La Bachata Electoral

Oficialmente, la campaña electoral ha comenzado el pasado 12 de febrero, en un acto de lanzamiento realizado por la Junta Central Electoral, con la participación de delegados de todos los partidos políticos. Nuevamente, nos enfrentaremos a miles de promesas anunciadas desde potentes altoparlantes trasladados en vehículos, las famosas “peinadoras”, que violarán no solo la Ley contra la contaminación sonora, sino que también atentarán contra el mínimo de veracidad que se puede esperar de un discurso comprometido con la realidad social y la búsqueda de la justicia. Sólo una actitud de firme oposición a la mentira política y la confianza en una práctica ciudadana responsable y organizada, podrán sacar luz en medio de tanta tiniebla política.
En este año de 2010, la campaña tiene una peculiaridad. Las autoridades congresuales y municipales serán electas para un período de seis años, con vistas a unificar estas elecciones con las presidenciales, como establece la nueva Constitución dominicana proclamada el pasado 26 de enero. La longitud de los cargos hace la postulación más atractiva, en una cultura política que no disocia, sin siquiera disimularlo, la ocupación de cargos públicos del enriquecimiento personal.
De todos modos, los temas preocupantes de la cultura política dominicana quedan pendientes. El PLD se afirma como partido sin oposición, cuasi-omnímodo, lo que permitirá al régimen actual aumentar su control sobre la sociedad dominicana, incluso sobre los logros más democráticos de la nueva Constitución Nacional recién aprobada. El acuerdo establecido entre el candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y el Presidente Fernández, justamente para obtener una manipulación constitucional, debilita al principal partido opositor como alternativa real a los modos maquiavélicos de gobernar que han sido la norma predominante después de la Revolución del 1965. Esta falta de oposición eficaz nos pone al borde de un régimen totalitario, que no necesitará de la represión física para controlar cualquier disenso o protesta, como bien ha reflexionado la pensadora Hannah Arendt.

Dos puntos luminosos
Pero no todo es oscuro en esta coyuntura política. Dos hechos singulares le sacan el cuerpo a la “bachata electoral”. Uno es la campaña “Ninguno”, que ha buscado que la población descontenta con la práctica política dominante pueda obtener un reconocimiento en el conteo final de los votos. El procedimiento de conteo actual, que solo permite ver votos “nulos”, no votos “anulados”, impide la expresión del disenso ante el estado de nuestra vida política, y en ese sentido, no permite hacerse sentir en la opinión pública la falta de legitimidad con que nos vienen gobernando desde hace años. Este movimiento, puramente ciudadano, no partidista, está vinculado al nuevo movimiento social juvenil que consiguió el año pasado que una cementera no fuese instalada en el Parque Nacional de los Haitises. Estamos ante un nuevo modo generacional de ejercer la ciudadanía, con compromiso por lo público y con creatividad expresiva.
El otro punto de luz es la Ley de Partidos Políticos que espera por su aprobación. Esta Ley será vital contra el actual estado de cosas que hacen de la campaña una “bachata electoral”. Una Ley de partidos apunta esencialmente a dos cosas fundamentales: primero, a regular el modo en que los partidos políticos consiguen sus fondos para la campaña y para su operación; segundo, regula la relación de la Junta Central con los partidos políticos. El primer aspecto es fundamental en estos momentos, en que existen evidencias de la implicación del narcotráfico en la vida política. El segundo aspecto es fundamental para garantizar que los candidatos electos no sean coartados excesivamente en su libertad de conciencia por “la línea del partido”. Ahora bien, el actual Proyecto de Ley de los Partidos deberá ser elaborado de otra manera, porque no ataca de manera adecuada el mal fundamental de nuestro proceso electoral actual, que es el financiamiento de la campaña, y porque otorga demasiado poder a las cúpulas de los partidos sobre sus candidatos electos. En la fórmula actual del Proyecto de Ley, una disidencia partidaria pondría en juego el propio cargo ganado en las elecciones. Este excesivo poder otorgado a las cúpulas partidarias no solucionará lo que pretende solucionar, a saber, el transfuguismo. Perder un cargo en un momento por responder a una llamada de la propia conciencia antes que a una línea del partido considerada como injusta, dará a este candidato electo más legitimidad para presentarse en una próxima elección bajo el color de otro partido.
Ante este cuadro, queda reiterada la invitación que más arriba hemos evocado. Es el momento de fortalecer un movimiento social ciudadano, responsable, amplio y plural, que permita observar, denunciar y hasta someter a la justicia, a candidatos electos que se creen dueño de lo público, incluyendo sus propios cargos. Un primer paso consistirá en hacer presión para que tengamos una buena Ley de Partidos.
No es lo mismo ni es igual / Pablo Mella / Bonó, Espacio de acción y reflexión