Los atrasos en depósitos de Supérate, ¿se pagan retroactivos?

La Escuela Económica | Esteban Delgado (@estebandelgadoq)

 

Los atrasos en depósitos de Supérate, ¿se pagan retroactivos?

 

A su llegada al poder, el presidente Luis Abinader decidió duplicar la cantidad de beneficiarios y el monto a depositar a los tenedores de la tarjeta Solidaridad, que ahora se llama Supérate. Son 1,600,000 hogares pobres que reciben cada mes una partida de 1,650 pesos.

 

Pero, contrario a lo que ocurría en la gestión gubernamental pasada, cuando se pagaban 825 pesos mensuales a 800,000 beneficiarios, ahora se producen constantes atrasos, con casos de personas que reportan hasta tres meses sin que les depositen o acrediten el valor prometido de parte de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

 

Esos atrasos no son por falta de dinero, pues cada mes la Dirección General de Presupuesto (Digepres) autoriza los libramientos correspondientes, a los fines de que no se produzcan situaciones de inconformidad por parte de los beneficiarios.

 

Aun así, las autoridades del denominado Gabinete Social se atrasan constantemente y las quejas de muchos beneficiarios no se hacen esperar. La pregunta es: Cuando se producen esos atrasos, ¿luego la Adess y el Siuben les pagan los meses faltantes en forma acumulada o no?

 

En caso de una respuesta positiva, sería bueno hacer las consultas de lugar con las personas que han sufrido esos atrasos, a ver si es verdad que les reponen los meses en atraso. En caso de una respuesta negativa, entonces tanto la Adess como el Siuben deberían explicar qué pasa con ese dinero, toda vez que no hay constancia de que sea devuelto al erario cuando están esos atrasos.

 

Esta situación plantea otro problema, el cual es más de carácter político que económico y de transparencia administrativa. Se trata de que los gobernantes acostumbran a mantener estos subsidios sociales con la segunda intención de que los beneficiarios, de estratos sociales pobres, sientan que tienen una deuda de gratitud con el presidente de turno y así recibir el agradecimiento en forma de votos cuando hay elecciones presidenciales.

 

Pero si los atrasos en los pagos son constantes y no se tiene la seguridad de que les van a reponer los montos dejados de entregar en determinado mes o determinados meses, entonces la actitud de los beneficiarios sería de rechazo en lugar de agradecimiento y puede que no devuelvan con votos los recursos que deberían recibir en cada acreditación mensual en la tarjeta Supérate.

 

Recientemente, las autoridades del Gabinete Social decidieron volver a contratar la compra de tarjetas electrónicas con sistema de chip en lugar de banda magnética como medida de seguridad, pues se han detectado muchos fraudes y desvíos de los recursos, la mayoría de los cuales no son reportados ni dados a conocer para evitar mayores escándalos de los que se han producido en esa área.

 

Decimos que “decidieron volver” a contratar estas tarjetas, porque en la gestión gubernamental pasada las tarjetas vigentes tenían esos sistemas de seguridad, con la identificación de nombre y de número de cédula de cada beneficiario.

 

Sin embargo, a la llegada de las nuevas autoridades, ese sistema de seguridad fue descontinuado y comenzaron a distribuir tarjetas con aspecto genérico, sin los más mínimos sistemas de seguridad, lo cual provocó los desvíos de cientos y hasta miles de millones de pesos, cuyo paradero aún es desconocido, mientras las autoridades del Gabinete Social (Adess y Siuben) guardan silencio, en procura de no sufrir un “calentón” mediático que acabe con su destitución, o lo que es lo mismo, solicitud forzosa de una licencia del puesto.

 

Sería interesante que las autoridades de la Contraloría General de la República le presten más atención a la forma como se distribuyen los miles de millones de pesos que cada mes el Gobierno destina para la ayuda social a los 1,600,000 beneficiarios, pues de esa forma se evitarían posibles situaciones de falta de transparencia y se evitarían posibles actos de corrupción, ya sean con complicidad o no de autoridades vinculadas.

 

El esfuerzo fiscal que pesa sobre cada uno de los contribuyentes es muy elevado para la ubicación de esos recursos que deberían ir a manos de familias pobres y no de posibles “vivos” que tal vez, solo tal vez, estarían haciendo maniobras para desviar una parte cuando se producen los llamados “atrasos de pago”, sin que se sepa de la reposición o simplemente se sigan pagando los meses por venir y dejando los pendientes así: pendientes.