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    Dos Éticas enfrentadas

    No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella: Dos éticas enfrentadas: PLD y Sociedad Civil.  El domingo 11 de noviembre de 2012, una multitud estimada en 10 mil personas se reunió frente a la Puerta del Conde para protestar contra el “paquetazo fiscal” impuesto por la práctica autoritaria de gobierno del PLD unos días antes y contra los abusos policiales que ya han cobrado dos víctimas en respuesta a un movimiento cada vez más amplio de protesta ciudadana. La convocatoria a aquella verdadera asamblea popular se hizo por las redes sociales. Se gestó básicamente de manera espontánea. La sociedad dominicana se ha movilizado políticamente de una forma nunca antes vista, con la participación de las clases media y media alta. El fenómeno se ha seguido repitiendo por distintas partes del país.
    ¿Por qué se moviliza de manera multitudinaria la sociedad dominicana al comienzo del gobierno de Danilo Medina, incluso antes de que se cumplieran los tradicionales 100 días de tregua para las nuevas autoridades? Porque están enfrentadas dos éticas políticas: la que promueve el PLD desde el poder y la que clama desde hace tiempo la sociedad civil organizada, ahora convertida en reclamo social generalizado.

    1. Ética deontológica del poder autoritario
    Desde el punto de vista filosófico, debe discernirse el papel que está cumpliendo el discurso ético como parte de las estrategias de gobierno del PLD. Esto nos mostrará que hay dos visiones de la ética enfrentadas en el momento actual y que este enfrentamiento es reflejo de la ruptura histórica que existe entre el Estado y la sociedad dominicana, ahora profundizada por el control absoluto de los poderes que tiene el partido de gobierno a través del liderazgo de su Jefe, el expresidente Fernández.
    En sus primeros cien días, el gobierno de Medina ha realizado una reducción de la ética a mera deontología profesional. Esto consiste en equiparar la ética a códigos profesionales de buena conducta y a buenas prácticas dentro del aparato administrativo, sin cuestionar los mismos fines de la administración, ni las estrategias de dominio del partido en el gobierno. Se trata de una ética funcionalista y conservadora, que no revisa a fondo las estructuras autoritarias de poder del partido ni sus fraudes recientes en el manejo de lo público. Por eso no debe confundirnos que el gobierno, en sus ejercicios de crear opinión pública sobre el tema ético y venderse a sí mismo como abanderado de la ética, haya subido el rango de la antigua “Comisión de ética de la Presidencia” a “Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental” (DGIG).
    Una filosofía crítica muestra cómo estas comisiones son incapaces de cuestionar las estructuras mismas que sustentan el poder de la institución en las que desempeñan su función, pues su misión llega, en el mejor de los casos, tan solo a corregir deficiencias técnicas de la institución que las ha creado. Los comités de ética más conocidos son los del área médica y pueden servirnos como ejemplo comparativo. No es normal que un comité de bioética impulse un movimiento social y declare la guerra a las transnacionales farmacológicas en un movimiento civil mundial tipo “Greenpeace”, ni que cuestione el actual sistema de salud que ha convertido la vida de la gente en mera mercancía. Este ejemplo ayuda a entender por qué la nueva “Dirección General de Ética” ha funcionado hasta ahora como una “bocina” legitimadora de las prácticas del gobierno peledeísta y su sistema patrimonialista de manejo del poder. También ayuda a entender por qué su director, Mario Vinicio Castillo, no ha sabido responder ni una sola de las objeciones éticas de la sociedad sobre los escándalos en las pensiones, remitiendo la discusión ética a la esfera del derecho o de los reglamentos existentes, saliéndose del mandato que tiene por su cargo. ¿Puede comportarse de otra manera el abogado de los fraudes bancarios de 2003?
    De acuerdo con declaraciones del director de la ética del gobierno, las pensiones escandalosas de los funcionarios salientes no atentan contra la ética, porque se hicieron con apego a los reglamentos existentes. Mera deontología del poder autoritario. No debe extrañar por tanto que nadie del PLD lo haya desautorizado, incluso aquellos que en conversaciones privadas dicen no estar contentos con su presencia. El que los reglamentos de pensiones hayan sido amañados por el poder peledeísta saliente (y remanente) no es “tema ético”, de acuerdo con el reduccionismo deontológico de la ética por el que ha optado el gobierno con fines de legitimarse.
    Dentro de la misma lógica reduccionista se puede evaluar el “Código de pautas éticas” promulgado por el gobierno para sus funcionarios apenas asumió el poder. Gracias a este discurso, se niega a someter legalmente a sus principales funcionarios y representantes en las cámaras, porque forman parte de su ejercicio del poder. Por eso Abel Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados, ha podido violar nuevamente con su martillo fascista la Constitución aprobando una Ley orgánica como Ley ordinaria. Desde el gobierno no se quiere someter a revisión ética ni a sanciones legales a funcionarios que se han enriquecido a costa del erario y que ayudaron a financiar la campaña electoral que mantuvo y mantiene al PLD en el poder. Estamos ante lo que la ciencia política contemporánea llama un “partido cartel”. Si el antiguo superintendente de bancos, nombrado en el nuevo gobierno como contralor, Ivanhoe Ng Cortiñas fue destituido del cargo sin mayor explicación ética, se debió a la presión pública, no a esta ética deontológica del gobierno. Nadie del nuevo gobierno parecía acordarse de que Ng Cortiñas ya estuvo preso por mal uso del dinero público. Así también se explica por qué el gobierno nombró como presidente de la nueva Dirección Nacional de Ética a un aliado político que no solo ha sido defensor de los perpetradores del fraude bancario de 2003, sino que es líder de un partido de ultraderecha con prácticas xenofóbicas. Este nombramiento es “éticamente posible” para la deontología del poder, porque los cargos del Estado se siguen repartiendo en términos de alianzas políticas, no por concurso, competencia o idoneidad. Por la misma razón se le ha asignado a este partido la Dirección Nacional de Migración o se le deja manipular a la Junta Central Electoral con el objetivo de dejar en un limbo jurídico a dominicanos de ascendencia haitiana, negándoles la entrega de sus documentos civiles.

