Colombia como espejo del necesario pacto social

No es lo mismo ni es igual | Pablo Mella, sj

Colombia como espejo del necesario pacto social

 

Nuestro hermano país de Colombia ha experimentado durante el mes de abril de 2021 una auténtica sacudida social. Creemos que lo vivido recientemente por los colombianos puede servir de espejo de la realidad dominicana. Aunque los procesos de distintas sociedades nunca son idénticos, pueden ser comparables. Al ser testigo por los medios noticiosos y los mensajes de personas amigas de los acontecimientos colombianos he concluido que quienes convivimos en suelo dominicano podemos aprender mucho de la realidad colombiana.

Solo una fiscalidad orientada al bien común podrá contribuir a una reactivación económica del país caracterizada por la equidad

Esta convicción fraguó al recibir por WhatsApp una carta pública firmada por los rectores de las principales universidades colombianas, fechada el 5 de mayo de 2021. En brevísimas palabras, los rectores hacen una radiografía de la situación que paso a comentar, destacando las grandes similitudes que percibo con la realidad dominicana. Hasta cierto punto, el estallido social de Colombia puede tenerse como una alarma de alerta acerca de la posibilidad de un estallido similar en nuestro país, pues las dinámicas de ambas naciones participan de una dinámica regional común a toda América Latina.

Los rectores colombianos firmantes de la carta comienzan expresando un reconocimiento al movimiento social que ha protagonizado las manifestaciones de protesta que sacudieron el país sudamericano la última semana de abril y los primeros días de mayo de 2021. Este reconocimiento resulta muy importante, pues los organismos de seguridad colombianos habían respondido a las protestas tirando a matar. En la segunda semana de mayo, se contabilizaban diecinueve muertos y cientos de heridos por causa de las protestas, así como docenas de desaparecidos.

Sin embargo, este reconocimiento del movimiento social no llevó a los rectores a hacer una lectura romántica de la protesta. La llamada al diálogo se hizo urgente y se exigió el respeto a la propiedad privada legalmente usufructuada. El diálogo que proponían los rectores tenía que señalarse por estas cualidades: amplitud, inclusión y honestidad. Ojalá lo mismo se cumpla en nuestro país en los procesos anunciados recientemente para un pacto social. No se puede decir que la lista de convocados a la UASD el martes 18 de mayo para el pacto social responda a esos criterios; llama a preocupación además la retahíla caótica de temas a pactar. Nuevamente, la gran población dominicana, la que no pertenece a centrales sindicales desgastadas ni al sector empresarial gremialista, quedó excluida.

Los rectores colombianos propusieron para el diálogo seis puntos clave que están entrelazados. Los describieron como “temas estructurales”. Creemos que el pacto social que necesitamos en República Dominicana debería abordar prácticamente los mismos puntos.

 

1.                Pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente. Se trata de diseñar y poner en práctica una política fiscal basada en auténticos acuerdos sociales y políticos. Esta fiscalidad no puede responder al discurso neoliberal que nos rodea de “marca país”, sino cimentarse en “los derechos de las poblaciones, especialmente de las más vulnerables”, según las palabras de los rectores. Solo una fiscalidad orientada al bien común podrá contribuir a una reactivación económica del país caracterizada por la equidad. Desde el punto de vista del modelo de desarrollo, servirá además para el respeto del medio ambiente y una consideración equitativa de los territorios, no solo de la capital ni de polos turísticos depredadores del tejido social y natural.

 

2.               Derecho a la salud y sistema de salud. Para los rectores colombianos, el primer paso en esta temática consiste en reconocer las debilidades del sistema de salud del país. En República Dominicana se suele hacer lo contrario: se cantan las maravillas de lo que se va logrando y se quiere dar la sensación de que todo está prácticamente solucionado. La apuesta ha de ser por la implementación de mecanismos que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pública colectiva e individual. Es necesario confirmar con pasos firmes que la salud no puede estar encorsetada por la lógica del mercado; la salud es un derecho.  En el país no se ha considerado como antiético, por el conflicto de intereses que supone, haber nombrado al vicepresidente de la Asociación de Clínicas Privadas (ANDECLIP) como ministro de salud pública; en el mundo de la vida dominicano se presupone que los emprendedores exitosos de iniciativas privadas están automáticamente exonerados de escrutinio público. Tampoco se han tomado medidas razonables para regular el negocio de las llamadas aseguradoras de riesgos de salud (ARS), a lo que debe sumarse la regulación adecuada (si no la desaparición) de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

