Regularizar la migración

No es lo mismo ni es igual|Pablo MELLA. Regularizar la migración con justicia A fines de mayo de 2012, la Dirección General de Migración (DGM) envió una circular al Ministerio de Educación imponiendo una serie de reglas para inscribir a los estudiantes extranjeros. Dadas las implicaciones de la resolución, se verían vulnerados muchos menores de edad, incluso dominicanos. Cuando el hecho se supo públicamente la segunda semana de junio, organizaciones defensoras de los derechos humanos y los medios de comunicación se hicieron eco inmediatamente, preocupados por el abuso de poder de esta instancia del Estado. Gracias a esa presión, la medida fue revocada. Todo el proceso, sin embargo, debe ser evaluado para enfrentar situaciones futuras similares.
El conjunto de reglas contenidas en la circular, aparentemente neutrales, se unía a una serie de acciones lideradas por el Director de Migración, José Ricardo Taveras, que tienen como objetivo crear una confusión reglamentaria cuyo fin último es expulsar del territorio nacional a la población haitiana de manera arbitraria. El proceso es vital para la política dominicana; por eso inmediatamente el Director de Migración entregó el reglamento de migración al Presidente, para ponerse en ejecución, sin consultar una vez más a los actores implicados en tema tan delicado.
La migración es uno de los ámbitos más complejos de la realidad contemporánea signada por el capitalismo globalizado. La manipulación arbitraria de la migración permite rejuegos grises que hacen posible la acumulación rápida de capitales. La idea es sencilla en esta ideología: los capitales deben viajar sin trabas; las personas no. Urge enfocar el tema de otro modo, para que no vuelvan a sufrir los más vulnerables.

Regularización sí, pero garantizando derechos fundamentales e internacionales
Por el momento, no está bajo discusión el derecho de los Estados modernos a tener una política migratoria en un marco legal. Sin embargo, ninguna ley adjetiva ni ningún reglamento pueden vulnerar los derechos fundamentales protegidos constitucionalmente.
Tampoco las leyes migratorias pueden ir en desmedro de la institucionalidad de un país. El Director de Migración hizo llegar inconsultamente su circular al Ministerio de Educación sin sentarse a dialogar con la Ministra. Tampoco se había sentado a dialogar con las asociaciones civiles que velan por los derechos humanos de los migrantes en el país. Es errónea la idea de que dialogar con la sociedad civil organizada atenta contra la institucionalidad; todo lo contrario. La exclusión de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones es un atentado contra el ordenamiento democrático consignado en la Constitución dominicana.
Por eso es lamentable la orientación que ha predominado en la DGM para cumplir con su mandato legal. Su modo de proceder ha irrespetado el marco constitucional y prescindido arbitrariamente de la necesaria coordinación con otras instancias estatales y civiles implicadas en asuntos migratorios. En este sentido, era escandalosa la inactividad del Consejo Nacional de Migración y el que los procesos de diseño e implementación de medidas migratorias no habían sido transparentes y participativos. La indisposición del director de migración para consensuar iniciativas para ordenar el flujo migratorio con un enfoque integral, a través de la promoción de la participación de los actores vinculados, resultaba perjudicial para el conjunto de la sociedad dominicana, que está abocada a establecer novedosas relaciones institucionales con Haití, como explicó el Banco Mundial en un reporte sobre el tema publicado a principios de junio de 2012.
El Banco Mundial, en coordinación con el Ministerio de Economía, concluyó en dicho estudio con esta recomendación: “Crear un marco regulatorio para la migración y los movimientos de mano de obra entre los países mediante una comisión binacional”. ¿Por qué no comenzar a practicar una política migratoria bien coordinada en el espacio de la Comisión Mixta Binacional? ¿Por qué muchos dominicanos, entre ellos nuestras autoridades migratorias, no acaban de entender que lo que beneficia la calidad de vida de los trabajadores haitianos y sus familias puede mejorar la economía dominicana?

Pistas éticas y prácticas para abordar la política migratoria
En el Centro Bonó hemos podido sistematizar algunas reflexiones prácticas a partir de la lucha por los derechos humanos de los inmigrantes y por la institucionalidad de las políticas migratorias. Veamos algunas de ellas.
Hemos concluido que la imposición de un proceso de regulación migratoria que no pondera el perfil de la población migrante ni toma en cuenta su condición humana resulta opresora. También hemos aprendido que la regularización migratoria no será eficiente si no toma en cuenta la complementariedad necesaria de las economías dominicana y haitiana, sobre todo para el beneficio de los más pobres.
Hemos constatado la importancia que tiene la transparencia y el principio democrático de la rendición de cuentas para el diseño del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Migración. Este reglamento se redactó en total hermetismo. Previo a su promulgación, no se presentó al Consejo Nacional de Migración y, una vez aprobado, no se aceptaron las observaciones formuladas por varios actores sociales relevantes. En este punto ha habido abuso de autoridad.
Una vez más hemos visto el mal manejo de los asuntos legales en nuestro país por parte de nuestros funcionarios. La circular de migración que fue objeto de atención de los medios de comunicación violaba el artículo 63 de la Constitución que establece el derecho universal a la educación, para cuyo ejercicio no hay más limitaciones que “las derivadas de las aptitudes, vocación y aspiración de las personas.” Esto era más delicado porque muchos niños y niñas dominicanos no tienen aún documentación adecuada y podían ser discriminados por el color de su piel.
De todo el proceso, queda clara la necesidad de que se cumpla con la ejecución del Plan de Regularización Extraordinario consignado en el artículo 151 de la ley General de Migración. El Plan Extraordinario de Regularización de Extranjeros --conforme a la visión que la misma ley recoge-- es un complemento necesario para el ordenamiento de las migraciones en territorio dominicano. Ello ayudará a que todas las instancias implicadas puedan trabajar coordinadamente y que los derechos elementales de las personas más vulnerables no sean conculcados en nombre de un nacionalismo mal entendido que se riñe con principios elementales de justicia social y con los ideales duartianos. No es lo mismo ni es igual |

Pablo Mella, Instituto Filosófico Pedro F. Bonó