Noticias | María López/Alfa & Omega
Los obispos de EE.
UU. piden que
la protección a los soñadores sea ley
Ante
la sentencia de un juez de Texas que ordena que no se conceda más protección a
los jóvenes llegados ilegalmente al país siendo niños, la Iglesia reclama que
esta se tramite en el Senado.
Los obispos de Estados
Unidos han pedido al Senado que saque adelante una ley que «ofrezca un estatus
legal y una vía a la ciudadanía a todos los soñadores», niños llegados al país
de forma ilegal con sus padres hace años. Es la respuesta del presidente del Comité de
Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Mario E. Dorsonville, a
la sentencia que el viernes prohibió conceder nuevos permisos bajo el Marco de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en
inglés).
Aunque
«decepcionados» con la sentencia del juez Andrew Hanen, del Tribunal Federal
del Distrito Sur de Texas, Dorsonville se muestra consciente de que «nunca se
planteó» que el DACA «fuera una solución permanente para los soñadores». La
sentencia de la semana pasada es «simplemente el hecho más reciente» de una
larga lista que exige que el poder legislativo tome medidas para dar una
solución permanente a millones de personas y familias.
Ahora
mismo, en el Senado se están tramitando «múltiples proyectos de ley» que lo
harían posible, incluyendo la Ley del Sueño y la Promesa Americanos, que la
Cámara de Representantes aprobó en marzo. De aprobarse, se concedería a todos
los soñadores un permiso de residencia permanente o un estatus de protección
temporal.
3,5
millones de beneficiarios potenciales
En
la actualidad, 650.000 personas se benefician del programa DACA. Aunque no
tienen permiso de residencia, están protegidos frente a la deportación por períodos
renovables de dos años y pueden solicitar tanto permisos de residencia como de
trabajo. Se trata de personas nacidas después del 16 de junio de 1981 que
entraron en el país con menos de 16 años antes de 2007. Tienen que haber
concluido sus estudios de Secundaria o haber servido en las Fuerzas Armadas y
no pueden tener antecedentes penales.
«Contribuyen
a nuestra economía, sirven en nuestras Fuerzas Armadas y forman familias
americanas, pero se les impide convertirse en miembros plenos de nuestra sociedad»,
lamenta el obispo responsable de migraciones. «Merecen la oportunidad de
cumplir el potencial que Dios les ha dado en el único país que la mayoría ha
conocido», añade. Dorsonville exige además que cualquier legislación no solo se
aplique a los 650.000 beneficiarios activos del programa sino a los 3,6
millones de soñadores que existen en el país.
No
se trata solo de una cuestión de dignidad humana, sino también de «unidad
familiar», subraya. Hay 250.000 niños nacidos en Estados Unidos, y por tanto ciudadanos
del país, que son hijos de soñadores. Por lo tanto, podrían verse separados de
ellos si en algún momento fueran deportados.
Citas
canceladas
El
Gobierno de Joe Biden anunció el lunes que recurrirá la sentencia del juez
Hanen. Pero mientras tanto, para cumplir con la orden de suspender la concesión
de nuevos amparos bajo el programa, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía
(USCIS) ya ha cancelado todas las citas pendientes. Según esta agencia, a 1 de
abril había 55.550 nuevas solicitudes sin procesar, a las que se suman las
presentadas desde entonces.
Según
informa Efe, Hanen dejó claro que su decisión no implica que las autoridades
migratorias tomen «ninguna acción de deportación o penal en contra de los
beneficiarios de DACA». De hecho, permite que quienes ya son beneficiarios
renueven su protección.
Su
sentencia da la razón a un grupo de estados, liderados por Texas. Argumentaban
que el presidente Barack Obama se extralimitó de sus funciones al promulgar
esta política en 2012. Pero, a pesar de esta ilegalidad, Hanen considera que
«no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado
tan notable dependencia». Especialmente cuando pueden llegar todavía fallos
contrarios al suyo en el tribunal de apelaciones o el Tribunal Supremo.
No
sería la primera vez que el máximo órgano judicial tiene que decidir sobre esta
política. En junio de 2020, revocó la decisión del expresidente Donald Trump de
darlo por terminado, tomada en septiembre de 2017.
Publicado por Alfa & Omega
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