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    Arizona criminaliza la inmigración

    Arizona, construida por migrantes criminaliza la inmigración.  La Ley SB1070 que modifica el Estatuto del estado de Arizona, criminaliza la inmigración no autorizada en un país que ha sido construido por los migrantes. Así se imponen los prejuicios y el odio racial: desconociendo la dignidad intrínseca del ser humano.  
    La norma en cuestión responde a la tendencia conservadora que ve en las migraciones una amenaza y que entienden que el endurecimiento del marco legal y la arbitrariedad pueden frenar los flujos migratorios. Ante la inminente aplicación de ésta ley, medio mundo se ha puesto en alerta y se moviliza buscando que la misma sea revocada o modificada. Fue paradigmática la iniciativa del agente policial-Martin Escobar- de Tucson-Arizona, que presentó una demanda judicial contra el Estado. Según el agente no hay manera de aplicar la ley SB1070 si no es siguiendo un perfil racial.
    El Presidente Barack Obama expresándose al respecto dijo: “… Sí eres un estadounidense hispano en Arizona, tus antepasados pudieron haber vivido allí incluso antes de que Arizona fuera un estado. Pero, de repente, si no tienes tus documentos y sales con tus hijos por un helado te puedes ver acosado …” Pero las consecuencias van allá de lo expresado por el presidente Obama. Con la implementación de políticas migratorias de este tipo se atenta contra la integridad de la familia, puesto que la deportación es un riesgo que asecha cada día. En respuesta a las presiones la gobernadora, Jan Brewer, promulgó el pasado 6 de mayo la ley HB-2162, la cual modifica la ley SB-1070 y reglamenta cuestiones controversiales.
    Los cambios introducidos especifican que los agentes policiales sólo podrán verificar el estatus migratorio de las personas que hayan sido detenidas por haber cometido otro delito.
    Audazmente se ha suprimido la palabra subrayada en el texto siguiente: … “Todo agente policial … que tenga sospecha razonable de que una persona extranjera está ilegalmente en el país, puede detenerla para verificar el estatus migratorio de la misma … el agente … no puede considerar solamente aspectos tales como la raza, el color de la piel u origen nacional …”. Pretendiendo acallar de este modo a quienes ven en ésta ley un instrumento que legaliza el hostigamiento basado en el prejuicio racial.
    Sin embargo quedan sin ser modificados los mecanismos previstos en la SB-1070 para garantizar su implacable aplicación. Según el texto, cualquier residente legal puede someter a la justicia a cualquier funcionario que considere limita la aplicación de las leyes estatales o federales orientadas o combatir la inmigración “ilegal”.
    Los tribunales pueden imponer multas de mil dólares y astréintes (multas especiales adicionales) de hasta 5 mil dólares por cada día, computables a partir del momento en que se inició la demanda. Evidentemente que el monto límite de la astréintes es exagerado y es injusto que no se compute a partir del momento en que el tribunal se haya pronunciado sobre la demanda.
    Sin embargo, si se demuestra que la denuncia ha sido interpuesta de mala fe, la autoridad demandada será indemnizada con fondos estatales. De esta manera se alienta la temeridad e irresponsabilidad de quienes ansían la tenaz persecución contra los inmigrantes. Lo justo sería que la parte denunciante respondiera personalmente por la falsedad de la acusación.

    Otros aspectos inquietantes de la ley son:
    1. Endurecimiento de las sanciones contra los empleadores que contraten trabajadores migrantes irregulares y la prohibición de estos últimos de desempeñar actividades remuneradas aun en la condición de “contratistas independientes”.
    2. Obligación impuesta a los transportistas de verificar el estatus migratorio de toda persona a ser transportada, de lo contrario corren el riesgo de ser acusados de tráfico ilícito de personas. Esta disposición aplica, incluso a todos los parientes.
    Otros, han centrado sus preocupaciones entorno al impacto económico de la implementación de la denominada ley Antiinmigrantes. Se estima que en lo inmediato se perderían 150 mil empleos y que la ejecución de procesos de deportaciones masivas generaría gastos superiores a los 26 millones de dólares, a los que habría que sumar el costo de la capacitación de los operadores encargados de hacer cumplir la ley y la construcción o ampliación de recintos para la detención de los inmigrantes indocumentados.
    La SB-1070 responde a una visión que parece desconocer las causas profundas de las migraciones y sus efectos positivos en las comunidades receptoras, por tanto buscan su criminalización, alegando que si se limita el ingreso de inmigrantes se incidirá en la reducción de los índices de inseguridad ciudadana. Se sostiene que de esa manera se combate el tráfico de sustancias controladas y se coadyuva en la prevención del terrorismo. Así se pretende justificar la ineficiencia de servicios públicos y la ineficacia de las políticas sociales.
    Lo cierto es que los grandes desafíos de la convivencia social son fundamentalmente generados por la violencia estructural de modelos económicos excluyentes, que marginan y someten a una “pobreza absurda” a la mayoría de la población mundial.
    Por: Francisco Leonardo Abogado/Encargado Incidencia Política SJRM

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