¿Cómo mejorar la situación fiscal antes de la reforma?

La Escuela Económica | Esteban Delgado (@estebandelgadoq)

 

¿Cómo mejorar la situación fiscal antes de la reforma?

 

Cuando se habla de una mejora de los ingresos fiscales sin una reforma fiscal, lo primero que se menciona es la reducción de la evasión. Esto así, porque llevamos años diciendo que la evasión del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS-IVA) es de alrededor de un 45%, mientras que la evasión del Impuesto sobre la Renta (ISR) oscila en 55%.

 

Esos datos pueden ser reales, aunque uno se pregunta: Si se conoce la proporción porcentual de la evasión, ¿por qué no se ha podido detectar de manera directa para reducirla? Es como el cuento de las autoridades de control de drogas, que saben cuántos puntos de venta hay en el país, pero no terminan de cerrarlos. O el caso del Ministerio de Interior y Policía, que sabe cuántas armas ilegales hay en manos de civiles, pero no tiene capacidad para recogerlas.

 

Pero, en todo caso, parece que reducir la evasión de impuestos es difícil, pues llevamos décadas marcando el nivel porcentual de esa práctica en los mismos indicadores, lo cual indica que prácticamente no se ha reducido. Todo sigue igual.

 

Por eso, tomando en cuenta que hay dificultad para aumentar los ingresos tributarios haciendo que los que evaden paguen, la otra alternativa pudiera ser que los que están en informalidad pasen a ser formales, para que se conviertan en contribuyentes. Esto así, porque la evasión de impuestos proviene de los formales. Los informales no evaden, solo no pagan, porque no están dentro del registro de contribuyentes.

 

El problema aquí es que, al igual que los niveles de evasión, las autoridades saben qué porcentaje de la economía está en informalidad, pero no saben -o no quieren saber- cómo hacer que pasen a ser formales y así a contribuir con el fisco.

 

Bajo ese escenario, y asumiendo que en esos aspectos parece que se hará poco, lo que puede hacer el Gobierno es aplicar con más inteligencia sus asignaciones presupuestarias, de forma que, si bien no aumentan los ingresos, que al menos rindan más a la hora de gastarlos.

 

Una de las áreas en las que el Gobierno debe asumir mayores controles es en el capítulo de asistencia social. Sí. Todo lo relacionado con el gabinete social en lo referente a los montos de subsidios para la tarjeta Supérate y otras partidas más. Recordemos que, en 2020, a su llegada al poder, el presidente Abinader dispuso duplicar la cantidad de beneficiarios de ese subsidio, pasando de alrededor de 815,000 beneficiarios a 1,600,000. Pero, además, duplicó el monto del subsidio de RD$825 mensuales a RD$1,650. En principio, la medida se justificaba, toda vez que el país estaba en pandemia, había más desempleo y limitaciones de ingresos en la población pobre, que se empobrecía más. Pero, superada esa etapa, era necesario hacer ciertas revisiones. Esto así, porque si la pobreza se ha reducido, como dice el Gobierno, además de que el desempleo ha bajado, como dice el Banco Central, entonces lo lógico es que se reduzca la cantidad de beneficiarios de los subsidios sociales.

 

Otro tema, también relacionado con el gasto en subsidios sociales son los llamados bonos o cariñitos de temporada. Imagino que el presidente Luis Abinader los aplicó con la intención de aumentar su popularidad y lograr una fácil reelección presidencial. Pero, ahora que ya no es candidato y que la realidad fiscal está cobrando esos gastos innecesarios, lo ideal es que se deje sin efecto la práctica de dar un “cono navideño”, un “cariñito a las madres”, un “bono escolar”, que sin partidas que absorben entre RD$3,000 y 6,000 millones cada una, en perjuicio del presupuesto y sin que ello implique ningún impacto positivo en la mejoría de la calidad de vida de quienes los reciben, pues son partidas pequeñas para mucha gente.

 

A eso se agrega el hecho de que se trata de ejecución de gastos carente de toda transparencia, que, incluso, siempre generan diversas críticas y cuestionamientos sobre la forma en que se distribuye y la poca información en torno a qué empresa suple los plásticos de las tarjetas para distribuir a los beneficiarios, cuánto cuestan y cómo se contrata, pues no siquiera hay licitación para tales fines. De ahí y de otras áreas, puede que el Gobierno se pueda ahorrar mucho dinero sin que esto implique imponer más impuestos.