¡Alerta en la Seguridad Social!

El miércoles 2 de febrero el Colegio Médico Dominicano (CMD) interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Superior, Administrativo y Contencioso de la Suprema Corte de Justicia, contra una resolución tomada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). La resolución en cuestión aparece como un síntoma preocupante del mal uso de los fondos del Sistema de Seguridad Social, cuyo décimo aniversario se cumple este año. En este caso, el Colegio Médico ha actuado responsablemente ante un problema que debe de preocupar a la ciudadanía dominicana y sobre el cual debe de estar correctamente instruida, para movilizarse en la misma dirección del CMD, como lo hicieron, unos días después, tres sindicatos de trabajadores: la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU), la Federación Unitaria de Trabajadores de Santiago (FUST) y la Federación de Sindicatos del Distrito Nacional y Zonas Aledañas (FESDINAZA), que también elevaron un recurso ante los tribunales. Además ha apoyado esta demanda Magino Corporán, representante de los discapacitados e indigentes en el CNSS y miembro de Foro Ciudadano, que votó en contra cuando se comenzó a discutir el asunto en el CNSS. El 27 de enero, el CNSS ratificó un acuerdo tripartito, cristalizado el 7 de diciembre de 2010, que convenía en devolver al Gobierno y a los empresarios la suma de 9 mil 995 millones 503 mil pesos, correspondiente a lo acumulado en el fondo de riesgos laborales desde el año 2004 hasta el 3 de diciembre del 2010. El recurso de amparo del CMD y de los sindicatos citados exige la suspensión de esta repartición entre empleadores públicos, empleadores privados y tres sindicatos, de los casi 10 mil millones de pesos de los fondos acumulados para los trabajadores en la Administradora de Riesgos Laborales, (ARL), aprobada por la resolución 260-06. ¿Qué es lo éticamente reprobable de la decisión del CNSS? Que una vez más, los consensos equilibristas del “tripartitismo” dominicano (diálogo entre algunos empresarios, algunos sindicalistas y sectores poderosos del gobierno, en nombre de toda la sociedad dominicana, con vistas a tomas de decisiones nacionales vinculantes) van en contra de la mayoría de la población dominicana, que no forma parte de él. En este caso, el tripartitismo dominicano ha manifestado claramente su dinamismo excluyente y su agotamiento histórico. La resolución del CNSS atenta, ciertamente, contra el espíritu de la Ley 87-01 que creó el nuevo Sistema de Seguridad Social. De acuerdo a esta Ley, el nuevo ordenamiento legal de la Seguridad Social está orientado a crear “un sistema dominicano de seguridad social que contribuya, en forma efectiva, al mejoramiento de la calidad de vida, a la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales; a la protección de los desamparados y discapacitados” (segundo considerando). Pero la resolución del CNSS no sólo atenta contra el espíritu de la Ley; hay más tela legal para cortar. La decisión atenta también contra el modo en que se interpretan los vacíos de la Ley para beneficios personales, pues ella no establece la manera en que de se deben de manejar los fondos acumulados en exceso. En este sentido, si se fuera a flexibilizar la Ley para aprovechar fondos que se consideran técnicamente excesivos, o a inventarse algún subterfugio legislativo, como el utilizado por el gobierno contra el reclamo ciudadano del 4% para educación, debería estar orientado a reforzar el sistema dominicano de seguridad social como un todo y como eje central en la construcción de una sociedad dominicana más justa y solidaria. Resulta escandaloso, además de injusto y destructor de la institucionalidad, el modo en que se piensa repartir los fondos acumulados de los riegos laborales. El dinero que se devolvería al gobierno, cerca de 3 mil millones de pesos, el 30% del total, se utilizaría para financiar gastos de infraestructura y equipos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) una institución que está llamada a desaparecer en el proceso de la reestructuración del Sistema de Seguridad Social. Para ser más precisos, es bueno caer en la cuenta de que la infraestructura que administra el IDSS a través de su red Prestadora de Salud (PSS) ya está obsoleta, pues