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    Lo que tenemos seguro

    No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella, sj. Lo que tenemos seguro es la inseguridad. La “seguridad” es el tema que más preocupa a la sociedad dominicana en estos momentos. Las últimas encuestas de percepción ciudadana lo confirman de manera sistemática. Resulta incomprensible que el tema no haya sido abordado como prioritario por el gobierno presidido por Danilo Medina y que la búsqueda de soluciones se siga perdiendo en los laberintos de comisiones que hasta el momento han mostrado ser incompetentes y trabajar desarticuladas.
    El gran desafío de enfrentar efectivamente la falta de seguridad tiene que ver con el caos ocasionado por las soluciones que se vislumbran. Todo el mundo opina sobre el tema, pero no todas las soluciones concuerdan. Las personalidades más autoritarias piden represión, mano dura. Los actores socialmente más conscientes entienden que el problema es sistémico y que solo tendremos seguridad cuando haya menos desigualdad. En fin, los comunicadores sociales se quieren mostrar al público como muy sabios y no se cansan de repetir algo que no acaban de explicar convincentemente, a saber, que la inseguridad se explica a partir de un cuadro “multifactorial” de causas y que esta condición multifactorial demanda una “intervención integral”, porque refleja “los problemas complejos de la sociedad”. Pero todas estas tentativas explicativas tienen algo en común: no acaban de atinar a concertar un plan que reduzca la violencia y que nos permita vivir en paz en nuestras vidas cotidianas.
    Una primera tarea ante esta confusión de opiniones es discernir las implicaciones éticas que cada una entraña. De este discernimiento se pueden colegir algunas medidas prácticas que la ciudadanía organizada podrá apoyar, presionando a las autoridades en esa dirección.

    1. Discernimiento de las explicaciones de la inseguridad
    A pesar de lo evidente que parece, desigualdad y aumento de la violencia no siempre van de la mano. Guillermo Cifuentes (en quien nos inspiramos para hacer estas reflexiones) ha mostrado que no se puede establecer un vínculo automático entre desigualdad y violencia. Trae como ejemplo su natal Chile, donde los índices de desigualdad son grandes, iguales prácticamente a los de República Dominicana. Sin embargo, los índices chilenos no se traducen en niveles de violencia como los dominicanos: nosotros registramos seis veces más la cantidad de muertes violentas que se registran en Chile.

    2. Una definición de seguridad ciudadana que ayude a pensar
    Es importante plantearnos, entonces, una definición de “seguridad ciudadana” que ayude a pensar las políticas públicas al respecto. Lo primero que debe de quedar claro es que se trata de un derecho de las personas. Este derecho tiene que ver con no ser víctimas de violencia física o directa y de no ser despojado arbitrariamente de aquello que les resulta necesario para tener una vida digna. El principal garante de este derecho es el Estado; pero también depende de una cultura pública compartida que propicie el respeto de la integridad de las personas en la vida cotidiana.
    También es necesario evitar definiciones de seguridad ciudadana de tipo militar o guerrero. Estas tienden a poner un acento excesivo en la represión policial para la solución de los problemas de inseguridad. Como contraparte, este tipo de enfoque deja en el limbo los mecanismos por los cuales la comunidad puede colaborar en la creación de un ambiente de seguridad. Esto trae como consecuencia un debilitamiento del Estado de derecho.
    El debilitamiento del Estado de derecho lleva a que se trate la seguridad como un asunto criminológico que demanda un castigo o punición. Una vez se criminaliza la comprensión de la violencia, resta poco espacio para la acción ciudadana cotidianamente comprometida.

