Vida Humana | María Martínez López/A&O
Reino Unido dejará a los refugiados en el limbo
Iglesias
y entidades sociales critican el proyecto de Ley de Migración Ilegal que se
tramita en el Parlamento británico. El intento de castigar a quienes llegan por
el canal de la Mancha puede acabar dejando a los solicitantes de asilo
«detenidos indefinidamente» en antiguas barracas militares.
El
proyecto de Ley de Migración Ilegal que tramita el Parlamento británico
«equivale a prohibir la petición de asilo». Para Sophie Cartwright, responsable
de incidencia política del Servicio Jesuita al Refugiado (JRS) en el país, la
iniciativa presentada por el Gobierno de Rishi Sunak el 8 de marzo sigue los
principios de la Ley de Nacionalidad y Fronteras del año pasado. En teoría,
pretenden frenar las llegadas en lanchas y camiones a través del canal de la
Mancha y el Eurotúnel, castigando la entrada ilegal incluso si se solicita
protección.
Para
ello, la ley de 2022 considera inadmisible —ni siquiera se tomará en
consideración— toda petición de alguien que haya entrado sin papeles en el país
y haya pasado antes por otra nación segura. Esto afecta a la práctica totalidad
de posibles refugiados, sobre todo porque muchos llegan desde Francia. El plan
era enviarlos a Ruanda, que se comprometió a procesar allí las solicitudes de
1.000 personas a cambio de 140 millones de euros. Pero nadie ha llegado al país
africano. El único vuelo que se organizó fue paralizado en junio por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta que los tribunales nacionales
resolvieran los recursos presentados. En diciembre, la Corte Suprema británica
avaló la medida, pero pueden presentarse más apelaciones y, además,
«logísticamente es muy complicado» organizar estos vuelos, explica Cartwright.
No habrá a corto plazo, ha tenido que reconocer el propio Gobierno.
El
proyecto actual «va aún más lejos». Quien entre en el país «sin autorización»
podrá ser llevado a un centro de detención —incluso si es menor— y nunca se le
concederá protección. Además, el Gobierno estará obligado a expulsarlo a otro
país, separando familias si es preciso, con la prohibición de volver al Reino
Unido. «No va a afectar solo a las personas que cruzan el canal de la Mancha»,
apunta Cartwright, «sino a la mayoría de la gente que llega en avión», por
ejemplo, con un visado, y luego solicita asilo.
Viajes
más peligrosos
Según
los expertos, apunta esta representante del JRS, estas medidas violan la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), que «no penaliza cruzar
una frontera sin documentos ni obliga a pedir refugio en el primer país al que
se llega». Además, «no hay pruebas de que este tipo de política hostil y de
disuasión funcione». Lo demuestran los datos del año pasado, cuando con la
primera ley ya en vigor llegaron por el canal de la Mancha 45.755 migrantes, un
récord desde que se empezaron a contabilizar en 2018. De hecho, hay datos de
que «un enfoque puramente restrictivo de la migración empuja a la gente a hacer
viajes más peligrosos» porque genera miedo a pedir ayuda en caso de necesidad.
Por
otro lado, a Cartwright le preocupa que el proyecto deje a los solicitantes de
asilo «en el limbo». Hasta ahora, si el Gobierno no lograba expulsar a alguien,
su caso se procesaba al cabo de un tiempo. El nuevo proyecto lo impide y obliga
a la devolución. Pero «mucha gente no podrá ser expulsada» por las dificultades
para regresar al país de origen, para enviarla a Ruanda y para negociar otros
planes similares. Así, pueden terminar «detenidos indefinidamente en malas
condiciones, en lugares como antiguas barracas militares».
«Cuando
a dos de cada tres personas que cruzan el canal buscando refugio se les concede
después de rigurosos controles, parece impensable rechazarlas», subrayaban
1.450 líderes cristianos en una declaración presentada al Gobierno. Se referían
a que, de las 29.150 solicitudes de asilo sobre las que se decidió en 2022, se concedió
protección en el 61 % de los casos. Según estos datos, muchas de las personas
que llegan al país por esta vía realmente necesitan protección. Por ello, da la
impresión de que el Gobierno busca evitar tener que tramitar estos casos. Y
para ello incurre en un gasto público que se podría invertir en atender con
agilidad las 166.000 solicitudes que siguen sin respuesta.
«Vías
legales y seguras»
Esta
tendencia de políticas migratorias restrictiva está relacionada con el discurso
antiinmigración con el que se justificó en parte el Brexit. Sin embargo, Liam
Allmark, analista sobre Migración en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y
Gales, cree que «este proyecto y los recientes actos de hostilidad», como las
protestas violentas y ataques contra los migrantes alojados en un hotel cerca
de Liverpool, «no reflejan la bienvenida que mucha gente en Reino Unido desea
ofrecer». Desde el JRS también ven ahora una actitud más abierta. Por ello,
Cartwright cree que «el Gobierno y los políticos están convirtiendo a personas
vulnerables en cabezas de turco» de la actual crisis. Pero no ve presión social
detrás de este proyecto.
Los
británicos, alega, han recibido bien los planes para acoger a ucranianos,
afganos o hongkoneses. Son las famosas «vías legales y seguras» en las que se
escuda el Gobierno. «Hay que celebrarlas»; pero «ayudan a un número limitado de
personas de países concretos», matiza Allmark. En 2022 se concedieron visados a
223.000 ucranianos. Pero el resto beneficiaron solo a otras 5.636 personas
necesitadas de protección. Los obispos han pedido más mecanismos de este tipo.
Es una de las reivindicaciones recogidas en el documento Amad al forastero,
presentado como respuesta al proyecto de ley.
Niños
Mientras
se tramita la nueva ley migratoria, el Gobierno reconoció en marzo que 200
menores no acompañados tutelados por él siguen desaparecidos. En enero, The
Observer denunció que de un hotel donde los alojaba en Sussex se habían
esfumado 136, y 79 seguían sin localizar. Desde la ONG Cada Niño Protegido
Frente a la Trata (ECPAT) explican que lo más probable es que mafias de
traficantes se los lleven engañados para explotarlos.
También
se han pronunciado en contra de la Ley de Migración Ilegal un centenar de
entidades que trabajan con menores. No se trata solo, como señala Cartwright,
de una norma que «da poder al Gobierno para detener de forma indefinida a
niños» y para expulsarlos —aunque no obliga a ello como en el caso de los
adultos—. Además, denuncian estas entidades, «crea un sistema de atención a los
niños no acompañados segregado» del de protección a la infancia, sin ofrecerles
«un hogar, seguridad» y ayuda para «recuperarse de los traumas».
Publicado
por Alfa & Omega
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