Hipocresía en la defensa de los recursos del Estado

La Escuela Económica | Esteban Delgado (@estebandelgadoq)

 

Hipocresía en la defensa de los recursos del Estado

 

En los últimos días, un importante medio de comunicación ha estado publicando informaciones sobre la “inconveniencia” de que la Junta Central Electoral (JCE) invierta alrededor de RD$6,000 millones para la sustitución de los plásticos de la cédula de identidad y electoral por una identificación nueva, con mayores sistemas de seguridad e innovación.

 

Las críticas se han extendido hacia aquellos “opinadores” en medios de comunicación que realizan todo un espacio de debates con base en lo que publican los periódicos y no precisamente con criterios propios y mucho menos surgidos de sus propias investigaciones.

 

Incluso, se han hecho comparaciones de cuántas escuelas pudieran construirse con esos RD$6,000 millones, dejando de lado que, para la construcción de escuelas, hay cada año asignaciones presupuestarias que duplican esa cantidad y ni siquiera se ejecutan.

 

Es común ver eso en los medios de comunicación. Ocurre con el llamado “barrilito” del Senado de la República, sobre el que surgen cuestionamientos y comparaciones de áreas como educación y salud donde pudieran invertirse esos recursos.

 

En el caso del Senado, lo que destina al barrilito cada año son unos RD$370 millones. ¿Es mucho? Se puede decir que sí. Pero en términos reales, es apenas el 10% del presupuesto asignado a ese poder del Estado, que, dicho sea de paso, tiene autonomía presupuestaria y administrativa, por lo que, en caso de no usar ese dinero para esos fines, no se los devuelve al Estado, sino que los utilizaría para “otra cosa”. Eso sin dejar de lado que la partida total asignada al Senado es alrededor del 0.2% del Presupuesto General del Estado.

 

Pero me refiero a la hipocresía y simulación de determinados “hacedores” de opinión pública, debido a que muy pocos se interesan en criticar al Gobierno cuando toma decisiones de gastos de recursos en áreas que claramente no aportan nada a la mejoría de la calidad de vida y del desarrollo de la ciudadanía.

 

Por ejemplo, en más de una ocasión, el presidente Luis Abinader, que conoce de las limitaciones del Estado en términos presupuestarios para cubrir las necesidades sociales, dispone cada año de ciertas asistencias sociales que ni siquiera forman parte de los planes que para esos fines están establecidos en el presupuesto. Me refiero a los llamados “cariñitos” para las madres o “bono navideño”, entre otros.

 

Veamos. La JCE va a invertir RD$6,000 millones en la dotación de una cédula de identidad, tomando en cuenta que la vigente está vencida, que no tiene los componentes tecnológicos de la actualidad y que se trata de un documento de vital importancia para toda clase de trámites legales de los ciudadanos; no solo para ejercer el voto cada cuatro años. Eso es lo de menos.

 

¡Ah! Pero hay quienes se lo encuentran mucho. Y uno se pregunta: ¿a esos no les preocupó cuando el Presidente anunció un bono navideño de RD$1,500 para tres millones de personas? Sobre ese gasto, a todas luces innecesario, el Estado destinó RD$4,500 millones como monto a repartir. Pero, además, debió pagar al menos RD$400 por cada plástico emitido para retirar cada partida, lo cual, multiplicado por tres millones, resulta en RD$1,200 millones.

 

Lo anterior indica que, solo para el “bono navideño”, el Gobierno gastó al menos RD$5,700 millones, es decir, casi el equivalente a los RD$6,000 millones que va a “invertir” la JCE en la dotación de un importante y permanente documento de identidad ciudadana.

 

Esos recursos de “bono navideño”, “cariñito a las madres”, “bono escolar”, entre otros aportes extraordinarios, que no forman parte de la inversión social permanente como la tarjeta “Supérate” y los subsidios a la luz, al gas, entre otros, para los hogares pobres, implican gastos fuera de presupuesto de parte del Gobierno, que son innecesarios porque no impactan en una mejora de la condición de vida de quienes los reciben, además de que carecen de la más mínima transparencia, pues ni siquiera se publican los nombres de los beneficiados.

 

Pero resulta que, lo que “indigna” a ciertos “comunicadores”, es que la JCE haya convocado a una licitación pública internacional, con los debidos pasos institucionales de transparencia, para cumplir con el mandato legal de renovar un documento de identidad, porque entienden que es mucho dinero.

 

Y miren que cosa. Cada plástico de la nueva cédula terminaría costando RD$700. Solo el del bono navideño, de uso temporal, costó RD$400.