La COVID-19 enfrenta la lógica de los Fondos de Pensiones

No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella, SJ

 

La COVID-19 enfrenta la lógica de los Fondos de Pensiones

 

Algo inesperado ha sucedido, quizá dándole la razón a filósofos como Jean-Luc Nancy y Slavoj Zizek: la pandemia de la COVID-19 parece erosionar todas las instituciones con que contamos hoy día y pone al descubierto la ideología que las sustenta.

 

Si algo ha quedado claro en este año y pico que llevamos de pandemia es la debilidad que tienen Estados, sistemas de salud, sistemas educativos y espacios públicos para enfrentar los problemas que afectan a toda la humanidad por igual.

 

La COVID-19 nos ha puesto además frente a una paradoja: todos los humanos somos iguales ante los azares de la Naturaleza; pero somos radicalmente desiguales en el momento de enfrentar esos azares como individuos. La razón de la desigualdad humana es, pues, esencialmente de carácter social. Está relacionada con el modo en que nos organizamos colectivamente los humanos para, supuestamente, mejorar nuestras condiciones de vida sobre la tierra.

 

El efecto de la pandemia en los fondos de pensiones latinoamericanos

La COVID-19 ha provocado que muchos países latinoamericanos modifiquen sus regímenes de pensiones. Concretamente, muchos gobiernos de la región han permitido que se retiren anticipadamente los ahorros hechos por las personas con vistas a su pensión. Es el caso de Chile y de Perú. En otros países, como Costa Rica, El Salvador y Colombia esta propuesta está siendo evaluada. El caso de México es diferente, pues ya permitía los retiros anteriormente. Lo que allí se ha experimentado es un aumento de los retiros.

 

El nudo del asunto es el sistema que se ha impuesto en América Latina siguiendo el modelo neoliberal chileno, conocido como de «capitalización individual». América Latina es la región del mundo que más ha seguido este modelo. Comenzó en Chile en 1980, extendiéndose a Perú en 1993, a Colombia en 1994, a Uruguay en 1996, a México y Bolivia en 1997, a El Salvador en 1998, a Costa Rica y Panamá en 2000 y a República Dominicana en 2003. Argentina, que había adoptado el sistema en 1993, procedió en el año de 2008 a nacionalizar los fondos de pensiones ahorrados privadamente.

 

Las llamadas administradoras de fondos de pensiones (AFP) se diseñaron sobre la base de ese sistema de ahorro individual para el momento del retiro, es decir, para la vejez o para un momento catastrófico. Este modo de gestionar las pensiones se distingue de otro llamado «de solidaridad generacional» o «de reparto público», en el que se supone que los trabajadores activos financian a quienes ya no están en condiciones de trabajar. El sistema de capitalización parte de la idea programática de que una vez una persona se retire recibirá una pensión similar a la del salario que tenía mientras se encontraba activa, gracias a la suma de un retiro parcial de sus ahorros y de los intereses que su AFP haya gestionado con esos ahorros a través de los años.

 

Para generar esos intereses, las AFP invierten el dinero aportado por los trabajadores en diversos instrumentos financieros con vistas, teóricamente, a beneficiar a los ahorrantes y ganarse un monto razonable por el servicio que prestan y el riesgo que corren al hacer estas inversiones.

 

Ahora bien, varios países de la región han optado por autorizar el retiro parcial o incluso total de los fondos ahorrados para las pensiones con vistas a enfrentar los efectos de la pandemia de la COVID-19. El primero fue Perú, cuyo congreso permitió por ley el 30 de abril de 2021 que los afiliados de las AFP pudieran retirar el 25% de sus fondos. En poco más de tres meses fueron retirados unos 6 mil 700 millones de dólares (casi 380 mil millones de pesos), equivalentes al 16% de lo que administraban las AFP peruanas hasta mitad de agosto del año en curso. Están a la espera otras medidas que permitan más retiros a ahorrantes activos.

 

México había previsto desde un inicio la posibilidad de retirar hasta un 11.5% de sus ahorros a las personas que perdieran su empleo. Bajo este esquema, un millón de personas han retirado en los primeros 7 meses de este año sumas que ascienden a cerca de 48 millones de dólares (2,700 millones de pesos dominicanos), para un aumento de 29% con relación al mismo período en 2019.

