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1. Planteamiento general
A partir de la premisa anterior, el desarrollo humano aparece entonces para los autores de este Informe como un proceso de construcción de ciudadanÃa. En ese sentido, las polÃticas sociales del Estado deben de responder a la ciudadanÃa garantizando derechos universales, pues sólo el diseño de polÃticas públicas universales e incluyentes podrá garantizar la cohesión social imprescindible para articular un proyecto de nación.
La idea es prometedora, pero los autores deben precisar un punto para que sea coherente: no se trata de construir simplemente una ciudadanÃa nacional, sino de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su ciudadanÃa. El punto resulta crucial en el marco de una sociedad global, si su propuesta se quiere abrir a la presencia de otros agentes económicos no nacionales. Para salvar el término “ciudadanÃa”, habrÃa que tomarlo en su sentido más amplio, es decir, en el sentido del derecho cosmopolita defendido por Kant para que existiera una relación pacÃfica de pueblos que han de habitar en un único planeta cada vez más intercomunicado.
2. Una historia de polÃticas públicas deficitarias
La afirmación general que guÃa el Informe es contrastada en el capÃtulo 2, donde se estudian históricamente las polÃticas públicas dominicanas en relación con los indicadores sociales del paÃs. Como balance, el equipo del Informe hace una serie de sugerencias. Entre estas se encuentran la consolidación del Estado de derecho; la producción de cambios en las relaciones de poder para transformar la cultura polÃtica e institucional; la combinación de una agenda dirigida a cubrir brechas acumuladas en materia de empleo, salud, educación y seguridad social, con una agenda de desarrollo que genere nuevas capacidades que permitan sacar provecho de los procesos de globalización; la creación de un Estado solidario que vele por la cohesión social; la búsqueda de una solución definitiva organizada a la migración haitiana, respetando los derechos humanos; por último, la racionalización del gasto público.
3. Los aspectos sociales fundamentales del desarrollo en Dominicana
Del capÃtulo 3 al capÃtulo 6 se estudian exhaustivamente los elementos fundamentales de cualquier polÃtica de desarrollo: junto a los pilares de la educación y la salud, aparecen el empleo y la seguridad social. El estudio de la educación pone el acento crÃtico en la calidad de nuestro sistema educativo público, ya que la cobertura ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Estamos ante una paradoja: tenemos más estudiantes, pero peor educados, de tal forma que se puede afirmar que nuestro sistema educativo reproduce la inequidad social. El análisis de la situación de la salud va en la misma dirección: nuestro sistema de salud es inequitativo e ineficiente en sus resultados, sobre todo para los más pobres. En general, tanto la práctica de salud pública como la privada requieren de mayor regulación, a pesar del avance traÃdo por la Ley General de Salud.
Al analizar la realidad laboral, se concluye con preocupación que nuestro modelo de crecimiento económico no genera empleo y el que genera es de mala calidad. Los datos estadÃsticos hacen un llamado a la responsabilidad de las polÃticas públicas: el 71% de los nuevos empleos creados entre 2000-2007 corresponde al sector informal. De estos, el 46% está compuesto por peluqueros, motoconcheros, chiriperos, colmaderos y trabajadores domésticas.
Cuando enfoca la seguridad y asistencia social, el Informe constata el serio déficit de la polÃtica social. La seguridad social debe apuntar a polÃticas universales, basadas en el derecho, y la asistencia social debe disminuir para evitar el uso clientelar que la ha caracterizado hasta ahora, asà como mejorar las condicionalidades tÃpicas de estos programas, es decir, aquellos requerimientos que se le ponen a las personas beneficiarias de subsidios monetarios por su situación de pobreza como un modo de enfrentar la problemática de modo más integral, ya que nadie saldrá de la pobreza con un pequeño subsidio mensual.
4. Un tratamiento adecuado del territorio
La noción de territorio es clave en nuestros dÃas para comprender muchas dinámicas sociales y acompañarlas con lucidez. El territorio no es meramente el espacio fÃsico de una nación, sino la manera en que se tejen relaciones sociales en el espacio en general, tanto fÃsica como simbólicamente.
Este es el objeto de estudio del capÃtulo 7, que analiza la situación de los asentamientos humanos. En el territorio dominicano han crecido vertiginosamente las ciudades, pero en desorden, de manera ilegal e informal, sin ningún plan de ordenamiento. La falta de ordenamiento territorial ha traÃdo como consecuencia el deterioro de la calidad de vida de la gente; este deterioro puede aumentar, ya que el proceso de urbanización sigue in crescendo.
Parte de este ordenamiento territorial tiene que ver con la migración, especialmente con la inmigración. En nuestro caso, el tema delicado es la inmigración haitiana. De esto se ocupa el capÃtulo 9 del Informe, defendiendo dos puntos centrales: la regularización y el respeto de los derechos humanos. DecÃamos más arriba que “territorio” es la manera que se tejen relaciones sociales en el espacio en general, tanto fÃsica como simbólicamente. AsÃ, por ejemplo, no se puede tratar a un migrante legal, productor de riqueza por su trabajo, como “invasor”, realimentando odios ancestrales de las élites nacionales. Tampoco se le puede tildar como “carga” o como “pasivo”, como hizo el editorial del Periódico Hoy el 10 de junio pasado, comentando el lanzamiento de este Informe. Lamentablemente, la prensa reproduce un tratamiento del territorio que olvida que para que haya desarrollo humano se deben respetar los derechos. El Informe invita a no poner el acento en cálculos falseados de costo-beneficio, apoyados en una teorÃa neo-clásica de las migraciones.
5. Derecho y cohesión social
Debemos agradecer nuevamente a la gente del PNUD que traigan sobre el tapete puntos centrales de la agenda que nos permitirá ampliar relaciones de justicia en nuestro paÃs. La cohesión social que necesitamos, y cuyo deterioro padecemos por la creciente violencia, no vendrá por mesianismos polÃticos que refuercen el paternalismo de la cultura popular. Urge en nuestro paÃs que se fortalezca la independencia del poder judicial y que se mejoren las condiciones de acceso de la población al sistema de justicia, como muestra el capÃtulo 8 del Informe, en el que se estudian los problemas de la justicia y derechos.
Pasar a un esquema de derechos tiene repercusiones directas sobre la cohesión social en República Dominicana. Como muestra el capÃtulo 10 a partir de estudios etnográficos de corte cualitativo, la subjetividad de la población dominicana establece fuertes vÃnculos personales con redes locales, pero muy débiles relaciones de ciudadanÃa con el Estado. Esta etnografÃa alerta además sobre el nivel de desencanto de la población en relación al futuro del paÃs, especialmente de los jóvenes.
En el capÃtulo final, se explica en qué consiste una polÃtica social basada en derechos. De este capÃtulo, quedémonos con una tarea central: debemos construir una ciudadanÃa cosmopolita que trabaje contra todo dinamismo creador de brechas y exclusiones entre las personas que compartimos el territorio dominicano. Las brechas y exclusiones llevan a que la violencia y la influencia ocupen el lugar del derecho y el respeto. Para cumplir con entusiasmo esta tarea y salirnos del fatalismo ambiental, debemos persuadirnos interiormente de que la cohesión social que necesitamos no vendrá de un Estado paternalista ni mesiánico: tenemos que cambiar nuestro modo en que nos relacionamos con el Estado. Leyes y reformas tenemos; nos falta voluntad.
No es lo mismo ni es igual / Pablo Mella. Espacio de acción y reflexión
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