Actualidad Nacional | Melvin Matthews
La sotana y el uniforme: el reto
ético de monseñor Morel
La asunción de monseñor Carlos
Tomás Morel Diplán como el 51.º arzobispo metropolitano de Santo Domingo y
primado de América trasciende la simple renovación eclesiástica en la República
Dominicana.
La asunción de
monseñor Carlos Tomás Morel Diplán como el 51.º arzobispo metropolitano
de Santo Domingo y primado de América trasciende la simple renovación
eclesiástica en la República Dominicana. El acontecimiento implica una
transformación profunda en la conducción ética y pastoral de los cuerpos armados
y de seguridad del Estado.
Al asumir
simultáneamente la jefatura del Ordinariato Castrense, Morel Diplán recibe
simbólicamente las insignias correspondientes al rango de mayor general,
posicionándose en la cúspide de la dirección espiritual de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional. No obstante, el impacto
fundamental de este nombramiento no reside en las prerrogativas o los honores
del escalafón militar, sino en el rigor conceptual y en el compromiso moral que
estructuran su trayectoria doctrinal.
Históricamente,
la Iglesia Católica ha mantenido una relación de cooperación institucional con
los estamentos castrenses mediante el Concordato de 1954, proveyendo asistencia
religiosa en recintos y bases. Sin embargo, las posturas previas del nuevo arzobispo
sugieren que su gestión no se limitará a la mera observancia litúrgica ni a la
complacencia institucional. Morel Diplán se caracteriza por un discurso
analítico y ajeno a los pragmatismos de la retórica oficialista. En un contexto
social propenso a demandar medidas represivas inmediatas o a aplaudir
estrategias basadas en el populismo punitivo, su llegada a la principal sede
episcopal del país introduce un contrapeso de coherencia axiológica frente al
uso de la fuerza pública.
El elemento
más definitorio de su pensamiento radica en su oposición categórica a los
denominados “intercambios de disparos”. Mientras diversos sectores justifican
el deceso de presuntos infractores bajo premisas de legítima defensa o
pacificación urbana, el prelado sostiene que la violencia institucional no
constituye un mecanismo válido para restablecer el orden. Su argumentación es
inequívoca: el respeto a la dignidad y a la vida humana tiene carácter
absoluto. En consecuencia, un organismo estatal encargado de hacer cumplir la
ley incurre en una contradicción insostenible si recurre a métodos que vulneran
los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Asimismo,
Morel Diplán ha cuestionado con severidad el enfoque paliativo con el que las
autoridades abordan la seguridad ciudadana. Sostiene que la política criminal
no puede operar de manera reactiva, focalizando esfuerzos estatales únicamente
cuando una tragedia captura la atención de la opinión pública. La célebre
máxima del arzobispo, "un caso tumba a otro", ilustra con
precisión el carácter efímero de las intervenciones gubernamentales y el ciclo
de olvido que perpetúa la delincuencia.
Para el
religioso, la militarización temporal o el incremento del hacinamiento
carcelario resultan ineficaces si no se interviene de forma prioritaria en los
determinantes estructurales subyacentes, tales como el microtráfico, la
exclusión social y la ausencia de formación técnico-profesional en los entornos
marginados.
El principal
desafío metodológico que enfrenta Morel Diplán en el Ordinariato Castrense
será la transformación de la red de capellanías en verdaderos mecanismos de
auditoría ética interna. Los capellanes desplegados en los destacamentos
policiales y cuarteles deben evolucionar de una función estrictamente ritual a
una de supervisión conductual, promoviendo la transparencia e instruyendo a los
agentes en el respeto a los convenios internacionales.
La desconfianza
civil hacia la autoridad policial solo se revierte mediante la integridad
operativa. La gestión que inicia presenta la oportunidad histórica de demostrar
que la doctrina ética de la sotana y la disciplina del uniforme pueden
converger, no para ejercer la coerción, sino para edificar una convivencia
pacífica fundamentada en la justicia estructural y el amparo de los derechos
ciudadanos.



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