    3. Los responsables de la seguridad ciudadana
    Dado el callejón sin salida que se presenta al enfoque criminológico de la seguridad ciudadana, emergen por muchos puntos soluciones individuales que “privatizan la seguridad”. Esos tipos de soluciones son básicamente de dos tipos. Uno, es el más conocido, son las empresas de “wachimanes”, que están en manos de exmilitares dado el tema escabroso del manejo de armas de fuego por un personal mal entrenado. Este mecanismo deja intacto las estructuras de privilegio que heredan los militares de nuestros gobiernos autoritarios.
    El otro tipo de solución es extraño, pero se puede encontrar provisoriamente en comunidades rurales o semi-rurales. Es la formación de “policías comunitarias” que enfrentan directamente la delincuencia. El caso más reciente, que ha llevado a cierta tensión entre Estado y sociedad, se dio en la zona de Río Verde, La Vega. Las autoridades públicas desautorizaron este sistema de policiamiento comunitario, pero dejó insatisfecha a las comunidades implicadas. La gente siente que la prohibición de la policía comunitaria tiene que ver con la implicación de la policía nacional en los robos y asaltos de la zona.
    Todo apunta, entonces, a un problema institucional. A esto se suma un problema de control territorial. Así, la solución vendrá por un reforzamiento de la institucionalidad del Estado en todos los niveles, que contrarreste los procesos de erosión social que produce el capitalismo global en su cultura “privatizadora”. Mientras más se refuerce la imagen ideal de ser humano como “actor privado que busca solo su interés”, es previsible que aumente la inseguridad ciudadana en todos sus aspectos. Si el Estado se sigue manejando sin apego a la Ley y sistemáticamente se conceden exenciones a los amigos electorales del partido, sean civiles o militares, poco se puede esperar en términos de seguridad.
    En países como el nuestro, donde la sombra del autoritarismo tipo trujillista aún se proyecta sobre los mecanismos sociales, se es especialmente proclive a plantear la solución de la inseguridad en términos militarizados y policiales, engendrando una curiosa confusión institucional. A la policía se la quiere militar; a los militares se les asignan tareas policíacas; y a ambos se les asigna presupuesto para “actividades sociales” orientadas supuestamente a atender a sectores poblacionales proclives a la violencia delincuencial. Estos planes, como no son institucionalmente coordinados, no ayudan a que la población visualice su futuro como una consecuencia de su participación en los mismos. Se sigue inseguro, “a la buena de Dios” que es lo mismo, “a la buena de prácticas clientelares”.
    En fin, especialmente grave es el problema actual del cumplimiento y aplicación de la Ley. A los fiscales se les pide que no apliquen el código de derecho penal orientado al respeto de la persona humana. Se cuestiona por todas partes el código del menor sin conocimiento de causa y “se sabe” que no habrá sanciones legales contra acciones que conculquen el derecho ajeno perpetradas por gente bien enchufada con el poder político y económico. Esta tibieza al aplicar la Ley, sobre todo a los altos funcionarios gubernamentales ligados al partido, alimenta de modo preocupante el desinterés y la desconfianza ante las soluciones institucionales. Mejor resulta tener algún amigo en el gobierno o en algún puesto de significativo poder social, que cumplir con lo establecido en la Ley.
    Por todo esto, puede concluirse que el sometimiento de todo el mundo a la institucionalidad legal es la condición por excelencia para el aumento de la seguridad ciudadana en República Dominicana. La institucionalidad pública crea confianza en que las cosas se harán como deben de hacerse y que no se será objeto de engaño de sectores más expertos o poderosos. No en vano aparece como el punto número 1 en el “Informe Attali”, que prioriza las tareas para el proceso de aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este mismo sentido, se aclara la importancia de someter a la Ley a aquellos personajes de la vida pública que amasaron sumas millonarias como ladrones de cuello blanco. Aquí tenemos el síntoma principal de la causa más profunda de nuestra inseguridad: andamos como “chivos sin ley” en el mundo capitalista globalizado, compitiendo los unos contra los otros para acumular riquezas que individualmente no necesitamos. Mientras esta cultura socioeconómica predomine, lo único que tendremos seguro es la inseguridad.