 

3.         Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución. En el caso colombiano, se hace referencia a la conquista democrática que supuso el texto constitucional de 1991. Gracias al proceso llevado entonces, el texto constitucional define a Colombia como un Estado Social de Derecho, estatuyendo como marco jurídico un amplio reconocimiento de derechos. La Constitución dominicana de 2010 hace lo mismo en sus artículos 7 y 8. Sin embargo, observan los rectores que la eficacia de este marco constitucional depende de la efectiva separación de los poderes y la autonomía de los órganos de control estatales. Igualmente, señalan la necesidad de profundizar los diálogos sociales para afinar los consensos fundamentales requeridos para un ejercicio legítimo y democrático del poder. En ese sentido, hace falta una profunda revisión del papel, los resultados y la legitimidad del Consejo Económico y Social (CES), estatuido por el artículo 251 de la Constitución, así como preguntarse por la implementación de las instancias de participación que prevé la ley de municipios.

 

4.               Implementación plena de los Acuerdos de Paz como condición de convivencia democrática. Este es un punto peculiar de Colombia, sumida en guerra interna de guerrillas desde los años 60 del siglo XX. En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un acuerdo de paz para librar al país de la violencia armada. Sin este acuerdo no habría condiciones en el país hermano para concertar las reformas políticas necesarias. Sin embargo, aún parece necesario garantizar un Estado real participación ciudadana en la construcción de la nación, proteger la vida de las personas, promover el desarrollo rural con un enfoque territorial y hacer sentir la institucionalidad del Estado en los territorios. Las similitudes con la realidad dominicana son fáciles de imaginar. Necesitamos acuerdos para la seguridad ciudadana, mantener las campañas contra el feminicidio, aminorar considerablemente el poder asesino y delincuencial del narcotráfico y dar los pasos hacia la prohibición del porte de armas de fuego.

 

5.                Estado de Derecho, protesta social y fuerza pública. No se puede caminar hacia un clima de paz y convivencia sin construir mecanismos sociales, legales e institucionales que garanticen el respeto a la vida, la dignidad y los demás Derechos Humanos para todos los ciudadanos. Como en Colombia, para quienes viven en territorio dominicano es tarea pendiente asegurar el derecho a la protesta social y prevenir el uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública contra quienes ejercen este derecho. El uso indiscriminado de la fuerza pública también ha segado la vida de ciudadanos inocentes, en episodios oscuros que se asemejan a arreglos de cuentas entre mafiosos. Por otra parte, el clima de inseguridad amenaza la protección de los bienes públicos y privados, así como la integridad física.

 

6.               Derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento. El movimiento social más importante de los últimos años en suelo dominicano ha sido por la educación. Se ha logrado la parte presupuestaria; pero no se ha conseguido transformar la cultura educativa misma. Los planes de educación responden a los esquemas impuestos por las grandes organizaciones transnacionales, que necesitan de mano de obra flexible para el capital globalizado. Así se ha impuesto el llamado enfoque de competencias de manera mimética, sin que se vean los resultados del supuesto cambio curricular. Como en Colombia, sigue siendo una tarea central el asegurar una educación universal y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables. Esta tarea es de todos; aunque quizá sea el profesorado quien deba llevar el liderazgo de la respuesta a este desafío, pues la educación de calidad se lleva a cabo primordialmente en torno al aula y al proceso íntimo de enseñanza aprendizaje. De ahí la importancia de seguir formando docentes de calidad para el nivel preuniversitario.

 

 

Los concitados rectores colombianos despiden su carta poniendo a disposición del país sus capacidades académicas y ofrecen sus universidades como espacios de diálogo para avanzar en la búsqueda de acuerdos. Todo dominicano y toda institución dominicana puede preguntarse lo mismo: ¿qué nos toca hacer concretamente para mejorar el desarrollo personal, la convivencia pacífica y la actividad productiva en esta tierra que compartimos? El pacto social que necesitamos comienza por la propia casa. ADH 857.