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    miércoles, 21 de julio de 2021

    Obispos: proteger a los soñadores


    Noticias | María López/Alfa & Omega

     


    Los obispos de EE. UU. piden que
    la protección a los soñadores sea ley

     

    Ante la sentencia de un juez de Texas que ordena que no se conceda más protección a los jóvenes llegados ilegalmente al país siendo niños, la Iglesia reclama que esta se tramite en el Senado.

     

    Los obispos de Estados Unidos han pedido al Senado que saque adelante una ley que «ofrezca un estatus legal y una vía a la ciudadanía a todos los soñadores», niños llegados al país de forma ilegal con sus padres hace años. Es la respuesta del presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Mario E. Dorsonville, a la sentencia que el viernes prohibió conceder nuevos permisos bajo el Marco de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

     

    Aunque «decepcionados» con la sentencia del juez Andrew Hanen, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, Dorsonville se muestra consciente de que «nunca se planteó» que el DACA «fuera una solución permanente para los soñadores». La sentencia de la semana pasada es «simplemente el hecho más reciente» de una larga lista que exige que el poder legislativo tome medidas para dar una solución permanente a millones de personas y familias.

     

    Ahora mismo, en el Senado se están tramitando «múltiples proyectos de ley» que lo harían posible, incluyendo la Ley del Sueño y la Promesa Americanos, que la Cámara de Representantes aprobó en marzo. De aprobarse, se concedería a todos los soñadores un permiso de residencia permanente o un estatus de protección temporal.

     

    3,5 millones de beneficiarios potenciales

    En la actualidad, 650.000 personas se benefician del programa DACA. Aunque no tienen permiso de residencia, están protegidos frente a la deportación por períodos renovables de dos años y pueden solicitar tanto permisos de residencia como de trabajo. Se trata de personas nacidas después del 16 de junio de 1981 que entraron en el país con menos de 16 años antes de 2007. Tienen que haber concluido sus estudios de Secundaria o haber servido en las Fuerzas Armadas y no pueden tener antecedentes penales.

     

    «Contribuyen a nuestra economía, sirven en nuestras Fuerzas Armadas y forman familias americanas, pero se les impide convertirse en miembros plenos de nuestra sociedad», lamenta el obispo responsable de migraciones. «Merecen la oportunidad de cumplir el potencial que Dios les ha dado en el único país que la mayoría ha conocido», añade. Dorsonville exige además que cualquier legislación no solo se aplique a los 650.000 beneficiarios activos del programa sino a los 3,6 millones de soñadores que existen en el país.

     

    No se trata solo de una cuestión de dignidad humana, sino también de «unidad familiar», subraya. Hay 250.000 niños nacidos en Estados Unidos, y por tanto ciudadanos del país, que son hijos de soñadores. Por lo tanto, podrían verse separados de ellos si en algún momento fueran deportados.

     

    Citas canceladas

    El Gobierno de Joe Biden anunció el lunes que recurrirá la sentencia del juez Hanen. Pero mientras tanto, para cumplir con la orden de suspender la concesión de nuevos amparos bajo el programa, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ya ha cancelado todas las citas pendientes. Según esta agencia, a 1 de abril había 55.550 nuevas solicitudes sin procesar, a las que se suman las presentadas desde entonces.

     

    Según informa Efe, Hanen dejó claro que su decisión no implica que las autoridades migratorias tomen «ninguna acción de deportación o penal en contra de los beneficiarios de DACA». De hecho, permite que quienes ya son beneficiarios renueven su protección.

     

    Su sentencia da la razón a un grupo de estados, liderados por Texas. Argumentaban que el presidente Barack Obama se extralimitó de sus funciones al promulgar esta política en 2012. Pero, a pesar de esta ilegalidad, Hanen considera que «no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia». Especialmente cuando pueden llegar todavía fallos contrarios al suyo en el tribunal de apelaciones o el Tribunal Supremo.

     

    No sería la primera vez que el máximo órgano judicial tiene que decidir sobre esta política. En junio de 2020, revocó la decisión del expresidente Donald Trump de darlo por terminado, tomada en septiembre de 2017.


    Publicado por Alfa & Omega 


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