Vida Humana | Redacción A&O
John Ramírez tendrá a su
pastor en su ejecución, «pero eso no lo hará un acto justo»
La Conferencia Episcopal de Estados Unidos se
pronuncia sobre el caso del condenado a muerte que ha solicitado que su pastor
rece junto a él cuando sea ejecutado
La semana pasada el Tribunal Supremo de Estados
Unidos falló con ocho votos a favor y uno en contra a favor de John Ramírez, un
recluso condenado a muerte, en su solicitud de que su pastor orara en voz alta
e impusiera las manos sobre él mientras el estado de Texas lo ejecuta.
Ramírez, que fue condenado a muerte en el año 2008
por robar y asesinar a un empleado de un restaurante en la ciudad de Corpus
Christi (Texas), iba a recibir la inyección letal el pasado 8 de septiembre,
pero la ejecución fue cancelada en espera de que el Tribunal Supremo se
pronunciara sobre su petición.
«Permitir que el pastor del señor Ramírez brinde la
asistencia espiritual que ha solicitado no haría que su ejecución fuera un acto
justo», han afirmado en una declaración conjunta el
cardenal Timothy Dolan, obispo de Nueva York y presidente del Comité para la
Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCCB), y el arzobispo de Oklahoma, Paul S. Coakley, presidente del Comité de
Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la USCCB.
«El Tribunal Supremo ha dictaminado acertadamente
que el estado de Texas no cumplió con el requisito que establece la ley al
negarle el acompañamiento religioso que prescribe su religión», afirman los
prelados.
Sin embargo, también defienden que la práctica
de ejecuciones de seres humanos sancionadas por el
Estado «es una grave violación de la dignidad humana». Para Dolan y Coakley,
«una ejecución representa un juicio por parte de seres humanos falibles de que
una persona está más allá de la redención», un juicio «que la Iglesia católica
rechaza».
Así, para ambos prelados estadounidenses «el estado
debe actuar con justicia y misericordia y perdonar la vida del señor Ramírez».
«Se debe salvar su vida»
Desde el primer momento en que
se dio a conocer la petición de John Ramírez, entre las instituciones que
apoyaron su causa se encontró la Conferencia Católica de Obispos de Texas. Sus
21 prelados firmaron tras la decisión del Tribunal Supremo una declaración en
la que defienden que «la misericordia debe acompañar a la justicia en nuestra
respuesta a la violencia».
Así, las ejecuciones
sancionadas por la Administración «son una respuesta despiadada y violenta que
hace que nuestra sociedad sea cada vez más despiadada y violenta, además de
injusta».
Para los obispos texanos, el
asesinato de John Ramírez «no traerá sanación a la familia y amigos de Pablo
Castro [la víctima del homicidio por el que fue condenado], ni resultará en
justicia para John Ramírez».
Por este motivo, «y por el
bien de todos los afectados por esta tragedia, se debe salvar la vida de John
Ramírez», concluyen los obispos.
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