El drama urbano dominicano y el nuevo Domingo Savio

No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella, Instituto Superior Bonó 

El drama urbano dominicano y el nuevo Domingo Savio

En su discurso del 27 de febrero de 2017, el presidente Danilo Medina anunció un proyecto de gran envergadura social en medio de las crecientes denuncias de corrupción de su gobierno, por estar implicado en relaciones de soborno con la firma brasileña Odebrecht. El proyecto fue bautizado «Nuevo Domingo Savio». Las personas que desde hace años trabajamos en el área no teníamos ninguna noticia previa al respecto; mucho menos los moradores. Su objetivo, en palabras del Presidente, era realizar una transformación urbana integral de los barrios capitaleños de La Ciénaga y Los Guandules. El total de beneficiarios se fijaba en unas 45 mil personas.

El discurso presidencial explicó que el propósito era «abrir el barrio, conectarlo con el resto de la ciudad» y «hacer de él un ejemplo de orden, seguridad y buena convivencia comunitaria». Explicó además que en el proceso se liberarían espacios para garantizar la circulación, luego se procedería a garantizar alumbrado y alcantarillado y se construirían escuelas y estancias infantiles, es decir, infraestructuras de uso comunitario. Por último, se liberaría la zona de riesgo, la que se encuentra fundamentalmente sobre la orilla del río, construyendo una avenida y un parque fluvial.

Sorpresivamente, el viernes 12 de enero de 2018, la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (URBE) comunicaba, sin respetar la ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios, que unos estudios de suelo habían concluido que el 67 por ciento de la zona donde se encuentran La Ciénaga y Los Guandules está en riesgo de inundación y peligrosidad sísmica, y que por este motivo se declaraba este espacio como no urbanizable. El propósito de esta súbita comunicación era eliminar la posibilidad de construir las viviendas que se habían prometido como parte del proyecto Nuevo Domingo Savio. En su lugar, se informó que se darían sumas de dinero a las personas para que abandonen la zona, alquilando o comprando casas en otros lugares.

URBE es una institución típica de la cultura política de nuestro país: de esas que el presidente crea sin tomar en cuenta el ordenamiento legal ni los planes institucionales; por eso actúa como actúa. Difícilmente podemos detenerla desde el ejercicio de la ciudadanía; solo podemos acomodarla parcialmente a los principios institucionales y democráticos desde una acción social colectiva que será más efectiva mientras más sectores civiles consiga articular.

Existe una gran distancia entre la noticia del 12 de enero y el proyecto sazonado en marzo de 2017 a través de los medios de comunicación por el director ejecutivo de URBE, el señor José Miguel González Cuadra, empresario y presidente del Grupo Centro Cuesta Nacional, uno de los hombres de confianza del presidente desde que su proyecto político comenzó a tomar forma consistente. En las últimas declaraciones mediáticas no aparecieron los grandes responsables que salieron al relumbrón del primer momento, cuando se necesita impactar la opinión pública, sino voces de responsables intermedios.

En este proceso, que ha tomado de sorpresa a los afectados y a las organizaciones del lugar, se refleja una vez más el drama urbano dominicano que se agravó con el gran proceso de urbanización del siglo XX.

1. Una zona con mucho trabajo comunitario y social

Si en una zona de la ciudad de Santo Domingo se ha hecho mucho trabajo comunitario y social ha sido en estos barrios. Ya en la segunda mitad de la década de los 90, como respuesta a los planes de desalojo del presidente Balaguer, la ONG Ciudad Alternativa había publicado un proyecto con una versión distinta del uso del suelo urbano. La propuesta, conocida como el Plan Cigua, fue coordinada por el actual ministro de educación, Andrés Navarro, aspirante a la presidencia de la República por el partido de gobierno.  El Plan Cigua fue una propuesta ejemplar nacida de una auténtica investigación participativa. Se llevó a cabo en un espacio de articulación de las organizaciones barriales, identificada por sus siglas CODECIGUA (Coordinación de las Organizaciones para el Desarrollo de La Ciénaga y Los Guandules), hoy por desgracia inexistente.

El documento técnico del proyecto del Nuevo Domingo Savio fue realizado por una firma brasileña llamada Atelier Metropolitano. Esta firma es propiedad del arquitecto argentino Jorge Mario Jáuregui, quien cuenta con una reputación bien ganada en este tipo de intervención urbana. El documento cita entre sus referencias bibliográficas el referido Plan Cigua de Ciudad Alternativa, que tenía como principal principio la participación. Sin embargo, las decisiones unilaterales y la campaña mediática emprendida por el gobierno recientemente no lucen coherentes con este principio, ni con la entrevista dada por Jáuregui en marzo de 2017 a los medios de comunicación dominicanos.

No es ético de parte de los administradores del Estado crear campañas confusas; se hacen reuniones con las organizaciones, por un lado, a veces cargadas de promisorias palabras, y por otro se utiliza el gran poder simbólico que vehiculan los medios de comunicación.

