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    Constitución, impunidad y mentira

    No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella | Instituto Filosófico Pedro F. Bonó: 
    Constitución, impunidad y mentira
      
    En apenas 54 días la Constitución dominicana fue cambiada con un solo objetivo en un solo artículo: permitir la reelección del presidente en funciones, Danilo Medina Sánchez. La nueva Constitución fue proclamada el sábado 13 de junio. Esta impresionante eficiencia y voluntad política contrastan con los 18 años en que no ha sido posible que la clase política dominicana se ponga de acuerdo para diseñar y aprobar una ley de partidos que transparente el proceso democrático dominicano. Preocupa además que otros puntos que debían ser mejorados en la Constitución para reforzar los derechos fundamentales ni siquiera fueron planteados. La Asamblea Revisora se celebró en sesiones atropelladas, en las que se despreció el uso de la palabra de figuras opositoras a la maquinaria reeleccionista.
    El proceso que ha desembocado en la reforma constitucional ha puesto al descubierto el enredo fundamental del derecho dominicano: el espacio constitucional no es más que el escenario para la negociación y prevalencia de los sectores hegemónicos dominicanos. Ahora bien, lo más preocupante en el dominio de la ética es que lo acontecido injerta la impunidad y la mentira en el tronco de la Ley Fundamental.

    1) El reino de la impunidad y la institucionalidad
    El violento proceso fue denunciado por el movimiento ciudadano Impunidad Cero, el cual puso sobre el tapete el contraste entre la voluntad política que le sobró al presidente Danilo Medina para reformar la Constitución con el objetivo de repostularse y la voluntad política que le ha faltado para enfrentar la corrupción y la impunidad. Igualmente, señaló que el actual gobierno no ha mostrado especial interés por enfrentar la débil institucionalidad que permite cometer tantas injusticias; también ha evitado abordar otros grandes males que afectan al país desde hace años.
    De manera crítica, Impunidad Cero analizó los acuerdos alcanzados por el presidente Medina, tanto dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como entre este, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), con el solo objetivo de reformar la Carta Magna. En estos acuerdos se consagraron dos atentados contra la vida democrática: la impunidad de los funcionarios de la administración pasada que incurrieron en actos de corrupción y el reparto de cargos públicos sin celebración de primarias. Esta actuación antidemocrática contra las bases partidarias llegó incluso a tejer el rumor de que se crearían provincias de manera irregular para repartir más cargos y cheques, reforzando la cultura clientelista. Para Impunidad Cero, ha quedado claro que el Estado ha sido convertido en una gran piñata de la clase política dominicana hegemónica.
    Frente a las voces oficialistas, que sustentado en encuestas procuraban hacer creer que la medida correspondía a un auténtico clamor popular democrático, Impunidad Cero afirmó lo siguiente en una nota de prensa dada a conocer simbólicamente el 14 de junio: “Cientos de miles de millones de pesos son distraídos de los dineros que pertenecen a todos la ciudadanía, siendo la causa principal de las carencias alimentarias, de salud, educación, suministro de agua potable, energía eléctrica, seguridad, calidad de vida y que nos induce al mayor endeudamiento público de toda la historia para un lapso de gobierno, dejando a millones sin soluciones, esperanza ni futuro”.
    Impunidad Cero vinculó además la impunidad al debilitamiento de la institucionalidad. En efecto, para lograr impunidad hay que manipular las instituciones llamadas a hacer justicia en la esfera política. Una de las tareas pendientes tiene que ver con el replanteamiento de las funciones y de los modos de escoger los miembros del sistema judicial y del sistema electoral. La actual situación de las Altas Cortes, tantas veces denunciada, no fue objeto de ninguna revisión. Para el movimiento social, esta inercia institucional está orientada a evitar el castigo del robo de lo público y a tener una carta guardada para el proceso electoral que se avecina. Por eso, afirmó abiertamente lo siguiente: “Urge hoy reestructurar las denominadas altas cortes, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y el Ministerio Público; modificar la forma para elección de sus integrantes e impedir que nuevamente sean secuestrados por la política partidaria”.

