Actualidad Mundial | Victoria Isabel Cardiel C.
Nicaragua prohíbe a los sacerdotes
administrar el Sacramento de la Unción de enfermos en los hospitales
Los sacerdotes poco pueden hacer más allá de presentar
una denuncia anónima porque si se atreven «a denunciar públicamente la
dictadura los puede encarcelar, desterrar o asesinar», asegura una activista en
el exilio
Nicaragua está sumida en una espiral de violencia
descarnada que ha puesto a la Iglesia católica en el punto de mira. El régimen
de Daniel
Ortega ha desplegado todo su arsenal para acallar a toda costa la voz de
los obispos y sacerdotes que desde el 2008 —tras la violencia desatada en el
país por las acusaciones de fraude electoral en las municipales que le dieron
una amplia victoria al Frente Sandinista— se han convertido en el principal
escollo a sus atropellos contra los derechos humanos. Pero además de sufrir la
«peor represión de su historia», según las conclusiones de la ONG humanitaria
Colectivo Nicaragua Nunca Más en el informe titulado Seis años de represión a la libertad religiosa en Nicaragua,
cronología de abusos y violaciones a los derechos humanos contra integrantes de
las Iglesias (2018-2024), a los sacerdotes católicos les han
prohibido ingresar en los hospitales públicos para administrar el Sacramento de
la Unción de los Enfermos.
La abogada Martha Patricia Molina, exiliada en Texas,
desde donde hace años documenta las agresiones a la Iglesia católica en
Nicaragua, ha dado cuenta de esta nueva medida represiva citando fuentes
anónimas de sacerdotes y laicos afectados. «Se vulneran los derechos a la
libertad religiosa, un derecho humano intrínseco e inherente a la persona. La
Comunidad Internacional continúa financiando a la dictadura con préstamos y el
GAFI es conocedor que las leyes antilavado la dictadura las utiliza para criminalizar
a opositores y a los cristianos», explica.
Un atropello del que no hay rastro en ningún documento
oficial. La dictadura Ortega-Murillo «no ha emitido ningún comunicado que los
incrimine». Esta prohibición ha sumido en la tristeza y la indignación a los
familiares y al mismo enfermo «que se va de este mundo sin recibir este último
sacramento». Sin embargo, poco pueden hacer más allá de presentar una denuncia
anónima porque si se atreven «a denunciar públicamente la dictadura los puede
encarcelar, desterrar o asesinar».
La Conferencia Episcopal
de Nicaragua (CEN) tampoco puede tomar partido: «No opinan
por miedo y prudencia a ser encarcelados, desterrados o asesinados». Y los
presbíteros tampoco saben que hacer porque en los hospitales públicos sus
rostros ya son reconocidos y no pueden plantearse ni siquiera entrar de
incógnito. «Antes se les permitía entrar para visitar a un solo enfermo, pero
una vez en el sitio, toda la sala pedía el Sacramento para las personas que ya
estaban cercanas a la muerte», destaca Molina.
Según revela es la primera vez que se entera de una
prohibición «tan descabellada y diabólica». En este sentido, enmarca esta
prohibición en un nuevo ataque a los cristianos «para ocasionarles el mayor
daño posible». «No he leído algo similar que haya sucedido en la década de los
años 80 cuando la misma dictadura sandinista persiguió a los cristianos
nicaragüenses», manifiesta.
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