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    Otra vez el salario justo

    No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella, Instituto Filosófico Pedro F. Bonó.  Otra vez el salario justo.
    La discusión más importante que se ha verificado en el mes de abril en República Dominicana gira en torno al ajuste salarial. El tema irrumpe como resultado lógico del “paquetazo fiscal” impuesto por el gobierno a fines del año pasado para tapar el déficit fiscal sin afectar al propio partido. La canasta básica de bienes y servicios ronda actualmente en los RD$ 27,000. En realidad, la discusión salarial seguirá focalizando la atención de la opinión pública hasta que no se llegue a un equilibrio que satisfaga mínimamente a empleadores y empleados.
    Ahora bien, el tema del “salario justo” nos acompañará eternamente en nuestras búsquedas de una sociedad más justa y solidaria. Podría decirse que los salarios normalmente son “injustos” y que las demandas asociadas al “salario justo” no hacen otra cosa que instaurar un necesario espacio de negociación política.
    En este artículo vamos a reflexionar en tres momentos acerca del tema. En un primer momento, organizaremos los argumentos centrales de la doctrina social de la Iglesia acerca del salario justo. En un segundo momento, haremos un breve recorrido histórico sobre la realidad salarial en República Dominicana. En un tercer momento, se sugieren algunas pistas para seguir caminando.

    1. El salario justo en la Doctrina Social de la Iglesia (DOSOI)
    La reflexión ética sobre el salario justo es uno de los aspectos que separa a la DOSOI del liberalismo económico. Ya León XIII la consideró una cuestión de mayor importancia; pero las discusiones en torno al mismo ocuparon el foco de interés cuando la enseñanza social de la Iglesia esclareció suficientemente cómo comprendía el sentido social de la propiedad.
    La DOSOI nunca ha creído que la definición del salario se deba dejar al mero juego de las fuerzas del mercado. Para la fijación del salario justo, se necesita la participación activa de las asociaciones civiles, entre las que destacan los sindicatos. La DOSOI sugiere que no habrá salario justo sino interactúan conflictivamente los grupos ciudadanos organizados. Naturalmente, esta simpatía por la organización gremial no es ciega a la triste historia de la corrupción que acecha a cualquier gremio. No se trata, por tanto, de postular un paraíso de la sociedad civil organizada como contrapuesta al Estado. Hay que tomar en cuenta otros criterios en el establecimiento de un salario justo.
    El tema del salario justo fue abordado de manera explícita y sistemática en la encíclica Quadragesimo Anno (Nn. 63-67; de ahora en adelante QA). La Encíclica resalta en primer lugar la necesaria implicación de los obreros en el uso correcto del salario que ganan. Lógicamente, por mejor que sea una situación salarial, el uso responsable del propio dinero no está garantizado. Esta conciencia llevó a afirmar que el salario no es injusto en sí mismo, sino que está relacionado con sus usos sociales. De paso, la DOSOI tomaba distancia de la interpretación comunista que afirmaba que el salario era sinónimo de mecanismo de explotación. Puede decirse que la DOSOI siempre ha creído que el salario es un medio aceptable para organizar las relaciones económicas en búsqueda de mayor justicia.
    En ese sentido, la DOSOI ofrece una serie de pistas que permitan regular convenientemente el salario. La primera es un concepto nuevo de empresa. La QA sugiere nuevas formas asociativas empresariales, donde la distinción entre patronos y obreros se vea difuminada. A esto llamó “contrato de sociedad” y afirma haber conocido casos muy beneficiosos para las partes contractuales. Esta asociación puede ser en el dominio de la empresa (las acciones) o en la administración (parte gerencial), y está orientada a una distribución más equitativa de los beneficios.
    Una segunda pista es considerar diversos factores en el momento de fijar un salario. La encíclica estima como errónea la idea de aplicar una “regla única” en el momento de fijar el salario. Admite que la tarea es “dificilísima” y rechaza firmemente la “ligereza” del juicio en materia salarial. Concretamente, declara como ligera la idea de que el salario solo debe fijarse en función de lo producido por el trabajador, porque sería poner el capital sobre el trabajo.
    Años más tarde, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, N. 302, sistematizaba la enseñanza sobre el salario justo con estos términos:
    La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El « salario justo es el fruto legítimo del trabajo»; comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado (cf. Lv 19,13; Dt 24,14-15; St 5,4). El salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la tierra: « La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común ». El simple acuerdo entre el trabajador y el patrono acerca de la remuneración, no basta para calificar de « justa » la remuneración acordada, porque ésta « no debe ser en manera alguna insuficiente» para el sustento del trabajador: la justicia natural es anterior y superior a la libertad del contrato.

