
Coalición de ONGs por la Infancia dice el Estado dominicano y la sociedad tienen tareas pendientes en cuanto a la protección de las personas adolescentes.
Aumentar la pena a los jóvenes que delinquen no representa una solución porque para reducir la violencia juvenil es preciso prevenir, no castigar y el Estado dominicano tiene muchas tareas pendientes en cuanto a la prevención de esta problemĆ”tica social. Un cambio en la Ley 136-03, no resulta ser mejorĆa ni tranquilidad ante la situación de las y los jóvenes en la RepĆŗblica Dominicana.
La Coalición de ONGs por la Infancia entiende que al endurecer el castigo lo que se hace es criminalizar la pobreza y atacar las consecuencias en vez de las causas de la violencia juvenil, ya otros paĆses como El Salvador, Honduras y Guatemala han recurrido a la mano dura o cero tolerancia para enfrentar la violencia juvenil y han fracasado, ya que segĆŗn revelan las investigaciones de la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional (USAID), los delitos cometidos por adolescentes aumentaron en los tres paĆses. AdemĆ”s, la violencia policial creció, las cĆ”rceles se superpoblaron y se hicieron inmanejables, y las relaciones entre el Estado y las y los habitantes de las zonas pobres se deterioraron estrepitosamente, lo que generó protestas y disturbios.
En este sentido, la Coalición entiende que mĆ”s bien se deben atender las debilidades y carencias que el Sistema PolĆtico genera en la sociedad, como es el caso del Sistema Educativo Dominicano que estĆ” en un lugar muy retrasado entre los de AmĆ©rica Latina. Siendo la educación fundamental para el desarrollo humano, el Estado debe ser garante del acceso a la misma y tal como seƱala el Informe sobre Desarrollo Humano 2008, el Sistema Educativo Dominicano reproduce el orden de inequidad social, ya que aunque ha mejorado la cobertura, la calidad es todavĆa deficiente.
De manera, que mĆ”s que una revisión de la Ley 136-03, serĆa importante tomar en consideración la preocupación externada por el ComitĆ© de los Derechos de las NiƱez de la ONU, que recomienda que se adopten las medidas para reestructurar los sistemas judiciales y administrativos segĆŗn sea necesario en todos los niveles, en particular a nivel provincial, municipal y local. En el mismo orden de las Recomendaciones de la ONU, consideramos importante extender los tribunales especializados en niƱos, niƱas y adolescentes a todo el paĆs.
De esta manera, mĆ”s que endurecer exclusivamente las penas para las personas adolescentes en conflicto con la Ley, como ha circulado a travĆ©s de la prensa en los Ćŗltimos dĆas, se deberĆan mejorar las condiciones en todo el Sistema de Administración de Justicia para las personas menores de edad y verificar cuĆ”les aspectos requieren ser completados para el buen funcionamiento del Sistema de Protección y de los Derechos Fundamentales de NiƱos, NiƱas y Adolescentes, necesitamos de un Reglamento que dĆ© pautas para que los jueces interpreten la Ley teniendo siempre en cuenta el InterĆ©s Superior del NiƱo, segĆŗn lo seƱala la Convención de los Derechos del NiƱo (CDN).
Asimismo, es importante poner atención a las personas adolescentes que se les declare culpables por estos tribunales. Estas personas menores de edad, sà son recuperables para la sociedad, la misión del Estado debe ser favorecer su reintegración a la misma mediante una justicia restaurativa y no vengativa, a través de programas educativos.
El Sistema Nacional de Protección de NiƱos, NiƱas y Adolescentes tiene por finalidad garantizar los derechos de la niƱez y la adolescencia y la promoción de su desarrollo integral mediante la coordinación de polĆticas y acciones intersectoriales e interinstitucionales para avanzar en el proceso de implementación y dar repuestas a esta y otras problemĆ”ticas que afectan a los niƱos, niƱas y adolescentes dominicanos/as.
La Coalición de ONGs por la Infancia estĆ” segura de que el paĆs no avanzarĆ” con represión, sino con polĆticas de intervención, ayudando a las personas menores de edad a desaprender la violencia que el mismo sistema ha propiciado.
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