Noticias | Giancarlo La Vella
Nicaragua: Impuestos a las
limosnas y donaciones de la Iglesia
Nuevas medidas
en Nicaragua contra la Iglesia católica. La última decisión del Gobierno del
presidente Daniel Ortega aplica el régimen fiscal de la economía privada
también a las instituciones religiosas
El gobierno de
Managua está extendiendo el control público sobre todas las actividades en
Nicaragua, especialmente las religiosas. Tras las detenciones de obispos y
sacerdotes, las expulsiones de curas y monjas, la cancelación de 1.500 ONG,
muchas de ellas católicas, y la absorción de sus bienes, ahora llega la
imposición de impuestos sobre aquellos ingresos que normalmente permiten a
parroquias, escuelas y otras instituciones llevar a cabo importantes
iniciativas en los campos educativo, humanitario y religioso: los donativos de
los fieles.
Cambios radicales para la Iglesia
Se ha derogado
un artículo de la ley que garantizaba la protección fiscal de las instituciones
religiosas limitando el pago del impuesto sobre la renta y el de actividades
económicas. En su lugar, todas las Iglesias de cualquier confesión estarán
ahora sujetas a un régimen fiscal similar al del sector empresarial privado que
hace del beneficio legítimo el objeto de su actividad. Las ofrendas, limosnas y
donaciones de los fieles estarán, por tanto, sujetas al impuesto sobre la renta
a tipos de entre el 10% y el 30%. Se estima que la eliminación de las
exenciones fiscales podría tener graves repercusiones en la capacidad de
financiar iniciativas y provocar la transformación de las estructuras
administrativas con la asunción de nuevas obligaciones institucionales, como,
por ejemplo, el establecimiento de oficinas de auditoría dirigidas por
contables públicos certificados.
La preocupación de la ONU
El control
público absoluto de todas las actividades asociativas, económicas o no, se está
llevando a cabo en Nicaragua bajo la atenta mirada de la comunidad
internacional. En concreto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos ha expresado su «profunda preocupación» por el reciente cierre
de más de 1.500 ONG, entre ellas «al menos 700 religiosas». Así se recoge en un
comunicado del organismo de la ONU, en el que se afirma que la iniciativa del
gobierno «atenta de hecho contra la libertad de religión y la libertad de
asociación». En concreto, pide que se «garanticen y protejan las libertades
fundamentales» del individuo.
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