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Nicaragua expulsó a más de 200
sacerdotes y religiosas durante 2023
Según un informe del
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, el régimen de Ortega busca
«destruir» o por lo menos «usurpar» las actividades religiosas
Durante 2023 el
Gobierno de Nicaragua expulsó a unos 227 líderes religiosos —151 sacerdotes y
76 religiosas— según denunció este martes el Colectivo de Derechos Humanos
Nicaragua Nunca + durante la presentación del informe Violaciones a la libertad religiosa – Etapas de represión
contra la Iglesia en Nicaragua, en el que también se advierte de que el régimen de Daniel Ortega ha
buscado este año asumir el control de las actividades religiosas,
principalmente las de la Iglesia católica.
Según el
abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo, «el régimen de
Nicaragua está empeñado en controlarlo todo», especialmente a la Iglesia
católica, porque ve en «su infraestructura, sus estructuras y su jerarquía, un
riesgo». Por ello, según dijo Arce durante la presentación del informe, la
pareja presidencial —Daniel Ortega y Rosario Murillo— «apuntan a destruir» o
bien usurpar las actividades religiosas.
A su juicio,
Ortega, que controla los cuatro poderes del Estado en Nicaragua, tiene como
objetivo «configurar una Iglesia a la medida, y en la medida que no la pueden
controlar, la van a destruir». En la misma línea, el activista Yader Valdivia,
también miembro del Colectivo, aseguró que el régimen presidencial quiere
reemplazar a la Iglesia católica y por eso está prohibiendo sus actividades y
sustituyéndolas por otras de corte propagandístico.
«Por un lado
podemos observar cómo las actividades religiosas de fe son canceladas o son
limitadas a realizarse dentro de los templos (…), y por otro lado como el
Estado de Nicaragua ha asumido estas actividades religiosas como actividades
populares», señaló Valdivia. «Promueven la fe como una religión popular, que
tratan de maquillar como que sí se siguen realizando actividades religiosas
(por parte de la Iglesia católica) y no son más que actividades
propagandísticas», añadió.
La usurpación
de las actividades religiosas va acompañada del «ahogamiento financiero y
operativo de la Iglesia», incluyendo el cierre de medios de comunicación y
centro de estudios católicos, así como el encarcelamiento y expulsión
de sacerdotes.
Ante esta
situación, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + instó a las
organizaciones internacionales de derechos humanos, según la agencia EFE, «a
mantener un escrutinio constante sobre la situación en Nicaragua y a tomar
medidas efectivas para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de
todas las personas en el país», entre ellas «la libertad religiosa, que es un
pilar esencial de cualquier sociedad justa y libre, y no podemos permitir que
sea socavada».
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