Cultura política y corrupción…

Actualidad | Cristian Peralta, SJ

 

Cultura política y corrupción… Pero,
 ¡¿cuál es el problema?!

 

Mientras realizaba estudios en Chile, tuve un compañero que, ante la expresión pública de una barbaridad manifiesta, decía con tono irónico: «Eso que acaba de decir da para un artículo de investigación en la Revista Criterio». Ciertamente en Chile no existía esa revista, pero lo decía para no referirse directamente al causante de semejante atropello al buen juicio y al sentido común con el adjetivo sudamericano «descriteriado».

 

He recordado la frase de mi compañero cuando recibí el fragmento de una entrevista realizada a un servidor público que, al parecer, sufrió un repentino ataque que sinceridad. Y es que, luego de negar todo vínculo paterno con la patria y asegurar que no comparte rasgos de santidad con la Madre Teresa de Calcuta, afirmó que, si un político tenía la oportunidad de beneficiarse económicamente de su posición, resultaba evidente que lo haría. Más aún, transparentando un hondo sentimiento de indignación, expresó: «Pero, ¡¿cuál es el problema?! ¡Si eso no es escondido!». Con ello, por alguna razón que no indicó, relacionó la supuesta inocuidad de dicha corrupción de la función pública con el hecho de que sucede a plena luz del día y con total conocimiento de los que le rodean. Más aún, cual pedagogo, dio un ejemplo de dicha práctica aludiendo a la concesión de un permiso para el establecimiento de una estación de combustible, bajo el alegato de que no se negaría a recibir dinero para «mover eso» en el ayuntamiento, eso sí, sin tocar el sacrosanto erario público.

 

Más que referirme al protagonista de la mencionada entrevista, deseo brindar algunas ideas sobre lo que manifiestan, a mi modo de ver, algunas de sus afirmaciones. Adela Cortina, en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, hace referencia a la indignación como sentimiento ético. La indignación, precisa la autora, remite a una idea previa de justicia, por lo que ésta brota con fuerza cuando experimentamos, en nosotros o a nuestro alrededor, alguna situación que intuitivamente catalogaríamos como injusta. El tono de indignación que se percibe en la entrevista a causa de los cuestionamientos sobre el aprovechamiento de la función pública para el enriquecimiento personal, transparenta el concepto de justicia que lo fundamenta: es justo que un servidor público obtenga beneficios colaterales a causa de la función que desempeña.

 

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su ensayo Cómo mueren las democracias, a propósito de la preservación del orden constitucional y las instituciones de los países democráticos, enfatizan una idea con apariencia de obviedad, pero con resonancias prácticas interesantes: en todos los países existen reglas escritas y reglas no escritas. La interacción entre ambos tipos de reglas constituirían un elemento importante en la configuración de la cultura política y cívica de dicho país. Las reglas escritas, según los autores, solo pueden sostenerse en la medida en que las reglas no escritas contribuyan a ello. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son las reglas no escritas que sirven de suelo nutricio y posibilitan el funcionamiento de las instituciones y leyes de nuestro país? Esta pregunta es importante, ya que, si se normalizan las prácticas como el ventajismo, las prebendas, la colusión política y empresarial, el aprovechamiento del poder político, económico o religioso para el beneficio particular o de aquellos que nos rodean… lamentablemente, ya pueden redactarse los mejores textos constitucionales y los más detallados reglamentos de aplicación, pero sin un asentado y democráticamente sano sentido de lo público, del bien común y la justicia social, mediados por una cultura cívica, simplemente no nos faltarán grandes urdidores de trampas e incansables buscadores de resquicios legales que permitan la corrupción.

 

Es evidente que la corrupción puede estar presente, y de hecho está, en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, aunque esto no significa que todos los participantes de dichos ámbitos sean corruptos. En nuestro país existen personas con un hondo sentido del bien común, un importante testimonio de compromiso por la justicia social y un manejo cotidiano movido por la honradez. El punto es que las normas legales no son suficientes para acabar con la corrupción, se necesita de una transformación cultural en la que las reglas no escritas que pululen en nuestro modo de relacionarnos con lo público apunten al bien común. Para entendernos, no es cierto que la recepción de pagos o regalos con el objetivo de obtener un permiso en algo que toca al interés común, deja de denigrar la función de representación ciudadana que corresponde a un servidor público, no importa que este se abstenga de tocar el dinero del pueblo. Recordemos la tercera acepción que trae el diccionario de la palabra soborno: «Cosa que mueve, impele o excita el ánimo para inclinarlo a complacer a otra persona». De otra forma, no solo es corrupción el robo directo del dinero de los contribuyentes, lo es también el incumplimiento de las funciones para las cuales fue elegido, lo cual es agravado por la parcialización hacia el interés de un particular en detrimento de la función que le corresponde en la protección del bien común y el interés general.

 

No nos engañemos, el error de esa declaración no consistió en manifestar públicamente una práctica que se presume habitual, sino el hecho de pretender que dicha práctica sea juzgada como moralmente neutra. Lo que esto manifiesta es la urgente necesidad de la formación de la conciencia moral y cívica, esa que permite sopesar las acciones en relación a lo común como buenas y malas, esa que impulsa al compromiso con las normas de la sana convivencia ciudadana, esa que nos ayuda a renunciar a aquello que vaya en contra de la justicia social y el bien común. Existe la posibilidad de educar la conciencia cívica y no solo desde el sistema educativo formal, sino, y considero que sobre todo, con el testimonio que se gesta en lo pequeño y en la cotidianidad. Necesitamos referentes de que una vida honrada es una vida plena. A la vez que necesitamos que crezca en nosotros la capacidad de indignación ante la corrupción, la impunidad y el atropello de lo común. No podemos alentar, ya sea activa o pasivamente, una sociedad sin régimen de consecuencias, sin capacidad de reproche ante lo mal hecho o donde se fomente una concepción del Estado como patrimonio particular de quienes ostentan el poder político y económico. Debemos evitar, a toda costa, que el sentido del escándalo muera en nuestro interior, normalizando todo aquello que debería generar en nosotros un comprometido reclamo de justicia.

 

Ojalá y algún día, con el compromiso de todos, podamos como país dejar de engrosar los números de la Revista Criterio. ADH 858.