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    Meditaciones sobre el semáforo en rojo

    No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella | Instituto Filosófico Pedro F. Bonó. 
    Meditaciones sobre el semáforo en rojo 
    Avenida Bolívar esquina avenida Máximo Gómez. 5:30 de la tarde de un martes. El tránsito comienza a cargarse con los vehículos de la salida del trabajo, pero aún las vías no están abarrotadas. El vehículo en que me desplazo llega a la intersección. El semáforo está en rojo y apenas hay un vehículo delante. Mi vehículo se detiene y espera segundo en la línea. Cambia el semáforo a verde. El vehículo que está delante arranca suavemente y atraviesa la intersección sin mayor dificultad. Cuando el vehículo en que me desplazo pasa por debajo del semáforo en verde se ve obligado a frenar de sopetón. Un taxista pasa deliberadamente en rojo en dirección norte-sur; cuando se le reclama, hace un gesto obsceno con la mano y acelera un poco, como quien dice “aquí no ha pasado nada”. A unos metros, dos policías de AMET están como ausentes, refugiados en la sombra; parece que también para ellos “aquí no ha pasado nada”.
    Ante esta escena, conocida de sobra por todos los que viven en las ciudades dominicanas, me he decidido a responder una pregunta que me vengo haciendo desde hace tiempo: ¿por qué no se respetan los semáforos en rojo? Parto de esta intuición: la respuesta a esa pregunta implica dimensiones fundamentales de la cultura dominicana.
    1. El irrespeto de la ley: la razón más obvia de por qué no se respetan los semáforos tiene alcance teórico: en República Dominicana se ha instituido una actitud generalizada de irrespeto a la ley. Se trata, por tanto, de una realidad cultural. A poco que se piense, esta explicación exige otra. ¿Cómo se llegó a fraguar esta actitud? Por eso, el camino de la reflexión sobre el semáforo en rojo no se puede detener aquí y conviene indagar las razones por las cuales no se respeta la ley en general.
    2. Ilegalidad social: la respuesta a la pregunta de por qué en República Dominicana se ha consolidado una cultura de irrespeto a la ley nos lanza también en un terreno teórico. Esta es la hipótesis que se me ocurre: no se respeta la ley porque las relaciones sociales se han montado históricamente sobre la ilegalidad. La mayoría de la población dominicana ha sido históricamente excluida de la ley o se le ha impuesto de manera arbitraria. Por el contrario, los poderosos no han conocido la “igualdad ante la ley”; son a-legales. Esta convicción de que la ilegalidad es el camino para triunfar socialmente ha sido reforzada en los últimos años, ante la negativa del partido en el poder de permitir que se lleven a los tribunales a sus líderes o socios políticos acusados de mal uso de los fondos públicos. Específicamente, el año pasado hubo un fraude fiscal multimillonario con fines electorales y todavía “aquí no ha pasado nada”.
    3. Cultura selectiva de la impunidad: el resultado de la práctica ilegal se ha plasmado en una cultura selectiva de la impunidad. No es que nunca se aplique la ley en República Dominicana, sino que no se aplica igualmente a todo el mundo. Incluso, en algunos casos se ha utilizado para amenazar a enemigos políticos (era el caso, según se creía, de la extorsión a determinados empresarios a través de los impuestos. La frase que llenaba de miedo al empresariado dominicano, dadas sus prácticas irregulares, era: “No puedo criticar al gobierno; me mandan a impuestos internos y me hunden la empresa”). Por eso, todo el mundo busca un “enchufe” en el gobierno o en el ejército para poder saltarse la ley. Es como si cada dominicano dijera: “La ley es para el otro, no para mí”.
    4. Mercado laboral de mala calidad y desempleo: otro problema serio es la realidad laboral del país. Los trabajos son de mala calidad y muy mal remunerados. Los taxistas, por ejemplo, están insertos en una práctica de servicios altamente competitivos de “tres minutos” que atenta violentamente contra el ordenamiento de la circulación. En nombre de esta práctica laboral, los taxistas entienden que pueden violarlo todo. Por su parte, los choferes de “carros públicos del concho” trabajan en condiciones de sobreexplotación y en vehículos destartalados; no importa que sean ellos mismos sus jefes: lo que cuenta es la condición en que laboran, reflejo del mercado de trabajo. En fin, los choferes y “pícheres” de los minibuses de transporte público trabajan en sindicatos con una organización laboral abusiva y absurda. Sus prácticas de organización del transporte han creado una nueva “clase social” que se ha hecho famosa en el hablar cotidiano dominicano: los llamados “padres de familia”. Un “padre de familia” no tiene que respetar nada, porque “primero están las habichuelas de mis hijos”.
