La Escuela Económica | Esteban Delgado
Las dificultades que afectan el proceso de
bancarización
Los
informes oficiales dan cuenta de que en República Dominicana la bancarización
ronda alrededor del 51%. Es decir, de cada cien dominicanos con posibilidad de
obtener una cuenta bancaria, solo 51 posee una o varias, mientras 49 no han
accedido a sus beneficios.
Esa
situación, que debería preocupar más a las autoridades del Gobierno y a los
entes del sector privado, es el resultado de la elevada informalidad en la
economía dominicana, tanto en lo relativo a la producción de bienes y servicios
como en el ámbito laboral.
Las
autoridades monetarias, en coordinación con los representantes del sector
financiero nacional han hecho gestiones en procura de que se incremente la
cantidad de personas con cuentas bancarias, pero se trata de iniciativas que
poco han valido, más considerando varios factores.
Uno de
ellos es que las normativas vigentes, como la Ley contra el Lavado de Activos,
establecen requisitos de depuración que para determinados potenciales clientes
resultan exagerados.
A eso
se agregan otros impedimentos impuestos por el mal historial crediticio que
puede tener un ciudadano, lo cual motiva la cancelación de sus cuentas y su
ingreso en una especie de “lista negra”, donde ningún otro banco le da acceso a
una cuenta.
Otra
limitación es la que pesa sobre las personas con antecedentes penales, a
quienes se les niega la posibilidad de tener una cuenta bancaria, mientras que
los trabajadores informales que no tienen cómo justificar sus ingresos,
generalmente en efectivo y sin factura que los sustente, también tienen las
puertas cerradas a una cuenta bancaria.
Imagine
a un plomero, quien realiza labores a particulares, tanto en condominios y
torres de apartamentos, como a otras viviendas particulares e individuales.
Posiblemente mueva ingresos por el orden de los RD$100,000 mensuales, pero no
tiene una cuenta bancaria, es decir, no está bancarizado.
Él
decide ir a un banco a abrir una cuenta para poder recibir pagos por
transferencia y para convertirse, en algún momento, en sujeto de crédito dentro
de la formalidad financiera.
Pero
para abrirle la cuenta el banco le exige una carta constancia de trabajo que
justifique sus ingresos o, en su defecto, la forma de comprobar, con
documentos, un ingreso constante por lo menos durante tres meses seguidos.
¿Cómo puede hacerlo, si cobra en efectivo y ofrece servicios a personas, no a
empresas formales?
A eso
se agrega el hecho de que un joven de 18 años, es decir, ya mayor de edad, que
no tiene empleo y se dedica a estudiar, no puede abrir una cuenta bancaria con
4,000 mil o 5,000 pesos, porque para ello, sus padres, o al menos uno, deben
justificar mediante documentaciones que son los que sostienen económicamente al
joven y les facilitan los recursos.
En
cambio, si una persona, que no tiene antecedentes penales y un fatal historial
crediticio, consigue un empleo formal, de inmediato se le abre una cuenta
bancaria para el pago de nómina que recibirá de su empleador. Tal vez vaya a
ganar salario mínimo, poco menos de 12,000 pesos mensuales, pero con sobrada
justificación del origen de ese dinero.
Lo que
se observa es que la economía dominicana, sus actores privados, sus autoridades
gubernamentales y sus normativas vigentes, se enfocan en fortalecer la
formalidad de los ya formalizados en lugar de ir tras los informales para que
se formalicen.
Surgen
productos de servicios y facilidades para los clientes de los bancos, no para
quienes no son clientes a los fines de que en algún momento lo sean.
Lo
mismo ocurre en el sector tributario oficial, donde los gobiernos se enfocan en
los que pagan impuestos, porque ya están registrados en la formalidad, mientras
que no hace nada o hacen muy poco para captar a aquellos que generan riqueza en
la informalidad y por tanto no aportan con el pago de impuestos una parte de
esos ingresos.
De no trabajar
en algún mecanismo de captación de los informales, será difícil, muy difícil,
reducir ese elevado indicador de 51% de personas sin acceso al sector
financiero, así como la preocupante proporción de 56% de informalidad en las
actividades económicas del país y el mismo porcentaje en la cantidad de
personas que trabaja en República Dominicana; esto es, a lo internos del
mercado laboral.
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