    2. Etica teleológica de la sociedad civil indignada
    Frente a la ética deontológica del poder peledeísta, vaciada de contenidos y propiciadora del “borrón y cuenta nueva”, se manifiesta por todos lados una “ética de la sociedad civil”, más cercana a la ética crítica propuesta, por ejemplo, por la Escuela de Frankfurt. Esta ética se moviliza indignada contra un “poder no comunicativo” que usa el discurso ético para legitimar el aparato burocrático y descalificar moralmente los reclamos de la sociedad. La ética de la sociedad civil pide sanción para los corruptos y se ha organizado en un nuevo movimiento, “Justicia Fiscal”, que no se conforma con “parches deontológicos”. De acuerdo a la filosofía práctica, es una ética de tipo “teleológico”, pues se pregunta por los fines (télos) y las responsabilidades históricas de la situación actual.
    Esta ética de la sociedad civil, expresada como movimiento social, ha diseñado un programa ético político muy distinto al del gobierno autoritario del PLD. En realidad, no está contra el “paquete fiscal” introducido por el gobierno, que tiene puntos positivos. Está contra el “paquetazo fiscal”, es decir, contra la imposición de una reforma tributaria que viola la Ley y que ha sido sorda a los reclamos ciudadanos, formulados a través del Consejo Económico y Social (CES). Esta ética cuestiona el ejercicio político que alimenta el clientelismo y refuerza prácticas empresariales divorciadas del bien común. Denuncia el patrimonialismo en la administración pública, que ha llevado a un “fraude fiscal” nunca antes visto. Para esta ética, es inadmisible que se tome el dinero de todos para financiar el propio partido y que se repartan los cargos públicos para saldar deudas de alianzas partidarias. Denuncia también jugosas contratas hechas sin los debidos procedimientos, que ha creado una nueva clase de millonarios y amenaza la ecología nacional.
    Fruto de todo lo anterior, la ética de la sociedad civil está cuestionando la misma concepción del Estado que promueve la clase política dominicana. Esta concepción de Estado, que exhibe con orgullo un gran crecimiento económico, no ha sido capaz de cumplir con el ABC de cualquier teoría del desarrollo: garantizar educación, salud, servicios públicos de calidad y seguridad a su población. La ética de la sociedad civil dominicana cuestiona la legitimidad del modo en que los grupos políticos se han apropiado de lo público y han ejercido el poder para su propia perpetuación en el tren administrativo, con vistas a enriquecerse desmedidamente.
    Porque la ética de la sociedad civil no está contra el pago de impuestos (paquete tributario), sino contra el abuso de poder (“contra el paquetazo”), la movilización ciudadana seguirá y debe seguir. Ella reclama “justicia fiscal”, que significa: reforma fiscal integral, fin de la impunidad, guerra a la corrupción y una práctica estatal que dignifique la vida de la ciudadanía, trayendo paz a los hogares.

    3. Superar la dicotomía de las éticas opuestas
    El análisis ético muestra, por tanto, que se encuentran enfrentadas dos concepciones éticas y que este enfrentamiento ético se debe a una oposición más profunda entre una concepción del Estado y un reclamo histórico de la sociedad dominicana. Esto ayuda a entender por qué el gobierno se retiró del diálogo con el CES y los voceros del gobierno pasan a descalificar moralmente a una sociedad civil empoderada que considera compuesta de “macos y cacatas” si no legitiman sus prácticas de dispendio público del pasado reciente. Fue la misma estrategia discursiva adoptada por el Jefe del Partido, Leonel Fernández, cuando se dirigió al país el 13 de noviembre pasado.
    Ahora bien, el enfrentamiento de estas dos éticas no debe perpetuarse. Ambas posiciones son correctas, pero no se pueden excluir sistemáticamente, porque se autodestruirán. La instauración del “Código de ética” peledeísta no debe ser obstáculo para escuchar el clamor ético de la ciudadanía; y viceversa, el clamor ético histórico de la sociedad tiene que aterrizar sus reclamos en puntos deontológicos asociados a la administración pública y organizarse en un programa realista. En este sentido, la ética de la sociedad civil puede retomar para sus reclamos cuatro puntos sistematizados por el economista Pavel Isa Contreras: 1) la investigación del desborde presupuestario de 2012 para establecer responsabilidades políticas y penales; 2) eliminar el “barrilito” o “cofrecito” del presupuesto de 2013; 3) exigir la construcción de un presupuesto 2013 a partir de “cero” (es decir, sin tomar como referencia el presupuesto de 2012), con amplia participación ciudadana; 4) racionalizar el personal del servicio exterior dominicano.
    Para que el descontento no se traduzca en violencia, sociedad civil y clase política dominicanas deberán aprender a escucharse mutuamente y a llegar a manejar sus conflictos de manera creativa, al servicio de un modelo social que dignifique a quienes estamos llamados a convivir en el territorio dominicano. No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella, Centro Bonó ADH 763.