La oportunidad del estado de emergencia, por paso del huracán Fiona

La Escuela Económica | Esteban Delgado

 

La oportunidad del estado de emergencia, por paso del huracán Fiona

 

Aunque no lo parezca, el paso por República Dominicana del huracán Fiona, ha de convertirse en una oportunidad para el presidente Luis Abinader en cuanto a la agilización de las partidas presupuestarias para las compras y contrataciones de una serie de obras que han estado retrasadas por asuntos burocráticos establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

 

El punto es que, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Presupuesto y la propia Ley 340-01 le conceden al Gobierno la facultad de recurrir al “estado de emergencia” cuando se registran situaciones catastróficas inesperadas como terremotos, huracanes, tormentas tropicales u otras situaciones que provoquen daños a las propiedades públicas y privadas.

 

Al leer este artículo usted podría pensar que este punto de vista es algo exagerado, es decir, que una tragedia sea una oportunidad para un Gobierno.

 

Pero en realidad no es una exageración, pues tradicionalmente las tragedias naturales han sido beneficiosas, en términos políticos y de proyección, para los gobiernos de turno. Le ocurrió al presidente dictador Trujillo Molina con el huracán San Zenón en 1930; también al presidente Antonio Guzmán con el huracán David en 1979, y al presidente Leonel Fernández cuando debió enfrentar los efectos del huracán Georges en 1998, entre otros episodios climáticos durante otras gestiones.

 

El punto es que, en el caso que nos ocupa, es decir, la reciente tormenta convertida en huracán Fiona, aunque causó daños a la agricultura, algunas infraestructuras y otros sectores, en realidad no se trató de situaciones de alta gravedad, además de que su paso solo tocó directamente ocho provincias de las 31 más el Distrito Nacional con que cuenta República Dominicana.

 

Sin embargo, aunque esos daños hayan sido mínimos, en términos relativos, su ocurrencia es motivo más que suficiente para justificar una declaratoria de emergencia como la que ha decretado el presidente Abinader para esas ocho demarcaciones (Decreto 537-22).

 

El punto es que ese decreto concede la posibilidad de realizar compras y contrataciones de manera directa, en carácter de urgencia y sin tener que cumplir los pasos de licitación, sino más bien, de “grado a grado” para 21 instituciones del Estado, la mayoría de ellas con cobertura nacional, no regional.

 

De la ahí la oportunidad que ofrece la coyuntura actual al Gobierno para aprovechar el estado de emergencia en instituciones como los Ministerios de Salud Pública, Obras Públicas, Vivienda, Educación, Presidencia y otras, así como organismos descentralizados que hacen compras y contrataciones para obras y servicios de cobertura nacional, no específicamente de las provincias mencionadas.

 

Entonces, no es un secreto que el cabal cumplimiento de los procesos establecidos en la Ley 340-06 ha implicado trabas y retrasos para las propias instituciones del Estado realizar obras y agilizar procesos, lo cual ha limitado la efectiva ejecución presupuestaria, especialmente en las áreas de inversión o gastos de capital.

 

Ahora, con este estado de emergencia, el aparato estatal tiene la oportunidad de aprovechar los 30 días de vigencia que concede el decreto para hacer y agilizar una serie de contrataciones pendientes o retrasadas sin correr el riesgo de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP) se las devuelva o se las anule.

 

Como se trata de instituciones con cobertura nacional, no hay manera de cuestionar el hecho de que se hayan hecho compras o contrataciones que pasaron de esas demarcaciones. Además, puede que se ordenen compras que superen las necesidades de esas zonas y luego se puedan usar en otras.

 

Ahora bien, como decimos una cosa decimos la otra. Los funcionarios del Gobierno que dirigen las instituciones incluidas en el decreto deben tomar en cuenta que todos los ojos estarán puestos en su accionar, a los fines de verificar que no hayan violaciones ni excesos en los procesos de compras y contrataciones de grado a grado.

 

Esto así, porque nunca faltan los que pretenden “pescar en río revuelto” y se dejan seducir por la ambición desmedida que envuelve el poder de hacer cosas, que deben ser para bien colectivo, pero las usan para aprovecharse en términos particulares.

 

Cuidado con eso. El presidente Abinader lo sabe y seguro que estará al pendiente de lo pasos de sus funcionarios.

 

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