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La desigualdad de recursos y oportunidades en las sociedades
democráticas
La
democracia en nuestros días evidencia una crisis provocada por la desigualdad
de recursos y la desigualdad de oportunidades para el desarrollo de las
capacidades de la población latinoamericana y caribeña. Sobre estos dos ejes
giran conflictos distributivos y conflictos de reconocimiento de los derechos
de los ciudadanos. Reflexión del p. German Rosa S.J.
El
informe del PNUD del año 2021, destaca que la región de América Latina y el
Caribe se ha caracterizado como una de las regiones con las tasas de
desigualdad más altas del mundo.
Una
región con una alta tasa de desigualdad
La
quinta parte de la población, se apropia del 56% de los ingresos nacionales. La
pandemia del COVID-19 ha ampliado esta brecha, porque ha causado la
desaceleración de la economía a raíz de la agonía y del cierre de las empresas,
la disminución de los ingresos y el aumento del desempleo en millones de
hogares que luchan por sobrevivir. Además, la brecha digital – en particular,
la falta de internet de banda ancha de alta velocidad y la ausencia de
habilidades digitales adecuadas – ha impedido que muchas personas,
especialmente las más vulnerables, trabajen o estudien desde sus casas durante
la crisis. 22 millones de personas han caído por debajo de la línea de la
pobreza en la región, regresando a los niveles del 2008.
Educación
de calidad, una cara de la desigualdad
La
educación es un ámbito en el que se evidencia la desigualdad de oportunidades
para el desarrollo de las capacidades en nuestra región. La gravedad de la
desigualdad educativa se acentúa si pensamos en el acceso restringido y
limitado de los ciudadanos para concluir la educación universitaria. Pero
también la desigualdad se manifiesta en los temas de la salud, la alimentación,
el empleo, etc. Estas realidades reflejan que la democracia está en crisis por
la necesidad de la justicia distributiva en América Latina y el Caribe, la cual
es fundamental para garantizar a los ciudadanos los medios necesarios para
solventar las necesidades básicas como son: el trabajo, la educación, la salud,
la propiedad, etc., para que nadie quede excluido de los recursos ni de las
oportunidades para el desarrollo de sus capacidades.
La
democracia llegó con retraso
Las
desigualdades de recursos y de capacidades tienen como antecedentes un siglo XX
caracterizado por el autoritarismo en América Latina y el Caribe con unos
procesos democráticos tardíos y vulnerables.
La
llegada de la democracia electoral ocurrió tardíamente en distintos países de
Centroamérica: en 1981 en Honduras, en 1982 en El Salvador, en 1985 en
Guatemala y luego se firmó la paz (1992 en El Salvador, 1996 en Guatemala). En
Nicaragua después de un proceso revolucionario liderado por el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) se derrocó la dinastía Somoza en 1979 y en 1984
se tuvieron las primeras elecciones ganándolas el mismo FSLN, pero perdiéndolas
en 1990, cuando se realizaron las segundas elecciones. Ahora Nicaragua vive un período de
persecución política y de represión por parte del gobierno a los opositores, a
las puertas de las elecciones generales el mes de noviembre próximo, cuyos
resultados ya han sido puestos en cuestión; algunos gobiernos han expresado que
no los reconocerán.
Después
de los procesos democráticos tardíos a finales del siglo pasado, los países del
istmo centroamericano también han sido golpeados por los flagelos de la
corrupción, la malversación de los bienes públicos, la falta de transparencia
en la gestión pública, la fragilidad de los sistemas judiciales, el
autoritarismo y el militarismo al servicio de las élites que gestionan el poder
político.
La
desigualdad tiene múltiples dimensiones, que se refuerzan entre sí y tienden a
reproducirse, propagándose entre generaciones. Esto impacta porque limita el
acceso a la calidad profesional para lograr puestos de trabajo bien remunerados
y la protección social, y acentúa las diferencias étnicas, porque existe una
mayor pobreza entre la población indígena y afrodescendiente. A esto hay que
añadir que, se acentúan las desigualdades de género.
Democracia
y desigualdad económica y social son incompatibles
Una
sociedad democrática, en nuestra opinión, busca una igualdad de acceso a los
recursos fundamentales y también una igualdad básica de oportunidades para el
desarrollo de las capacidades de los ciudadanos, pero hasta ahora no se ha dado
la necesaria atención al tema de la justicia distributiva en nuestra región.
La
democracia y las desigualdades económicas y sociales son incompatibles. Cuando
existen desigualdades, hay que activar mecanismos sociales para superarlas. Una
democracia robusta necesita de un balance entre conflicto y consenso para
sobrevivir. El conflicto llevado a sus extremos produce violencia y
desintegración social, pero cuando no se permite el conflicto que exige una
justicia distributiva, lo que se establece es la unanimidad totalitaria y la
exclusión social.
Inclusión
y participación
Para
superar las desigualdades se requieren procesos sociopolíticos de participación
democrática inclusiva y amplia de los ciudadanos. Seguimos viviendo en un mundo
en donde reina la desigualdad en términos de bienestar y de expectativa de
vida, de acceso a los recursos, de los bienes fundamentales para que la vida
sea digna, desventajas de oportunidades para millones de personas.
Las
políticas implementadas en la región para abordar la desigualdad y la
productividad han tenido éxito limitado. Por ahora se observa la búsqueda de
soluciones a corto-plazo para combatir los desafíos de la alta desigualdad y la
baja productividad. Las respuestas políticas tienden a ser fragmentadas e
ineficaces y, en algunos casos, incluso pueden terminar profundizando las
distorsiones existentes en el largo plazo. De hecho, algunas políticas han
generado dinámicas que han provocado un agravamiento de las desigualdades y un
estancamiento de la productividad. Por ejemplo, la discriminación salarial con
respecto a la mujer. Pareciera normal que se permita que una mujer tenga un
salario inferior a un hombre, aunque ambos desempeñen la misma función o la
misma responsabilidad laboral, teniendo ambos la misma cualificación
profesional.
Acabar
con la desigualdad para fortalecer la democracia
Solo
si se aborda la complejidad del problema de la desigualdad se podrá romper su círculo
vicioso y se fortalecerá la democracia. Esto es cíclico: democracias robustas y
fortalecidas con indicadores de igualdad y participación social revierte en la
consolidación institucional de la misma democracia. Pero, las desigualdades de
acceso a los recursos y de las oportunidades para el desarrollo de las
capacidades han llevado al círculo vicioso de violencia y bajo crecimiento
reforzando dichas desigualdades, lo cual ofrece un horizonte sombrío para
solucionar los problemas de la misma democracia, agravado particularmente por
el impacto de la crisis económica y de salud pública provocadas por la pandemia
del COVID-19.
Las
sociedades democráticas justas son aquellas que propician la igualdad de
recursos y de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de los
ciudadanos.
En consecuencia, las sociedades democráticas justas necesitan un sistema de justicia independiente y creíble para garantizar los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y las distintas instituciones públicas y privadas, pues es misión del poder judicial impartir la justicia sin discriminación alguna.
La
justicia es un derecho, y todos tenemos derecho a vivir en una sociedad que sea
gobernada justamente. En definitiva, para que sea posible la sociedad
democrática justa se requieren instituciones y prácticas sociales que hagan
posible la igualdad básica de acceso a los recursos y de las oportunidades para
desarrollar las capacidades de los ciudadanos. La justicia distributiva es
fundamental para garantizar y fortalecer la democracia en América Latina y el
Caribe.
Publicado
por Vatican News
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