    5. Servicio de transporte público desregulado: como resultado de lo anterior, el sistema de transporte público está prácticamente por su cuenta y se desarrolla al margen de cualquier regulación. Basta recordar que hay una ley que obliga a llevar cinturones de seguridad, pero esa ley no se aplica a los “carros públicos”, según un acuerdo más o menos formalizado entre las autoridades de tránsito y como respuesta “moral” de respeto a “los padres de familia” (sindicalizados o no).
    6. Masculinidad y violencia: un caso triste acontecido en un semáforo en rojo en septiembre de 2013 ha puesto al descubierto otra realidad subyacente al desorden vehicular. Un joven limpiavidrios fue asesinado de un balazo por un chofer en un semáforo en rojo. El joven se molestó con el conductor porque al parecer este le dijo de manera agresiva que no le limpiara el vidrio; la respuesta del conductor fue el revólver. La antropóloga Tahira Vargas interpretó este hecho como una manifestación más de la socialización errónea de los hombres dominicanos, a quienes desde pequeños se les enseña que un “hombre verdadero” es aquel que impone sus pareceres de manera violenta. Después de leer el artículo de Vargas, me puse a pensar que prácticamente la totalidad de los choferes que se llevan los semáforos en rojo son hombres.
    7. Un sistema policial a ser renovado: la aplicación de las leyes de tránsito tiene una dimensión coercitiva. Para ello hace falta una policía, en este caso especializada en el tránsito y en sus leyes. AMET comenzó con buen pie en su fundación, bajo la dirección de Hamlet Hermann. Hoy día, AMET se encuentra desprestigiada. Es proverbial la “selectividad” con que actúa. Ha dejado de ser aquella institución de “guantes blancos” para convertirse en otro sistema impositivo del gobierno controlado por una errónea concepción de la política y de lo público. Ahora AMET hace operativos por días: un día, sus miembros salen a buscar motoristas sin casco; otro día, a personas hablando por celulares; y otro día, se ponen en una esquina mal señalizada o en un semáforo no tan visible, para detener a los violadores de la señal de “una vía” o del semáforo en rojo. El día en el que toca “un operativo” determinado, se olvida el resto de las normas. Así, si un día los AMET salen a buscar a quienes hablan por celulares, no detienen a quienes violan los semáforos en rojo; o viceversa. Al parecer, el objetivo de estos operativos incoherentes es poner la mayor cantidad de multas posibles para fines pecuniarios nunca esclarecidos.
    8. Una autoridad pública de escaparate: en fin, todo lo anterior lleva a plantear que en República Dominicana se concibe el ejercicio de la autoridad pública para “el escaparate”. Así, se pudo ver hace unas semanas al secretario de la presidencia llamando a través de los medios de comunicación a poner multas a los vehículos oficiales que se lleven la luz en rojo. Esta curiosa declaración pone de manifiesto dos cosas: primero, que se sobreentiende que los funcionarios públicos son proclives a no cumplir la ley; segundo, que parece que es una práctica generalizada del sistema policial el no aplicarle la ley de tránsito a la gente “del gobierno”. Es decir, el secretario de la presidencia admitió implícitamente que todo aquel que se encuentra vinculado al aparato público vive habitualmente al margen de la ley de tránsito (lo que remite a los puntos iniciales de esta reflexión).
    Después de este esfuerzo de reflexión para explicar por qué se violan los semáforos en rojo en República Dominicana, comparto dos conclusiones a las que he llegado. Primero, que el problema del tránsito refleja el problema del irrespeto a la ley de toda la sociedad dominicana, empezando por sus líderes políticos y militares. Segundo, que la ilegalidad tiene un rango cultural que exige un cambio de actitud en todo el mundo. Mientras tanto, en lo que se diseña un plan y se dan pasos sistemáticos para enfrentar este inmenso problema socio-cultural de la ilegalidad, he tomado una decisión personal: promover entre mis personas allegadas la convicción de que la violación del semáforo en rojo reproduce la violencia social. La conversión comienza con uno mismo. ADH 772.

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