 

En Chile se aprobó el retiro de fondos de pensiones el 30 de julio de 2021. Hasta la mitad de agosto, en apenas 15 días, el 80% de los afiliados (6.5 millones de personas) se había acogido a la medida. Las operaciones habían ascendido a 10.7 millones de dólares (607 millones de pesos dominicanos). El promedio fue, pues, 1,300 dólares por cabeza. Al parecer, la gente sacó dinero para cubrir necesidades perentorias. En Chile se puede sacar hasta un 10% de lo ahorrado.

 

Por su parte, los legisladores de Colombia estudian la posibilidad de retirar igualmente hasta un 10% de los ahorros para pensiones, equivalentes a 7 mil millones de dólares (397 mil millones de pesos dominicanos). Medidas similares se están estudiando en El Salvador y Costa Rica. En República Dominicana, un proyecto de ley reintroducido el 16 de marzo de este año por el diputado Pedro Botello propone que el retiro sea de un 30%.

 

Para tomar posición en el debate

Un grupo de organizaciones dominicanas viene protestando desde hace meses para que se acabe radicalmente con este sistema de gestión de las pensiones. Han formado la Coalición por una Seguridad Social Digna. Sencillamente dicen: no más ARS, no más AFPs; en su opinión, solo debe haber una instancia que gestione las pensiones y esta debe ser estatal, para garantizar un esquema solidario. Algunos de los participantes en este movimiento anti AFP llegan a defender que se puede devolver el 100% de lo ahorrado hasta ahora a quien así lo desee.

 

Para tomar posición en este debate conviene recordar los orígenes de las AFP y sus consecuencias en la población. Este modelo de gestión de fondos de pensiones comenzó a implementarse en el Chile de los años 80, bajo el gobierno dictatorial y neoliberal de Augusto Pinochet. De hecho, se atribuye a Chile la puesta en marcha del sistema. Su creador fue José Piñera, el hermano del actual presidente de ese país, Sebastián Piñera. Pero ha sido en el mismo Chile que ha comenzado la ola ciudadana que exige que se elimine de una vez por todas el sistema. Mientras los grandes grupos económicos y el gobierno de Piñera lo considera todo un éxito, la mayoría de la población lo considera un fracaso. Ya en 2015 el laureado economista Joseph Stiglitz advertía que el modelo de AFP no garantizaba pensiones dignas y sumía en la inseguridad a los afiliados. De hecho, el Estado nuevamente aparece como fuente de financiación de las AFP en la medida en que garantiza sus inversiones y cubre sus muchas ineficiencias. El gran ganador de este modelo ha sido el sector financiero.

 

Lo aconsejable para el caso dominicano parece apuntar a lo siguiente. En primer lugar, revisar la ley de tal modo que se regule estrictamente el modo de operar de las AFP para que se beneficien sobre todo a sus ahorrantes. Se puede buscar un equilibrio entre una aseguradora fuerte del Estado y la administración de instancias privadas. De todos modos, la operación de las administradoras privadas debe restringirse seriamente, pues no es ético el esquema de ganancias absurdo que están teniendo las AFP dominicanas. Se estima por encima del 30% histórico los beneficios que se llevan las AFP, en contra de un 10% que se calcula para los ahorrantes (ver gráfico elaborado por Procompetencia).

 

 

Gracias al lobby, los dueños de las AFP privadas dominicanas consiguieron torcer la ley para sus bolsillos. En este año de 2021, las AFP ganan para sí, sin hacer absolutamente nada, el 1.15% de lo que tienen depositado en sus cuentas por capitalización individual. El artículo 8 de la Ley 13-20 establece en ese porcentaje para este año de 2021 el cobro de «una comisión por saldo administrado»; el año que pasó, el de la pandemia, la comisión era de 1.20%; el año que viene, 2022, se reduce a 1.10%, pero el monto depositado será mucho mayor, por lo que las ganancias serán aún mayores. La ganancia bruta de este año por este concepto ascenderá, según los cálculos de reconocidos economistas dominicanos, a unos 8,000 millones de pesos, pues el saldo depositado en las AFP privadas superará los 800 mil millones de pesos dominicanos al finalizar el 2021.

 

Otro punto moral a revisar es el modo en que se está realizando la inversión de los fondos. El grueso del dinero está siendo invertido en bonos y títulos del Banco Central y en el Ministerio de Hacienda (ver cuadro final). Eso significa que el sector financiero dominicano no solo se beneficia desproporcionadamente del dinero de los trabajadores, sino también de la generosa política financiera del Estado que procura la estabilidad macroeconómica. Ciertamente, mucho tiene que cambiar en el sistema dominicano de pensiones para cumplir con los verdaderos objetivos de una política de seguridad social que ofrezca una vida digna a la cada vez más envejecida población dominicana.