¡Más cerca de la tierra que mana leche
y miel!
El día 9 de enero de 2020 es otra de las fechas importantes a recordar en
la historia de la provincia de El Seibo pues el Gobierno Dominicano ofreció una
propuesta de solución atendiendo a los reclamos que la Asociación de campesinos
“Mamá Tingó” de La Culebra en Vicentillo. La Comisión interinstitucional
designada por el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta,
convocó a la Directiva de la Asociación para comunicarle los resultados de la
investigación registral y catastral de los terrenos en conflicto de donde
fueron desalojadas violentamente cientos de familias el 6 de septiembre de
2018.
Esta Comisión, integrada por el director de Titulación de Terrenos del Estado,
José Dantés Díaz, y los directores del Instituto Agrario Dominicano (IAD),
Emilio Toribio y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Piccirillo, después
de relatar un extenso y minucioso informe de la investigación realizada concluyeron
con las siguientes afirmaciones:
“El
levantamiento de las ocupaciones de los campesinos, las mediciones catastrales,
verificación de títulos de propiedad y el censo social confirman que las
parcelas que ocupaban los agricultores de Vicentillo nunca han sido propiedad
del Estado dominicano; son y siempre fueron de propiedad privada.
Los terrenos
ocupados, actualmente reclamados y motivo central del conflicto, no se
corresponden con las parcelas indicadas en la intención gubernamental expresada
a través del Decreto Nº 486 de 1975, que pretendía realizar un asentamiento
agrario. Ni los terrenos involucrados en el citado decreto, ni los adyacentes
también ocupados por los campesinos, fueron ni han sido propiedad del Estado
Dominicano.
El proceso de
expropiación, resarcimiento económico y creación del asentamiento nunca fue
llevado a cabo, por lo que no existe formalidad alguna que acredite como
propietario a ninguno de los reclamantes.
El Gobierno
dominicano se identifica con la situación de los campesinos de Vicentillo,
comprende y reconoce el carácter moral y humanitario de la Unión de Productores
Agropecuarios de las provincias de El Seibo y Hato Mayor Mamá Tingó. De igual
manera, el Estado debe también reconocer y respetar el estado de derecho, los
derechos fundamentales y la seguridad jurídica consignadas en la Constitución
de la República. El respeto a la propiedad privada es una de las bases de una
sociedad de paz y uno de los principios de la organización de todo Estado.
Ante las
limitaciones que esta realidad nos impone, el Gobierno dominicano apela a la
justa comprensión de la opinión pública, al sentido de la prudencia y sensatez
de las organizaciones involucradas e inicia un proceso de consultas a fin de
identificar otros terrenos de propiedad estatal, con vocación agrícola para
determinar su factibilidad, propuesta de distribución y posible creación de un
asentamiento en un plazo prudente acorde a las necesidades de los reclamantes y
a la situación fáctica de los terrenos identificados”.
La Comisión
del Gobierno pidió un compás de espera de una semana para identificar bien los
terrenos del CEA que serán entregados a los campesinos de forma que nadie pueda
reclamarlos y que no se vuelva a repetir el error del año 1975 con el Decreto
486 del presidente Dr. Joaquín Balaguer declarando de utilidad pública e
interés social una extensión de 1,846.05 tareas.
Los integrantes de la Comisión gubernamental se comprometieron también a
dialogar con el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, para
que garantice la seguridad en la zona de forma de no se vuelvan a dar amenazas
de muerte por parte de los sicarios fuertemente armados del terrateniente Pedro
Guillermo Varona.
Queda, pues,
la esperanza de que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra para que mane leche y
miel como sucedía hasta antes de los cruentos desalojos. A partir de ahora el
diálogo entre la Comisión del Gobierno y la Directiva de la Asociación debe
seguir fortaleciéndose llegando así a cristalizar el sueño de tantos campesinos
que sólo quieren trabajar la tierra y por ella luchan, porque ese es su
derecho. ADH 842
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