Actualidad Mundial | Alessandro Di Bussolo/VN
Crímenes de guerra en Ucrania: Orden de detención
internacional para Putin
La
dictó el Tribunal Penal Internacional de La Haya: el presidente ruso está
acusado de deportar a Rusia a miles de niños ucranianos. La misma acusación,
con una segunda orden de detención, para Maria Lvova-Belova, Comisaria de Moscú
para los Derechos del Niño. El Kremlin responde: decisión que no tiene sentido
para nosotros.
La
Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de detención
internacional por crímenes de guerra contra Vladímir Putin. El presidente ruso
está acusado de deportar a miles de niños ucranianos a Rusia, y el mismo cargo,
en una segunda orden de arresto, se ha presentado contra Maria Lvova-Belova,
comisaria de Moscú para los derechos de la infancia. La investigación, que
comenzó pocas semanas después de la invasión, ha alcanzado por tanto un rotundo
punto de inflexión. Los investigadores y magistrados que investigan los
crímenes cometidos durante el conflicto explican que esta línea de
investigación siempre ha tenido prioridad porque "los niños y adolescentes
no pueden ser tratados como botín de guerra". Y ahora, al final de
complejas verificaciones, también en lo que se refiere a la perseguibilidad y a
los aspectos jurídicos, los tres jueces, la italiana Rosario Aitala, la
japonesa Tomoko Akane y el costarricense Sergio Ugalde, han aceptado las
peticiones del fiscal Karim Khan.
La
reacción de Moscú: sin valor, ni siquiera legal
"Las
decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún valor para nuestro
país, ni siquiera desde el punto de vista legal", comentó la portavoz del
Kremlin, Maria Zakharova, mientras que Kiev califica la decisión de
"histórica": "Continuamos nuestra estrecha cooperación con la
Corte Penal en los casos de deportación forzosa de niños ucranianos. Más de 40
volúmenes de expedientes, más de 1.000 páginas de pruebas ya compartidas con el
Tribunal", escribió en Twitter el fiscal general de Ucrania, Andrij
Kostin.
Una
deportación que comenzó poco después de la invasión rusa
Según
las conclusiones de los jueces coordinados por Aitala, la comisaria rusa para
los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, ordenó que los adolescentes y
niños fueran enviados a instalaciones controladas por Moscú desde las primeras
semanas tras la invasión de Ucrania, y en mayo de 2022 Putin firmó un decreto
para agilizar y hacer inmediatamente operativos los trámites para que los
ucranianos obtuvieran la ciudadanía rusa. Los menores serían enviados a campos
de reeducación rusos y luego entregados a familias para su adopción definitiva.
La orden de detención internacional se emitió porque a los jefes de Estado no
se les concede inmunidad en casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes
contra la humanidad o genocidio. Los analistas internacionales son conscientes
de que es prácticamente imposible ejecutar la orden de detención en estos
momentos, pero es un acto que, sin embargo, restringe los movimientos del
presidente ruso y abre inevitablemente nuevos escenarios en el conflicto.
El
informe de la comisión de investigación de la ONU
El 16 de marzo también se publicó el informe de la Comisión de Investigación de
la ONU, que acusa a Moscú de cometer "un número considerable de crímenes
de guerra en cuatro regiones ucranianas en las primeras semanas tras la
invasión rusa" y especifica cómo "las situaciones examinadas en
relación con el traslado y la deportación de niños, respectivamente dentro de
Ucrania y en la Federación Rusa, violan el derecho internacional humanitario y
constituyen un crimen de guerra".
Una
investigación de la Universidad de Yale confirma los traslados
Según
un informe de un centro de investigación de la Universidad de Yale, publicado
en febrero de 2023, titulado "Programa sistemático de Rusia para la
reeducación y adopción de menores ucranianos", entre febrero de 2022 y
enero de 2023 "más de 6.000 menores de entre 4 meses y 17 años fueron
trasladados". Los investigadores identificaron "43 centros de
detención y reeducación, de los cuales 12 alrededor del Mar Negro, 7 en la
Crimea ocupada, 10 alrededor de las ciudades de Moscú, Kazán y Ekaterimburgo, y
los demás en las regiones del Lejano Oriente ruso, incluidos 2 en
Siberia". El expediente especifica que "los padres fueron
coaccionados, engañados con la promesa de un traslado temporal o no se les preguntó
en absoluto, y los formularios de custodia se rellenaron con firmas
falsas". En cualquier caso, la capacidad de los padres para dar su
consentimiento efectivo se considera dudosa, porque "el estado de guerra y
la amenaza implícita de las fuerzas de ocupación representan una forma de
coacción constante".
Publicado
por Vatican News
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