Una “modernización fiscal” que carga más a la clase media

La Escuela Económica | Esteban Delgado

 

Una “modernización fiscal” que carga más a la clase media

 

La propuesta de Ley de Modernización Fiscal presentada por el Gobierno es una iniciativa que se torna necesaria, incluso, desde hace varios años. Se trata revisar figuras impositivas a los fines de que el Gobierno pueda aumentar sus recaudaciones. Sin embargo, y sin ánimo de entrar en detalles, hay aspectos de esta iniciativa que deben ser observados, a los fines de mejorar su contenido, en la medida de lo posible.

 

Lo primero es que el Gobierno predica constantemente que la idea es reducir el endeudamiento público. Pero en realidad no habrá una reducción del endeudamiento. El déficit fiscal se mantendrá en los mismos niveles de los últimos años, más o menos un 3% del producto bruto interno (PIB).

 

Esto así, porque el Gobierno ha dicho que espera ingresos adicionales por el orden de los ES$122,486 millones anuales con esta reforma, mientras que también anuncia que invertirá esos recursos en distintas áreas, como asistencia social, construcción de obras y sector eléctrico, entre otros.

 

Entonces, si se va a incrementar el gasto público en el mismo monto en que van a aumentar los ingresos, no se reducirá el déficit fiscal.

 

Lo que sí se lograría con esta iniciativa es que la calificación de riesgo país (grado de inversión) en el mercado internacional mejores, con lo cual, la contratación de deuda del Estado, aunque siga en los mismos niveles o más, sería con tasas de interés más bajas. Eso, en el mediano plazo, no en el corto plazo, permitirá reducir el monto por pago de intereses de la deuda, que este año, por ejemplo, es de RD$266,000 millones y para el próximo 2025 se montará en no menos de RD$298,000 millones. 

 

En la medida en que se reduzca el pago de los intereses, habrá más holgura presupuestaria; pero eso no implica reducir el endeudamiento.

 

Otro punto de esta propuesta de modernización fiscal es que no hay un solo punto en específico tendente a reducir la elevada informalidad de la economía. De hecho, algunas medidas pudieran, incluso, incentivar un mayor grado de informalidad, especialmente en lo que respecta a las operaciones de las personas físicas.

 

La informalidad económica y laboral se estima en 56% en República Dominicana, mientras que la propuesta de reforma fiscal se concentra en ajustar los impuestos al otro 44% de la economía que opera en formalidad, es decir, más carga tributaria para los que pagan.

 

Y en referencia a esa parte está la composición en sí de la reforma. Si se fijan, el Gobierno espera aumentar sus ingresos en RD$122,486.6 millones, de los cuales más de 61%, es decir, RD$75,230.7 millones se conseguirán por medio de la ampliación de la base y aumento parcial de la tasa del IVA-ITBIS. Esto indica que la mayor carga pesará sobre los consumidores finales, es decir, sobre la clase media, la cual, dicho sea de paso, no recibirá ningún tipo de incentivo de parte del Estado en esta refirma. Por el contrario, resultará la más perjudicada.

 

Otros gravámenes adicionales como el ISR a las personas físicas, aumento del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) con la reducción del monto exento y la inclusión de otros bienes actualmente excluidos, la duplicación del impuesto al derecho de circulación vehicular y los impuestos selectivos al consumo, implican también más carga para la clase media.

 

En cuanto a la eliminación de ciertas exenciones fiscales a sectores productivos, se trata del único sacrificio que pesaría sobre el sector empresarial, con lo cual se espera recibir menos del 18% del total de ingresos esperados por el Gobierno.

 

Aunque se trata de una reforma fiscal con cierto nivel de equilibrio y ante la innegable necesidad de su aplicación para equilibrar en parte las finanzas públicas y fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país, la realidad es que, como el reformas anteriores, la mayor carga impositiva pesará sobre los consumidores finales, especialmente la clase media y media baja, entre las que están los trabajadores formales asalariados, a los cuales también se les aplicará una carga mayor al obligarles a presentar declaración jurada de ingresos anual, para consolidarles todas sus captaciones y así aplicarles el impuesto sobre la renta en sus ingresos superiores a los RD$35,000 mensuales.