniciativa y de que no se eche para atrás bajo las “presiones”
de opiniones infundadas en las redes sociales, este plan piloto podría ser el
inicio para el desarrollo efectivo, de manera institucional, del RCS en la
seguridad social.
Sería de gran impacto, pues, además de las más de
244,000 trabajadoras domésticas que se estima hay en el país, también tenemos
que ellas se incluyen en el 52% de la clase laboral informal del país, dentro
de un universo de alrededor de 4.7 millones de personas económicamente activas.
Entonces, con la aplicación del Régimen
Contributivo Subsidiado, el Gobierno dominicano podría, a través del Consejo
Nacional de la Seguridad Social (CNSS), formalizar la cobertura de salud,
riesgo laboral y posible pensión solidaria de más de dos millones de personas
que están en la informalidad y que bien pudieran aportar una parte de sus
ingresos para recibir protección social de mejor calidad, pero a menor costo
para el Estado. En este momento en el país hay alrededor de 5.8 millones de
personas aseguradas bajo el Régimen Subsidiado (RS), es decir, por cuenta
completa del Estado dominicano.
Si una parte de esas personas, posiblemente la
mitad, hicieran un aporte mínimo para constituir el Régimen Contributivo
Subsidiado, entonces puede que reciban mucha más protección social de la que
ofrece el RS y que el Estado aporte menos recursos de los que destina en este
momento solamente en gastos de salud.
Los choferes del transporte público (carros,
guaguas, motoconchos, margaritas) podrían ser asegurados bajo el RCS y aportar
una parte del costo de la cobertura. A ellos se agregan los vendedores
ambulantes y fijos en los mercados, ventorrilleros, colmaderos, técnicos de
cuenta propia como carpinteros, ebanistas, herreros, plomeros, electricistas,
sastres, modistas, estilistas y una cantidad extraordinaria de personas que
trabajan a diario y tiene ingresos promedios muchas veces mayores que el
salario fijo que pagan los empleos formales públicos y privados, pero que no
tienen protección social más efectiva, porque tampoco aportan un centavo por la
atención que reciben a costa del Estado.
Sus gastos son mayores, porque deben ir sin seguro
a procurar atención médica del sector privado cuando no la obtienen en los
centros médicos públicos. Pero además, carecen de un plan de pensión. El RCS
puede ser una solución.
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