La Escuela Económica | Esteban Delgado (@estebandelgadoq)
Bono navideño: un gasto ruidoso exagerado
e innecesario
El
presidente Luis Abinader decidió sustituir la distribución de las llamadas
cajas de Navidad de los planes sociales del Gobierno, por un bono navideño,
también llamado “brisita”, por un monto de RD$1,500, a través de una tarjeta
electrónica.
Además,
como forma de ser más “simpático” con la sociedad, se ha dispuesto cada año una
ampliación del número de beneficiarios. Esta vez, tres millones de personas
recibirían ese aporte que, en términos individuales, parece insignificante,
pero con la suma de todos los beneficiarios, llega a RD$4,500 millones del Presupuesto
Nacional.
Hay
varios aspectos a considerar sobre este bono navideño. Uno de ellos es que, si
bien está dirigido a la clase más vulnerable, debería dirigirse solo hacia los
1,650,000 beneficiarios de la tarjeta Supérate y de otras ayudas sociales. Sin
embargo, el Gobierno, para abarcar a tres millones de personas, que son
prácticamente el 28% de la población nacional (incluidos menores), ha decidido
incluir a los pensionados del Estado, a los empleados que devengan menos de
RD$29,000 mensuales, a trabajadores informales y otros segmentos poblacionales.
El
problema es que, con todas esas inclusiones, el aporte social prácticamente se
distorsiona. Esto así, porque los pensionados reciben en diciembre una doble
pensión. Asimismo, los trabajadores con salarios menores a RD$29,000 mensuales,
son formales, ya sean estatales o privados, por lo que también reciben doble
sueldo de Navidad.
Asimismo,
muchos trabajadores informales con negocios y otras actividades tienen ingresos
que superan por mucho el salario promedio cotizable de los trabajadores
formales, por lo que tampoco necesitan ese aporte de RD$1,500 en un bono
navideño.
A
eso se agrega el hecho de que, por incluir a tantos beneficiarios que no
necesitan ese dinero, el bono genera un “ruido político” y mediático que afecta
la popularidad el Gobierno, en vez de constituirse en un instrumento de
simpatía.
Otro
aspecto es el relacionado con el costo. Si se entrega ese bono a través de una
tarjeta electrónica, indica que el Gobierno tuvo que encargar la fabricación de
tres millones de plásticos, que tendrían una vigencia de apenas seis meses. Las
empresas que suplen ese tipo de tarjeta cobran aproximadamente RD$400 por cada
una. Ese es el costo de la emisión del plástico. Si se multiplica ese monto por
tres millones, la inversión estatal sería de RD$1,200 millones, adicionales a
los RD$4,500 millones que incluye el bono, para un total de RD$5,700 millones
del erario que el Estado bien pudo ahorrarse.
También
está el aspecto de la desviación y corrupción que puede implicar este tipo de
entrega social. Un político, comerciante o cualquier ciudadano que pueda
acceder a 100, 300, 1,000 y hasta más tarjetas, puede que haga alguna maniobra
para quedarse con ese dinero y no distribuirlo entre los beneficiarios reales.
Eso
no ocurriría si se tratara de cajas de alimentos como en el pasado. Esto así,
porque, dado que se trataba de alimentos básicos y de no muy buena calidad,
además de perecederos, cuando un político recibía 100, 300, 1,000 y hasta más
cajas de alimentos, tenía la “obligación” de repartirlas, pues no podría
almacenarlas dado el volumen que implicaban y entonces llegaban de manera
efectiva a los más pobres, que son quienes consumen el tipo de productos que
incluía la caja. En ese caso, la distribución era más efectiva, aunque no lo
parezca.
A
eso se agrega el hecho de que las cajas de alimento dinamizaban la economía de
las empresas suplidoras de esos productos (aceite, arroz, habichuela, vino
criollo, ron, azúcar, pollo, salami y otros bienes). Cada empresa suplidora de
esos productos, con empleos formales y de contribución al fisco, tenía en la
compra de esas cajas por parte del Estado, ingresos dinamizadores de la
economía.
Se
dirá que era “denigrante” la forma en que se distribuían esas cajas (esto
porque se publicaron unos cuantos videos, tal vez aislados, con fines más
políticos que humanos). Sin embargo, sucede que también se torna denigrante,
confuso y poco transparente, la forma en que se distribuyen esas tarjetas que,
como he dicho, en ocasiones se quedan en manos de unos pocos que tienen
mecanismos para convertir ese dinero en efectivo dejando a los beneficiarios
seleccionados “sin pito y sin flauta”. Es hora de que el Presidente reconsidere
ese tipo de “ayuda” social.
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