    2. La mentira o la simulación política
    Ante la indignación de muchos sectores críticos u opositores, el Presidente de la República se dirigió al país el miércoles 17 de junio. En un discurso grabado previamente y adornado con imágenes para suplir la falta de elocuencia del orador, Medina intentó explicar por qué entraba en la carrera reeleccionista, contradiciendo lo que había dicho muchas veces, a saber, que cumpliría sus cuatro años de gobierno y después se iría para su casa. En más de una ocasión, ante preguntas periodísticas, Medina había afirmado que la reelección es uno de los peores males que existe en la vida política dominicana y que quien se perpetúa en el poder con mañas reeleccionistas malversará de manera irremediable los fondos públicos con esos mismos fines. ¿Será él mismo la excepción a la regla de lo que antes denunciaba? En el tono mesiánico y sacrificial con que habló bajo la sugerencia de sus equipos comunicativos la respuesta sería sí. Pero la opinión pública dominicana se inclina a pensar que no; Medina y su entorno usarán los recursos públicos para el clientelismo, como ya se deja adivinar entre las cláusulas del acuerdo firmado por el Comité Político del PLD para aprobar la reforma constitucional.
    Ante una mentira política manifiesta y asumida nace una pregunta: ¿por qué el pueblo dominicano no se rebela? ¿Por qué no se ha lanzado a la calle la población para demandar institucionalidad? La hipótesis que parece más razonable es que el actual gobierno ha conseguido diseminar eficientemente la simulación en las prácticas sociales dominicanas. Como indicio de ello está el hecho de que este gobierno gasta más que cualquier otro en creación de imagen y en el uso de los medios de comunicación. Parece que solo quien simula pueda sacar su tajada en esta coyuntura.

    3. Caminos por recorrer
    La maquinaria danilista está muy bien aceitada. Sus voceros ven y proclaman éxitos por todos lados mientras consiguen inmovilizar a casi todos los sectores que pudieren hacer alguna oposición. Para ellos, por ejemplo, el plan de regularización de extranjeros recientemente concluido y que tanto sufrimiento ha causado fue un rotundo éxito. Nadie parece poder parar esta maquinaria del simulacro. Solo una fuerza opositora de cierta envergadura ha emergido en torno al PRM, pero no parece contar con la suficiente base electoral ni económica para vencer al Estado puesto al servicio de la reelección.
    El escenario que se vislumbra es, pues, bastante cerrado. Pero esa cerrazón se mantiene solo si se cree que el único escenario para la acción ciudadana es el espacio electoral. El ensalzamiento infantilizante y redentor de la figura de Danilo Medina no es buen referente. Hay todo un trabajo de educación social y de organización territorial por hacer fuera de la esfera partidaria. La vida del día a día no se conoce en las urnas, sino en la vida misma; caminando, compartiendo, estudiando, trabajando. La pregunta democrática es, pues, ¿dónde se puede participar para hacer la vida más llevadera a los sectores excluidos y cosificados por esta piñata del poder?
    En su comparecencia pública el movimiento Impunidad Cero planteó ―quizá de manera algo idealista― que “la nación dominicana merece y espera una mejor suerte”. Apostaba por el cumplimiento de la Constitución y las leyes como norma, constituyendo un Estado de derecho y organizando la administración pública. Una tarea más fundamental, sin embargo, consistiría en la creación de espacios de debate y de participación social donde se haga frente a la mentira y a la impunidad tan extendidas en todo el tejido social dominicano. De esos espacios podrá salir un movimiento social consistente que cuestione los simulacros del poder actual. Ese sería, justamente, el gran valor del mismo movimiento Impunidad Cero. Se trataría de desarrollar un discurso coherente y efectivo que explique y denuncie las consecuencias nefastas que se siguen cuando la mentira política favorece la impunidad manipulando la institucionalidad. Sin esta base será prácticamente imposible construir la reforma de las instituciones dominicanas que puedan beneficiar al conjunto de la sociedad, especialmente a los sectores más vulnerables. La primera tarea habrá de ser, según lo que hemos visto, la nueva ley de partidos. ADH 792

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