2. La perspectiva integral del Plan Cigua: la participación como clave

Las confusiones creadas comunicativamente pueden neutralizar la consolidación de una organización social que permitiría a los moradores formular negociaciones colectivas más integrales y consonantes con sus intereses y su cultura barrial. El modo de proceder gubernamental, condicionado en su raíz por el ritmo electoral, está tentado a actuar por medio del «divide y vencerás». Frases como «solo tenemos dos años» son el mejor caldo de cultivo para profundizar la desinstitucionalización del Estado y el presidencialismo. Este modo de actuar es radicalmente antidemocrático. La participación vuelve a ser el gran desafío de este proceso.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia es claro y taxativo a este respecto: «Multitudes de estos pobres viven en los suburbios contaminados de las ciudades, en alojamientos fortuitos o en conglomerados de casas degradadas y peligrosas (slums, bidonvilles, barrios, favelas). En el caso que se deba proceder a su traslado, y para no añadir más sufrimiento al que ya padecen, es necesario proporcionar una información adecuada y previa, ofrecer alternativas de alojamientos dignos e implicar directamente a los interesados» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 482).

La no implicación de los afectados implicará, por lo tanto, más sufrimiento al sufrimiento social ya acumulado. A diferencia de una empresa capitalista que necesita acumular dinero rápido y mostrar resultados, los procesos ciudadanos deben adoptar un enfoque de derecho con un calendario que se rige por el ejercicio de la libertad política (que no es libertad de empresa). Plantear los términos de una remodelación urbana teniendo como principal principio de discernimiento «el deseo del Presidente» se sitúa en el extremo opuesto del respeto al ejercicio ciudadano. Y en nuestro caso, no sería otra cosa que una reedición de la concepción trujillista y balaguerista de la ciudad.

Ya en 1987 existió el Plan Indicativo de la Zona Norte de Santo Domingo. La gran preocupación era hacer una avenida perimetral que buscaba desalojar a los pobres de los barrios de la zona en nombre del desarrollo industrial. Ahora, al declarar la zona como no urbanizable, parecería que la gran preocupación es la avenida del río y las inversiones turísticas de la Ciudad Colonial y de Sans Souci, y no las personas ni un auténtico proceso de democratización del espacio de la ciudad de Santo Domingo.

3. Algunos principios rectores para todo proyecto urbano

En un esquema de derecho, no de dádiva presidencial, deberá velarse por una serie de principios. Consignamos a continuación cuatro que consideramos fundamentales, citando documentos autorizados asociados a la actividad pública en República Dominicana. Entre ellos pueden (y deben) contarse los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, si es que se quiere ser católico en el trabajo del Estado.

a) La vivienda digna es un derecho, no un favor. «Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda». (Constitución Dominicana, art. 59).

b) El diseño urbano debe estar centrado en las personas y en la fraternidad. «Urge reconstruir, a escala de calle, de barrio o de gran conjunto, el tejido social, dentro del cual hombres y mujeres puedan dar satisfacción a las exigencias justas de su personalidad. Hay que crear o fomentar centros de interés y de cultura a nivel de comunidades y de parroquias, en sus diversas formas de asociación, círculos recreativos, lugares de reunión, encuentros espirituales, comunitarios, donde, escapando al aislamiento de las multitudes modernas cada uno podrá crearse nuevamente relaciones fraternales». (Pablo VI, Octogesima Adveniens, n. 11).

c) La construcción urbana debe ser inclusiva. «Construir la ciudad lugar de existencia de las personas y de sus extensas comunidades, crear nuevos modos de proximidad y de relaciones, percibir una aplicación original de la justicia social, tomar a cargo este futuro colectivo que se anuncia difícil, es una tarea en la cual deben participar los cristianos. A estos seres humanos amontonados en una promiscuidad urbana que se hace intolerable, hay que darles un mensaje de esperanza por medio de la fraternidad vivida y de la justicia concreta» (Octogesima adveniens, n. 12).

d) La remodelación urbana debe de ser democratizadora. «Generar procesos de gestión participativa del asentamiento, en los niveles de formulación, ejecución y supervisión del desarrollo del hábitat, mediante la creación de mecanismos, procedimientos y normas que viabilicen una relación democrática entre el Estado. Las organizaciones barriales e instituciones de apoyo (ONG, agencias de internacionales, instituciones académica, etc.).» (Plan CIGUA, 2004, p. 21).

Una vez más, la democracia y el derecho aparecen como tareas ineludibles en la construcción del espacio que habitamos en República Dominicana. La ciudadanía desea que su gobierno trabaje bien y apegado a los mejores principios constitucionales y éticos. Y tiene el deber constitucional de colaborar y velar por ello (Constitución Dominicana, art. 75, nn. 9, 11 y 12). ADH 820