    2. El trasfondo histórico de la situación salarial dominicana en 2013
    La realidad salarial se percibe mejor tomando en consideración lo que los economistas llaman “poder de compra del salario mínimo”. Teniendo como referencia el poder adquisitivo real, se puede afirmar que desde hace años la República Dominicana ha experimentado una desvalorización sistemática del valor del trabajo de los más pobres. Un obrero de una gran empresa dominicana podía comprar en 2012 solo el 74% de lo que podía comprar un obrero como él en 1968. Las cosas son más graves en otros espacios: en las empresas medias, el poder de compra bajó en el mismo período al 51%; en las pequeñas, al 45%. Y en las zonas francas, tantas veces aplaudidas, descendió al 58%. Esta tendencia de la caída del “salario real” fue continua hasta fines de los años 80 y después ha ido teniendo pequeñas subidas y bajadas; pero nunca una mejoría sustancial.
    La planificación económica del país ha sido perversa en ese sentido. Dicho en términos de la DOSOI, se ha privilegiado el capital sobre el trabajo. Las grandes inversiones han garantizado sus pingües ganancias manteniendo salarios deprimidos. Se puede decir que el gran crecimiento económico de República Dominicana se ha cimentado sobre la base de salarios indignos.
    En los años sesenta del siglo XX primó en República Dominicana un modelo económico de industrialización que procuraba la sustitución de importaciones. Con el objetivo teórico de proteger la “naciente industria nacional”, las políticas oficiales aprobaron salarios deprimidos y se conformaron con un sistema de seguridad social muy precario. Durante los 12 años de Balaguer, el salario mínimo se mantuvo en los 60 pesos mensuales. Solo al final de aquellos años de represión subió el salario mínimo a 90 pesos mensuales. En cierta forma, la represión política era funcional con el modelo económico basado en la “naciente industria nacional”. Otro recurso para implementar el modelo fue una política de control de precios, sobre todo de los alimentos. Esa fue la función política del INESPRE, que afectó la consolidación de un sistema social de distribución alimentaria más equitativa y menos susceptible de clientelismo y robo. Entre sus efectos colaterales, esta política de control de precios empobreció a los productores del campo, sobre todo a los pequeños campesinos.
    El modelo de sustitución de importaciones convivía con la antigua industria de exportación centrada en la caña de azúcar. Por los empujes del capitalismo global, este modelo cedió paso en la década de los 1980 al de zonas francas y turismo. Ello impidió el mejoramiento del salario, aunque pareciera un buen recurso contra el desempleo. También afectó la conquista de derechos laborales asociados a la seguridad social y ayudó a debilitar las luchas sindicales, las únicas que han conseguido mejorías salariales para los pobres a lo largo de la historia. Puede decirse más: si las zonas francas crecieron tanto fue por una política querida y aprobada de desplome salarial y de empeoramiento de la dignidad del trabajador. La rentabilidad de las zonas francas a escala mundial, todo el mundo lo sabe, se basa justamente en la depresión de los salarios. Este esquema se profundizó en los años 90, cuando se multiplicó sobre todo el sector exportador de ropas y los servicios hoteleros para el turismo internacional. Ahora se decía que los salarios (que no empeoraron sustancialmente, pero para nada mejoraron) debían mantenerse bajos “para garantizar la competitividad de la economía del país en el mundo globalizado”. Esto llevó a crear un salario mínimo especial para las zonas francas, inferior al nacional. Como afirma el economista Pavel Isa de manera magistral en el artículo que ha servido de base para este recorrido histórico, “el funcionamiento de la economía cayó en una trampa en la que el éxito económico dependía del fracaso social”.

    3. El escenario presente
    Bajo este trasfondo histórico, se entiende por qué las luchas más recientes por salarios mínimos más dignos han sido infructuosas. Prácticamente, lo que han hecho es corregir la inflación. Es decir, en términos reales no ha habido un verdadero aumento salarial en los últimos años. A lo más, se ha compensado una parte del poder de compra perdido. Esta tendencia debe ser revertida. El punto es cómo. En este sentido van dos consideraciones finales.
    En primer lugar, resulta importante hacer una política económica sostenida por varios años orientada a mejorar el salario mínimo real. Una manera sería hacer aumentos sistemáticos todos los años, un poco superiores a la inflación. De esta manera, las empresas o instituciones pueden planificarse con tiempo, haciendo los ajustes presupuestarios necesarios para dignificar a las personas trabajadoras y su trabajo. Esta medida podría engendrar un círculo virtuoso, expandiendo los mercados. Más gente con más capacidad de compra aumentará la demanda y en principio exigirá mayor actividad productiva o comercial.
    En segundo lugar, y como consecuencia del primero, debe de darse una profunda transformación cultural en el mundo laboral dominicano. Las empresas tendrán que hacerse más eficientes; los dueños o empleadores más atentos a la vida real de sus empleados; y los empleados deberán trabajar con más disciplina y conocimiento de lo que tienen entre manos. Por eso, el aumento de salario en realidad exige una transformación de la política laboral, lo que puede hacer pensar, entre otras cosas, en la constitución de un Ministerio del Trabajo y de Políticas Sociales que nos saque de las políticas asistencialistas que promueven el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
    Solo queda una pregunta para la acción: ¿quiénes son los responsables de dar los primeros pasos en esta dirección? He aquí otro horizonte de lucha para el movimiento social dominicano más organizado, una vez se consiga la justicia fiscal. El primer escenario es convertir el Comité Nacional de Salarios en un verdadero espacio plural y democrático, donde se oiga la voz de los más pobres.