Noticias | Organizaciones de Costa Rica
Comunicado de Prensa
Diputados y Organizaciones Civiles de Costa Rica
Presentan gestión legal por la vida
ante Corte Interamericana de los Derechos Humanos
y recusan a jueza Elizabeth Odio por declaraciones pro-aborto
Organizaciones de la sociedad civil costarricense
y 10 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentaron la mañana del 8 de marzo ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) un documento
de carácter legal para intervenir en el proceso que se desarrolla en este
tribunal internacional, respecto al derecho de cada Estado a definir el aborto
y el infanticidio como delitos contra la vida.
Este proceso, conocido como "caso
Manuela", consiste en una demanda interpuesta contra el Estado de El
Salvador por grupos abortistas, cuya pretensión es que la Corte obligue al país
demandado—y por consiguiente a todos los otros países miembros—a reformar sus
constituciones y leyes para introducir esta práctica como "derecho
humano".
Ante esta posibilidad, numerosas organizaciones civiles
de toda Latinoamérica han tocado la puerta de sus respectivos Congresos, a fin
de instarlos a incorporarse al proceso. En Costa Rica, cuya capital San José es
también el asiento de la Corte, diversas asociaciones de profesionales en
derecho y medicina, así como ciudadanos preocupados por las potenciales
implicaciones del proceso, se han movilizado para redactar y presentar ante la
Corte sus argumentos, principalmente en la línea de apoyar los alegatos del
Estado demandado y considerar la vida humana como un derecho humano de primera
generación que no puede ser relativizado mediante "interpretaciones"
u "Manipulaciones". Adicionalmente, se recalca que, bajo el principio
democrático y la idea de soberanía nacional, ningún Parlamento puede admitir
que se les obligue a legislar en contra de su Constitución ni del mandato de
sus ciudadanos. No se debe omitir, además, el historial de mentiras y
manipulaciones jurídicas de los que se ha valido a través del tiempo el
movimiento abortista para lograr sus macabros objetivos en diversos países.
El documento presentado en San José contiene
también la recusación contra la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito, en
razón de las declaraciones que dicha jueza ha brindado públicamente en el
pasado, promoviendo el aborto, incluso cuando ya estaba nombrada en la CIDH.
Para los promotores de la gestión, estas declaraciones demuestran que la jueza
tiene un notorio interés ideológico que vicia su neutralidad para resolver el
caso y, por consiguiente, la credibilidad de la Corte como
"contralor" ele los derechos humanos en la región.
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