respondió sobre todo a un momento de la historia dominicana en que la economía descansaba sobra la producción cañera. Este modo ineficiente de devolución de dinero al gobierno puede levantar la sospecha innecesaria de que el efectivo será utilizado para gastos del partido en el poder, ante la campaña presidencial que se avecina. El dinero que se beneficiaría a los empleadores privados, cerca de 7 mil millones de pesos, correspondiente casi al 70%, serían utilizados para pagar las cuotas patronales de los riesgos laborales de los próximos sesenta meses, es decir, cinco años. Hay que aclarar que a los empleadores privados no se les devolverá dinero en efectivo, sino que se les acreditará este enorme monto para los pagos venideros de los riesgos laborales. Los sectores empresariales que han hecho prevalecer sus intereses pecuniarios argumentan falazmente que ellos son quienes han puesto este dinero y que ese dinero podría servir para incentivar la iniciativa empresarial. La falacia está en que este pago se hace gracias a dos mecanismos de externalización de costos: por los bajos salarios que se pagan en nuestro país y por la transferencia de esos gastos a los consumidores en el precio del producto final. Es decir, los patrones privados no sacan el dinero de sus bolsillos, ni de sus ganancias, sino del bolsillo de otros; funcionan en realidad como recaudadores. Más triste resulta para el movimiento popular que importantes centrales sindicales hayan votado a favor de la resolución, para recibir 60 millones de pesos con la supuesta finalidad de educar sobre los derechos de los trabajadores. Esta suma, al igual que la de los empleadores privados, sería desembolsada en cinco años, a razón de un millón por mes. Aquí el escándalo es más doloroso. Es preocupante que sindicatos dejen de defender los derechos laborales de sus trabajadores. En este sentido, el movimiento popular debería llamar a capítulo a estos sindicatos dominicanos que se han prestado para esta estratagema. Debe quedar claro para los registros históricos quiénes han sido los responsables directos de este escándalo social. El acuerdo tripartito que está a la base de la resolución fue firmado por los sindicalistas Gabriel del Río, Pepe Abréu y Jacobo Ramos, que fungen como representantes laborales en el Consejo del IDSS por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, (CNTD). Por parte del sector empleador privado, firmaron el acuerdo Lisandro Macarrulla y Marisol Vicens, del CONEP. Por parte del Gobierno, asumieron la propuesta el vicepresidente Rafael Alburquerque, el ministro de Trabajo, Max Puig y el director del IDSS, Sabino Báez. La clave de esta operación está en utilizar el IDSS para financiar las apetencias económicas del poder ejecutivo. Los que luchamos por una sociedad más equitativa en Dominicana debemos lamentar que funcionarios de buena trayectoria, que sindicalistas y que representantes organizados del empresariado se presten a maniobras como estas, bien sea por miedo a los chantajes de los que se valen nuestros líderes políticos cuando alcanzan el poder, bien sea por garantizar alguna tajada. Queda la pregunta: ¿qué hacer con los fondos? Ciertamente, no es razonable que se queden acumulados tantos recursos financieros sin que la sociedad sea beneficiada. De acuerdo a un sondeo que he realizado entre personas entendidas en el nuevo sistema de seguridad social, estos fondos deben de usarse, en sentido general, para reforzar el propio sistema de seguridad social. Una opción a privilegiar sería el financiamiento de estancias infantiles, que prevé la ley 87-01 como parte del régimen contributivo (arts. 134-139). También podrían utilizarse esos fondos para reforzar las pensiones de los trabajadores por discapacidad, aumentar el monto de las pensiones de supervivencia, mejorar el pequeño e ineficiente gasto justo en accidentes laborales, o alimentar el régimen subsidiado de SeNaSa. Si conseguimos parar esta resolución del CNSS, estaremos asestando un golpe certero al caduco “tripartitismo” que sirve de columna vertebral al modelo de desarrollo dominicano de estos años, que nos ha hecho uno de los países más desiguales de la región latinoamericana. No es lo mismo, ni es igual / Pablo Mella Bonó, Espacio de Acción y Reflexión